Protección al estilo colombiano

sábado, 6 de julio de 2013
BOGOTÁ.- Andrés Villamizar Pachón es un político colombiano experto en seguridad, quien ha vivido la violencia muy de cerca. Su padre, el fallecido excongresista Alberto Villamizar, salió ileso de un atentado del Cártel de Medellín en 1986 gracias a la reacción de su chofer y a pesar de los más de 30 disparos que impactaron su vehículo. Su madre, la exministra de Educación Maruja Pachón, permaneció seis meses secuestrada por esa misma organización criminal entre 1990 y 1991; y su tío, el político liberal Luis Carlos Galán, fue asesinado en 1989, cuando era candidato presidencial, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar. Con esa historia a cuestas Villamizar estudió economía en la Universidad de Los Andes; realizó una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown y desde noviembre de 2011 es el primer director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una agencia estatal autónoma encargada de salvaguardar la vida de unos 7 mil 500 colombianos enfrentados a riesgo letal como resultado de sus actividades públicas. No hay ninguna otra nación en el mundo con un programa de protección de esta envergadura. La UNP, adscrita al Ministerio del Interior pero con personalidad jurídica y presupuesto propios, fue creada en octubre de 2011 para hacerse cargo de un programa de protección que cobija a sindicalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, opositores y guerrilleros desmovilizados. Entre otros grupos en riesgo, cuida a comunicadores. En entrevista con Proceso Villamizar explica que la UNP tiene bajo su cuidado a 96 periodistas amenazados por sus labores informativas, de los cuales 56 cuentan con esquemas “duros” de protección consistentes en vehículos blindados, escoltas armados, chalecos antibalas y equipo de comunicaciones. Los 40 restantes son protegidos con rondas policiacas, reubicación de domicilio o cambio de ciudad de residencia con gastos sufragados por la institución. En los esquemas duros de protección a periodistas la UNP eroga unos 670 mil dólares mensuales. “Un dispositivo compuesto por un vehículo blindado y dos escoltas le cuesta a la unidad cerca de 12 mil dólares mensuales”, dice el funcionario, quien ha sido asesor del Ministerio de Defensa, subdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior e investigador de la Rand Corporation, en California, donde cursó un doctorado en análisis de políticas públicas.   Este es un adelanto del número 1914 de la revista Proceso, ya en circulación.

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