MÉXICO, D.F. (apro).- A 39 años de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y casi cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) sentenciara a México por ese caso,  Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afaddem), denunció la falta de voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto para indagar sobre el paradero del luchador social detenido el 25 de agosto de 1974 por militares acantonados en Atoyac, Guerrero. En conferencia de prensa en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, el próximo 30 de agosto, en nombre de las familiares de cientos de desaparecidos durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, Radilla Martínez resaltó que después de décadas de “marchas, mítines, huelgas de hambre de recurrir a instancias judiciales nacionales e internacionales”, los familiares siguen esperando respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, convencidos de que tienen “derecho a saber la verdad, saber lo que ocurrió”. Ante cientos de demandas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la extinta Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) Radilla Martínez agregó que hasta ahora “no hay un solo caso esclarecido, no hay un desaparecido encontrado; no hay un criminal sujeto a juicio”. Sobre el caso concreto de la sentencia emitida por la CoIDH, dijo que “no hay avances porque no hay voluntad del Estado de avanzar en lo relevante, no hay una investigación real y efectiva para encontrar a los desparecidos, estén como estén”. Durante los años de búsqueda no sólo de Rosendo sino de los 450 desaparecidos originarios de Atoyac, la vicepresidenta de AFADDEM anotó que ha escuchado comentarios que pretenden justificar los abusos: “Muchos dicen, algunos no eran inocentes (presuntamente por estar vinculados a la guerrilla), pero ¿quién tiene derecho a desaparecer a otro? Si alguno de nuestros seres queridos infringieron algo, para eso están las leyes, esto no puede seguir ocurriendo”. Con la voz entrecortada, Radilla sostuvo que las desapariciones forzadas no sólo dañan a la víctima sino a familias enteras que acumulan un dolor que se heredera de generación en generación. “Rosendo tuvo 12 hijos, y esos hijos tienen familias, yo tuve cinco hijos, y ahora tengo 17 nietos, y todos sufren esperando que regrese su abuelo”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de Afaddem, repudió la impunidad en la que se mantienen los casos ocurridos desde los años 60. “Es por eso que ese delito de lesa humanidad se sigue cometiendo ahora; recordemos que el sexenio de Felipe Calderón dejó un saldo oficial de 27 mil desaparecidos, y si sumamos los casos que llevan las organizaciones tendremos unos 30 mil”. Mata Montiel dijo que hasta ahora los operativos de búsqueda de  restos de Radilla y eventualmente de otros desaparecidos han radicado en las declaraciones de familiares de víctimas y de testigos de oídas, lo identificó como una de las fallas de la investigación. “La PGR se ha negado a llamar a declarar a los perpetradores de los crímenes, por eso pedimos que se les llame empezando por el expresidente Luis Echeverría, los generales, los mandos medios y hasta los soldados rasos que tuvieron que ver con las desapariciones de cientos de personas”, apuntó Mata Montiel Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) señaló que el expediente del caso Radilla comprende 22 tomos; 45 declaraciones ministeriales, 24 de ellas de militares en activo y retirados; pendientes de declarar; cuatro diligencias de excavación, y se cuenta con un perito para revisar documentos castrenses en el Archivo General de la Nación (AGN), Jesús Díaz Romero, que asumió la encomienda en abril de este año. Nuño cuestionó que mientras públicamente se hable de disposición para localizar al dirigente campesino, en los hechos se ponga trabas a la investigación: “Hay una bóveda en el AGN donde están documentos de la PGR y archivos castrenses a la que nadie tiene acceso, ni siquiera el perito, quien ya nos dijo que por carga de trabajo va a entregar un informe hasta abril de 2014”. Entre los documentos castrenses vedados están el Plan Telaraña, dirigido al exterminio de la guerrilla de Lucio Cabañas en Atoyac; órdenes y radiogramas de los puesto de revisión en agosto de 1974, y mensajes de la  detención de Rosendo Radilla; los registros de ingreso de detenidos al cuartel militar de Atoyac; la lista de integrantes del III Batallón de Infantería, que estaba acantonado en Atoyac, de los miembros del II Batallón de Policía Militar encargado de los interrogatorios a los detenidos. La defensora apuntó que además de las fallas en la investigación, el Estado mexicano ha sido omiso en aprobar las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, sobre la tipificación de la desaparición forzada. Alejandra Nuño reconoció que hasta ahora la única forma de destrabar el caso Radilla es “continuar presionando desde afuera, recurriendo a instancias internacionales, cabe recordar que en octubre sesionará el pleno de la CoIDH en México, y que el 23 de octubre el Estado mexicano será sometido a la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra”. Tras exhortar al gobierno mexicano a que autorice la visita del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que ya ha solicitado su ingreso a México, la directora de la CMDPDH dijo que los esfuerzos de los familiares por la localización de desaparecidos de los años setenta continuará en el sistema interamericano.