La impunidad de un violador

viernes, 20 de septiembre de 2013
La detención de un hombre que embarazó a su hijastra y mantenía en cautiverio a varias mujeres y niños desató un escándalo que palideció cuando salió a la luz la desidia e inoperancia de las autoridades judiciales y de procuración de justicia. El indiciado acumulaba cuatro procesos por lo menos desde 2004 sin que se le sometiera a juicio. Este caso contradice el discurso gubernamental que presume de proteger los derechos y la vida de las mujeres. GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- La madrugada del 25 de agosto fue detenido Félix José Rangel Núñez, acusado de la presunta violación espuria –que ocurre cuando la víctima no puede oponer resistencia– en perjuicio de una de sus hijastras, así como de los delitos de corrupción de menores y violencia intrafamiliar. El caso de Rangel, de 40 años, quien trabajó a finales de los noventa como policía municipal, es emblemático en una entidad cuyas autoridades promueven un discurso en pro de los derechos y la vida de las mujeres que no sirve para frenar la violencia. En Guanajuato ha habido 53 feminicidios en lo que va del año y existe constancia del rechazo del gobierno estatal a aceptar una alerta de violencia de género, lo que ya provocó la convocatoria a una marcha mañana sábado 21 de septiembre en varias ciudades del estado. Excompañeros de Félix en la Dirección de Seguridad Pública municipal lo describen como atento, sociable y honesto. Primero se desempeñó en el área administrativa y posteriormente fue operativo. Rangel Núñez contaba con un permiso del gobierno municipal para operar un tendejón donde vendía cerveza. El nombre del establecimiento, La Tiendita de las Margaritas, puede leerse en el muro a medio pintar del inmueble ubicado en el callejón de Tamazuca número 20 de esta ciudad. Ahí mantuvo cautivas a sus víctimas, pese a las peticiones de ayuda que en varias ocasiones algunas de éstas hicieron llegar a las autoridades, de las quejas de vecinos e incluso de antecedentes asentados en expedientes judiciales desde hace por lo menos nueve años. Este caso es una muestra de la indolencia mostrada por agentes del Ministerio Público, trabajadoras sociales y autoridades municipales que no atendieron los avisos de maestras de preescolar y de primaria que tuvieron contacto con los menores y lanzaron advertencias de que algo andaba mal con ellos. Sólo así se explican tantos años de impunidad. A principios de este año, la Dirección de Atención a las Mujeres Guanajuatenses (DAMG) recibió la solicitud de apoyo de Guadalupe y Rosa María –madre e hija– y documentó que los últimos 15 años Félix vivió con varias mujeres. Guadalupe llegó a esa casa con su hija Rosa María y tiempo después Lidia con Alejandra. Con algunos años de diferencia Rosa María y Alejandra fueron abusadas sexualmente por el padrastro. Con todas ellas tuvo nueve hijos. De éstos, cuatro son varones y cinco mujeres, todas ellas se llaman Margarita, como la madre de Félix. Acerca de ésta los vecinos refieren algunas historias que hablan de abusos, pero que hasta ahora no se han confirmado. A partir de la denuncia presentada el 5 de febrero ante la agente del Ministerio Público Claudia Lizbeth González Cano por la violación de Alejandra –y según asentaron, su probable embarazo–, Rosa María y Guadalupe recibieron apoyo psicológico y jurídico de la DAMG y otra vez peregrinaron por diversas instancias en busca de justicia. En la denuncia (carpeta 2146/13) asentaron que le tenían miedo a Félix. Lo describieron como un hombre violento, dedicado a la venta de drogas y alcohol en su domicilio, donde tenía encerrada a la menor violada por él y que estaba embarazada. Además se supo que los niños asistían de forma irregular a la escuela, no se les veía jugando en el callejón como a los demás y les faltaban vacunas pues Félix no permitía que le abrieran la puerta a nadie. Que había escenas sexuales a la vista de niños y adultos; se escondía en su casa cuando tenía problemas por sus actividades y a veces los obligaba a esconder en sus ropas la droga que vendía. Desidia A finales del pasado febrero el Ministerio Público solicitó una orden de cateo denegada por la juez Paulina Iraís Medina. Poco después Guadalupe y Rosa se presentaron de nuevo ante el MP y señalaron que otras dos menores fueron abusadas sexualmente por Félix. Ahí se enteraron de que como parte de las diligencias se acudió al jardín de niños donde estaban inscritos varios de ellos y las maestras informaron que desde hacía varias semanas no acudían a clases. “Hagan algo”, pidieron las profesoras. Las denunciantes acudieron ante el Juzgado de Oralidad Familiar para solicitar una medida de aseguramiento que protegiera a los menores que se encontraban en la casa de Tamazuca. Pero el recurso no procedió: Rosa fue amenazada por Félix y ya no se presentó a las audiencias. No obstante, de acuerdo con el artículo tercero bis del Código de Procedimientos Penales de Guanajuato, el Ministerio Público puede emitir órdenes de protección a favor de los receptores de violencia y sus familiares “dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen”. Al repasar estos hechos sale a flote la indolencia de las autoridades. En los archivos ministeriales y judiciales hay registros de por lo menos cuatro procesos penales contra Félix, todos entre 2004 y 2011. En dos de ellos Rosa María ya lo había acusado de violencia intrafamiliar. Los dos procesos correspondientes a