Empeñada en hacer negocios incompatibles con su misión, la Universidad de Guadalajara trata de despojar al ejido de Villa del Mar de un predio que éste les prestó para instalar un centro de conservación de la tortuga marina. A decir del representante de los lugareños, la casa de estudios no sólo les niega una participación de los beneficios económicos que obtiene de dicho centro, sino que no les devuelve el predio ni quiere comprarlo, e incluso pretende restringirles el acceso. MAYTO.- Los ejidatarios de Villa del Mar, asentados en esta comunidad costera del municipio de Cabo Corriente, afirman que se van a defender legalmente para evitar que la Universidad de Guadalajara (UdeG) los despoje de un predio playero donde opera desde hace ocho años un campamento de protección a la tortuga que, alegan, puede convertirse en una avanzada de la privatización de una playa de 12 kilómetros. La UdeG tiene la posesión pero no la propiedad, advierte el presidente del comisariado ejidal, Jesús Romero Pérez, quien señala que los ejidatarios alertarán a las autoridades de todos los niveles para que no se dejen sorprender. A su vez, la casa de estudios afirma que no fue el ejido quien entregó el predio, sino el entonces presidente municipal de Cabo Corrientes, Macedonio León Corrales, actual jefe de Reglamentos del ayuntamiento de Puerto Vallarta. Romero Pérez detalla que el municipio dio la posesión del predio ejidal y luego transcurrió el tiempo sin que se oficializara el contrato de préstamo. “Es cierto que en cierta fecha (2005) vinieron a una reunión de ejidatarios a solicitar el apoyo de un área para el campamento. Se les dijo que sí, que no había problema, pero que se trajeran un contrato, el cual ya traía el presidente Macedonio León junto con el doctor Armando Soltero Macías. Les dijimos que se podían instalar para echar a andar la protección a la tortuga. El problema fue cuando nos presentaron un contrato que no nos convenía y les dijimos que lo modificaran, estando de acuerdo en que si iba a ser un campamento tortuguero nos iba a beneficiar a todos”. El interés por las tierras de Mayto creció a la par que los desarrollos turísticos vecinos de Chalacatepec, Tenacatita y otras playas de la Costa Alegre. Fue tal, que la empresa bienes raíces Golden intentó obtener las parcelas frente al mar. En el número 3821 de la Gaceta Parlamentaria, del 29 de agosto de 2010, los entonces diputados federales por Jalisco (David Hernández, Salvador Caro, Rafael Yerena Zambrano, Juan José Cuevas García y Juan Enrique Ibarra Pedroza, entre otros) publicaron que enviarían al gobernador Emilio González Márquez y al Registro Nacional Agrario un exhorto para evitar la privatización de playas donde anidan tortugas, en clara referencia a Mayto. También previnieron sobre el intenso tráfico de parcelas frente al mar. Ejidatarios de Villa del Mar narran que hace varios años –no recuerdan la fecha– se reunieron ahí durante un fin de semana varios directivos de la UdeG, entre ellos su “jefe moral”, Raúl Padilla López. Hablaron de construir un hotel rústico, con cabañas, para traer turismo europeo, y acordaron convencer al ejido de las ventajas de tal proyecto. Las fuentes, que solicitan no se les nombre para evitar más problemas con la UdeG, afirman que los propios ejidatarios ya se repartieron hace años toda la franja costera, de aproximadamente 32 kilómetros, incluyendo los 12 de Mayto. La excepción es un predio, pero aun éste ya tiene dueño. Explican que se trata de un particular que pretendía comprar un área mayor, pero no pudo pagarla y se le entregó la parte proporcional al adelanto que dio. No abundaron al respecto, porque el dinero ya se repartió. Desde hace una década Mayto ha sido visitado por desarrolladores interesados en negociar con los 57 ejidatarios que se encuentran en posesión de 2 mil 80 hectáreas, de acuerdo con una resolución de 1980, a fin de que cedan los derechos de sus parcelas, principalmente las que se encuentran en un tramo de 12 kilómetros de la línea costera. Guerra interna El conflicto en la región se agudizó hace nueve meses, a raíz de la confrontación del doctor Armando Soltero Macías (director de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, de la UdeG, quien al mismo tiempo y sin acudir al lugar funge como responsable del campamento) con el biólogo Israel Llamas. Desde hace meses Soltero y Llamas se acusan mutuamente del manejo discrecional de las aportaciones que hacen los visitantes y otros donativos al centro tortuguero. En el campamento, uno de los encargados informó que las aportaciones de los visitantes se le quedaban al biólogo Llamas, pero no precisó cantidades. Por otra parte, destaca que el doctor Soltero Macías no cuenta con reportes de dichos donativos, ni de los ingresos y los egresos, que se manejan con discrecionalidad desde hace ocho años, cuando se instaló el centro. El dirigente de los ejidatarios, Romero Pérez, señala que ellos no han donado el predio de 10 mil metros a la UdeG, sino insiste que lo facilitaron como préstamo y después no aceptaron el desventajoso convenio que les presentaron la universidad y el ayuntamiento. Propusieron entonces que en el contrato se estipulara que si el proyecto obtenía