Este jueves, 1 de agosto, el presidente de España, Mariano Rajoy, deberá comparecer ante el Senado, instancia que domina el partido donde milita, el Popular. La oposición política y un sector importante de la sociedad peninsular esperan que el gobernante aclare su presunto involucramiento en una trama de corrupción y de financiamiento ilícito al PP. Las evidencias que han ido conociendo estos días los españoles tienen a Rajoy contra la pared; pero, cobijado por su partido, el jefe del gobierno podría salirse por la tangente y no rendirle cuentas a sus gobernados. MADRID (Proceso).- Mañana jueves, cuando Mariano Rajoy comparezca ante el Senado español, aún no se conocerá el desenlace judicial del caso Bárcenas –que sigue en fase de instrucción–; sin embargo el presidente del gobierno acude a la cita forzado por la crisis política y con escaso margen para explicar la trama de corrupción y presunto financiamiento ilegal del Partido Popular (PP), que ha gobernado España en tres legislaturas desde el regreso de la democracia. Durante dos décadas, grandes constructores y empresarios dieron sobornos millonarios al PP a cambio de recibir contratos de obras y servicios en las administraciones de ese partido, confirmó Luis Bárcenas en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el lunes 15, y en las cuatro horas de conversación que antes sostuvo con el periodista Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. Vinculado con el manejo financiero del PP durante 20 años, primero como gerente y desde 2008 como tesorero, Bárcenas entregaba periódicamente parte de ese dinero como sobresueldos a la cúpula del PP, incluidos Mariano Rajoy (más de 320 mil euros entre 1997 y 2008, más 33 mil euros por otros conceptos) y posiblemente el expresidente José María Aznar (Proceso 1893). Es el mismo mecanismo que el PP de la era de Aznar utilizó en los noventa con los tesoreros Roberto Naseiro –a quien la justicia también le abrió una investigación por financiamiento ilegal, que fue bloqueada judicialmente– y Álvaro Lapuerta, antecesor de Bárcenas. Bárcenas puso en manos de Ruz nueve carpetas con amplia documentación y una memoria electrónica con la información de los ingresos y movimientos de por lo menos 8.3 millones de euros que entraron ilegalmente a las arcas del PP. Además el extesorero confirmó que dentro del PP funcionó una comisión secreta que delineaba las políticas de infraestructura en España a conveniencia de las grandes constructoras, líneas de acción que luego eran plasmadas en su plan de gobierno y ejecutadas en los ayuntamientos y comunidades autónomas o en el gobierno central. De acuerdo con esa declaración de Bárcenas y con un primer indicio aportado el pasado 29 de mayo en declaración judicial por el empresario Antonio Vilella, apoderado de la constructora Rubau, en dicha comisión secreta participaban él y otros constructores y dirigentes del PP, como Lapuerta y Bárcenas. Entre 2007 y 2012 dicha comisión fue presidida por Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, la entidad pública responsable de fiscalizar los presupuestos de los partidos políticos. Las rogatorias que España giró a Suiza revelaron que el tesorero, en prisión provisional desde el 27 de junio, tenía 48 millones de euros en cuentas bancarias en el país helvético, aunque aún no ha quedado claro si ese monto es sólo de su propiedad o fondos del partido. Aún falta por indagar, igualmente, sobre las supuestas cuentas que Bárcenas tiene en Estados Unidos y en Uruguay –país al que Ruz pidió investigarlas y bloquearlas– o sus inversiones en Argentina, según los abogados de la acusación particular, Enrique Santiago y Antonio Segura. Tampoco este jueves 1 de agosto se sabrá aún si las pruebas aportadas hasta ahora serán suficientes para alcanzar a Rajoy, pero conforme se desarrolla la investigación de la Audiencia Nacional y cotidianamente se publican las explosivas revelaciones de Bárcenas, el presidente español está cada vez más atrapado y va quedando clara su responsabilidad política en ese desaseo. El presidente del gobierno aún no termina las reformas que inició con su llegada a La Moncloa en diciembre de 2011 para reforzar la economía en recesión. Por eso Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se preguntó: “¿Con qué cara se va a dirigir a las instituciones alguien a quien todos reconocen como el presidente de la corrupción?” En entrevista con la revista Tiempo, Hernando añadió en torno a la moción de censura con la que su partido amagó al ejecutivo para obligarlo a comparecer: “Ésta lo que pretende es recuperar la dignidad de la Cámara (de los Diputados) para evitar que el PP, con su mayoría absoluta, se dedique a rodearla. Queremos desbloquear el Congreso de forma que el presidente tenga que dar explicaciones”. “¡Que se vayan ya!”, “Barbacoa de chorizos” (como llaman a los rateros), escribían en sus pancartas los cientos de ciudadanos que protestaron con indignación en días pasados en las inmediaciones de la sede del PP, en esta capital. Las manifestaciones se extendieron a 30 ciudades. En un país donde las reformas de Rajoy han depauperado aún más a la población y no muestran su prometida efectividad para recuperar el empleo, el descontento ciudadano ya es evidente en las encuestas. El Mundo, diario que ha desvelado información toral en el caso, publicó el domingo 21 que 83% de sus encuestados cree que el PP recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1917 de la revista Proceso, actualmente en circulación.