La inconformidad popular brasileña que se desató por el alza a la tarifa del transporte en Sao Paulo creció y creció hasta niveles que han metido en aprietos al gobierno de Dilma Rousseff. En el fondo de las protestas masivas hay problemas reales que afectan a los ciudadanos de a pie: se trata del uso de los recursos públicos para intereses privados y no para el bienestar general. La disyuntiva es: educación, salud y transporte de calidad para todos... o futbol. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El detonante de las protestas sociales que sacuden a Brasil fue el aumento en la tarifa del transporte colectivo de la ciudad de Sao Paulo. Y aun cuando el gobierno dio marcha atrás a esa alza, las manifestaciones siguen: los políticos, la política, la corrupción, los gastos excesivos para el Mundial de Futbol de 2014 y para los Juegos Olímpicos de 2016 son los principales blancos de la crítica popular; a ello se suman la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos, entre ellos los de transporte, salud y educación. Las movilizaciones y protestas sociales surgen en un momento en el que Brasil mantiene el paso para consolidarse como pilar regional, cuando intenta volverse potencia global y se reconocen internacionalmente los avances sociales de los dos gobiernos de Lula: 250% de aumento al salario mínimo, reducción de la desigualdad a su nivel más bajo desde los sesenta, expansión de una nueva clase media baja (54% de su población), reducción significativa de la pobreza (35 millones de pobres menos) y combate a la discriminación, con acciones afirmativas para las poblaciones negra e indígena. Los avances sociales son innegables, pero conviven con factores que motivan las movilizaciones: crisis de representación política, hartazgo por la corrupción, incremento en la inflación de intereses y de precios y particularmente una realidad urbana crítica que no satisface las necesidades de los ciudadanos y menoscaba sus niveles de bienestar. Temas como el encarecimiento de la vida, la mala calidad de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la educación para los jóvenes, transportes colectivos insuficientes, precarios y de los más caros del mundo son detonantes de la indignación.   Transporte colectivo   Las protestas originadas en Sao Paulo lograron que gobiernos de otras ciudades redujeran sus tarifas de transporte público y empezaran a hablar de cambios para mejorar su funcionamiento, su financiamiento (entre los sectores público y privado) y analizaran la propuesta del Movimiento Pase Libre, para considerarlo un derecho ciudadano que debe ser gratis. Las críticas señalan los padecimientos cotidianos: desplazamiento de autobuses que apenas circulan a 13 kilómetros por hora en carriles exclusivos, unidades sobresaturadas y sin que se piense aumentar el parque vehicular, reajuste discrecional de las tarifas en periodos poselectorales y el intenso tránsito que trae la venta masiva de automóviles financiados por los bancos. En Sao Paulo, una metrópolis de 11 millones 400 mil habitantes, la saturación de los vagones del metro hace que se amontonen hasta ocho pasajeros por metro cuadrado y su insuficiente red equivale a poco más de un tercio de la que existe en la Ciudad de México, una quinta parte de la de Nueva York o una sexta parte de la de Beijing. Un estudio del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada sobre movilidad urbana en Brasil mostró en 2011 que 65% de la población de las capitales y 36% de ciudades no capitales usaban el transporte público, y 55% de los usuarios consideraba el servicio “malo” o “muy malo”. La Asociación Nacional de Transportes Públicos reveló los altos costos que tiene este sistema para el gobierno y para los usuarios. El valor medio por pasajero que el gobierno transfirió a los concesionarios en Sao Paulo creció 15% sobre la inflación entre 2006 y 2013, ante el constante incremento de las tarifas que estipulan las empresas. Con la intención de reducir 15% las tarifas de autobuses, metro y trenes urbanos, el gobierno federal y el Senado propusieron un sistema en el que los tres niveles de gobierno no deberán cobrar impuestos a las empresas por la adquisición de insumos para el transporte (gasolina, diésel, energía eléctrica y bienes capitales). La propuesta sorprende frente a la gran movilización social y por las críticas que recibió el gobierno por seguir privilegiando a la industria automotriz. * Maestra en estudios políticos y sociales por la UNAM. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1914 de la revista Proceso, ya en circulación.