Militarización disfrazada de Cruzada contra el Hambre

sábado, 31 de agosto de 2013
El puntal de la política social de Peña Nieto, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, despertó críticas desde que lo anunciaron, dado el enorme gasto y la rentabilidad política de la población que pretende alcanzar. Ahora el plan que encabeza la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, incluye la participación del Ejército y la Marina, pero está provocando rechazo porque la presencia militar se interpreta como una ocupación de territorios indígenas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- A medio centenar de comunidades de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegaron, en agosto, camiones cargados de soldados con brazaletes amarillos distintivos del Plan DN-III, que usa el Ejército para auxiliar a la población en los desastres naturales. Aunque no había una emergencia de ese tipo, los pobladores vieron a los recién llegados bajar colchonetas, grandes ollas y cajas con víveres e instalarse en el corazón de sus pueblos, donde colocaron amplias lonas con la justificación de su presencia: “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Los presidentes municipales explican a los comisariados ejidales que los soldados se quedarán unos meses (unos dicen tres, otros seis) para alimentar a la gente, construir comedores comunitarios, dar consultas y medicamentos, cortar el pelo gratis y enseñarles a las mujeres a cocinar para los niños. Se instalarán en 500 comunidades. Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) esta estrategia fue bautizada inicialmente como “Plan DN-III Social” y se aplica –según los críticos del proyecto– justo en poblaciones que conservan una negra memoria del Ejército por su historial de violaciones a los derechos humanos. Algunas, en este mismo momento están siendo perseguidas y criminalizadas por haber creado su propia policía comunitaria. Para algunos, la estrategia es de ocupación y en este momento parece esquizofrénica. En comunidades como El Paraíso, Ayutla, la gente ha visto llegar en los mismos días a “soldados buenos” que alimentan a los niños e intentan fomentar nuevos hábitos alimenticios, y a “soldados malos” que desarman a sus policías, someten a la población y encarcelan a sus líderes. Desde La Montaña de Guerrero, la región que encabeza los índices más altos de miseria en el país, el antropólogo Abel Barrera señala, preocupado: “Ahora resulta que se va a meter a la médula de la vida comunitaria de los pueblos un actor armado que quiere tener el control de la población a través de la dotación de alimentos. Esto es una remilitarización”. La estrategia ha puesto en un dilema a las comunidades. Varias han anunciado su rechazo a la presencia del Ejército aunque eso implique pasar hambre. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación)  

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