beneficios económicos, el ejido participara de ellos. La parte oficial prometió volver con el contrato documento corregido pero jamás lo hizo. No obstante, dice Romero Pérez, el proyecto creció. “Vimos que traían muchos estudiantes y estaba entrando una derrama económica que quedaba para ellos, los que están al frente del campamento, y nosotros viendo nada más”. Posteriormente los propios ejidatarios presenciaron los problemas entre el director de la preparatoria y el del campamento. Cada uno visitó a los ejidatarios para obtener su apoyo, pero los campesinos les reprocharon a ambos que no los hubieran tomado en cuenta para nada. Las fricciones entre el doctor Soltero y el biólogo Llamas empeoraron cuando el segundo consiguió la concesión federal a su nombre y del grupo ecologista Ecomayto, que también busca proteger a la tortuga marina. Soltero invitó a los ejidatarios a una reunión en Vallarta y ellos aprovecharon para decirle que se acercara a ellos para llegar a un arreglo. Según Romero Pérez, le propusieron vender el predio a la universidad, pero el doctor rechazó la oferta porque según él la institución no tiene dinero. Al enterarse de la concesión al biólogo y la advertencia del doctor Soltero de que se la iba a “tumbar”, los ejidatarios les manifestaron a ambos que solucionaran su pleito y después llegaran a un arreglo con ellos, que se consideran perjudicados por el conflicto. Sin embargo, los habitantes de la comunidad de Villa del Mar firmaron un contrato con el biólogo Llamas para que siguiera trabajando durante un año en el campamento, al comprobar que contaba con la concesión federal. El presidente del comisariado ejidal, Romero Pérez, desconoce qué va a suceder con las palapas y enramadas que construyó la universidad en la playa, al parecer con recursos de la institución. El doctor Soltero y Llamas “se han tirado tan feo que desafortunadamente a los campesinos nos han llevado entre las patas, al grado que la UdeG ha publicado que el ejido la quiere despojar de las construcciones. Pero son mentiras: la universidad no tiene ningún pedazo de terreno aquí. Que nos quieran quitar el patrimonio de nuestros hijos, eso sí se ve un poco triste y no nos vamos a dejar por ningún motivo. Si bien es una institución muy grande, no se vale”. Como ejemplo de la desinformación que utiliza la UdeG, Romero Pérez relata que hace días, durante un festejo al que no asistió el doctor Soltero, unos enviados suyos le prometieron a los asistentes que la universidad les iba a dar medicamentos y regalos. “Envolvieron de tal forma a la gente que convirtieron el evento en un foro de críticas y desinformaciones”. La reunión también fue aprovechada por Llamas, quien expuso la problemática a los vecinos de Mayto y, al menos ahí, consiguió todo su apoyo. El representante de los ejidatarios reitera que ellos aprueban que el campamento siga funcionando, pero lamenta que se utilice a estudiantes para formar un grupo de apoyo al doctor Soltero. “Todos pueden venir a Mayto, pero sus problemas deben arreglarlos entre ustedes”, les dijo. Por lo pronto, aclara que el contrato de la comunidad de Villa del Mar con el biólogo Llamas está notariado y no se pueden echar para atrás. Por eso se queja de que la UdeG mandara a sus abogados, quienes amenazaron incluso a un hermano de Israel Llamas para que desalojara el predio concesionado. “Si traían alguna notificación debieron haberla entregado y no amenazar. ¿Qué clase de abogados son y cómo es que representan a la universidad?”, reflexiona. Por eso, insiste en pedir la devolución del terreno. Afirma que la universidad no apoyó al ejido, como se comprometió, excepto por un par de veces que envió a estudiantes para limpiar el área donde están las 40 casas y la escuela de Mayto (el ejido consta de dos comunidades más: Villa del Mar y Tehuamixtle). En otra ocasión la UdeG también obsequió medicamentos al centro de salud, pero en opinión de los ejidatarios esta escasa ayuda contrasta con la recaudación que el campamento obtiene por el flujo de estudiantes que llegan en camiones y aportan entre 300 y 500 pesos por cada uno, sin que los dueños del terreno se beneficien. Para colmo, el ejido solicitó al doctor Soltero un informe sobre el número de tortugas que nacieron en cautiverio y que fueron liberadas, así como la cantidad de huevos recolectados, a fin de conocer el alcance del programa que se desarrolla en el campamento desde hace ocho años. No recibieron respuesta y sospechan que ese registro no existe. Tampoco la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente en Puerto Vallarta informó a los ejidatarios de las acciones en el campamento de Mayto para proteger a la tortuga marina que desova en sus playas. Romero Pérez comenta que no obstante la UdeG colocó letreros “insultantes” para advertir que el campamento es un área restringida, cuando no le pertenece a la institución. Finalmente, señala que los lugareños no quieren que ahí suceda lo que en Campo Acosta y José María Morelos, donde la ambición de los promotores de tierras y desarrolladores (incluyendo al gobierno de Emilio González Márquez) dividieron a las comunidades y ni aun así han sacado adelante el proyecto del “Nuevo Cancún” en Chalacatepec