este delito se acumularon en el expediente 11/2011, mismo que terminó como muchos casos similares seguidos por las autoridades en este estado: la “conciliación” entre víctima y agresor y un “pago de reparación del daño”. Guadalupe decidió regresar a la Ciudad de México –de donde es originaria– cuando su hija Rosa volvió a la casa de Félix. “En este acompañamiento que nos correspondió hacer también hubo contacto con la abuela de la menor violada (Alejandra) por si ésta decidía proceder, pero se trata de una mujer mayor y enferma que nos hizo saber que ya lo había intentado sin lograr nada” expuso la titular de la DAMG, Iovana Rocha Cano. Con su 1.49 de estatura y sus 11 años, Alejandra llegó a parir al Hospital General el 3 de agosto. Era la segunda vez que ella y su madre acudían en las horas recientes. Ya les habían dicho que debían practicarle una cesárea, a lo que se negaban; sin embargo el alumbramiento era inminente y luego de la cirugía nació un niño. Al personal hospitalario le llamó la atención ver a un hombre que rondaba por el estacionamiento, aunque no tanto como el hecho de que estuvieran atendiendo de parto a una niña de 11 años. El director del nosocomio dio parte al Ministerio Público, cuyo personal acudió y se llevó a la menor en custodia. Hermetismo La noticia del embarazo de Alejandra apareció en la portada del periódico AM el 22 de agosto. Así se supo lo que ocurría en Tamazuca 20, en pleno centro de la capital del estado. Este callejón se ubica a espaldas de la que durante muchos años fue sede de la Procuraduría de Justicia del estado y de donde se ubican la Dirección de Seguridad Pública municipal y las agencias del Ministerio Público del fuero común. “El presunto responsable está prófugo porque sabe que la Procuraduría de Justicia inició una investigación, tras recibir la denuncia por parte del Hospital General de Guanajuato capital” publicó AM. “Se informó que la niña nunca ha acudido a la escuela... después del parto, ella y su hijo fueron internados en un albergue de la Procuraduría de Justicia del Estado y el caso quedó bajo la investigación de la Agencia Especializada en Delitos sexuales”. Esta fue la versión proporcionada por un agente del Ministerio Público, instancia que a partir de ese momento ha guardado un absoluto hermetismo sobre el caso y el estado de las mujeres y las niñas víctimas de esta violencia. Pero los detalles de esta historia de los abusos y delitos comenzaron a saberse cuando Iovana Rocha Cano habló de la denuncia que desde febrero se había hecho ante el Ministerio Público. El 25 de agosto –tres días después de que se hizo público que la niña de 11 años había dado a luz como resultado de la violación– la Procuraduría de Justicia estatal anunció la detención de Rangel Núñez. Al día siguiente, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre dijo ante los reporteros que todo el trabajo ministerial “fue sigiloso” en correspondencia a los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio. “Decidimos, además de las órdenes de protección correspondientes, brindar la protección integral y apoyo a la persona en el albergue de la procuraduría”, agregó. Admitió la posibilidad de que el detenido fuera responsable de las violaciones de otros menores y confirmó los rumores que ya circulaban de que Félix no sólo vendía bebidas alcohólicas, sino que también era investigado por posible tráfico de drogas, aunque al momento no se le ha consignado ante el Poder Judicial por este delito. El Procurador, por cierto, dijo no recordar la fecha en que Félix fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque habían pasado siete meses desde que se inició en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría la carpeta de investigación 2146/13 por la denuncia presentada por Guadalupe y Rosa María, madre e hija, acompañadas por el personal de la Dirección Municipal de Atención a las Mujeres. Complicidades La orden de aprehensión que derivó en la captura de Félix –con base en la carpeta 2146– no fue solicitada por el Ministerio Público sino hasta el 15 de agosto, días después de que Alejandra dio a luz en el Hospital General. Ese mismo día el Juzgado de Oralidad la otorgó. Una semana más pasó para que el MP requiriera al juzgado una orden de cateo para algunos domicilios de Félix y familiares, al corroborarse que se encontraba oculto en uno de estos. Desde fines de febrero Rangel Núñez había tramitado el amparo 102/13 en el Juzgado Primero de Distrito. Ni falta le hacía, pues en ese momento ningún requerimiento judicial tenía su nombre. Luego de ser aprehendido, Félix fue puesto a disposición del juzgado del sistema penal acusatorio y oral de la primera región, de la ciudad de Guanajuato, bajo la causa penal IP 1413-171. En la primera audiencia – de vinculación, donde se determina si el detenido es sometido a proceso de acuerdo con los elementos que el Ministerio Público presenta al juzgado– se ordenó dejarlo en prisión preventiva acusado del delito de violación espuria (cometida cuando por sus características o la condición en que se encuentra, la víctima no está en condiciones de oponer resistencia). Pero el Ministerio Público no entregó al Juzgado de Oralidad Penal los elementos suficientes para que Félix sea procesado por otros dos delitos que se le imputan: corrupción de menores y violencia intrafamiliar, informó el Poder Judicial del estado. Las víctimas fueron ingresadas al albergue bajo responsabilidad de la Procuraduría de Justicia, confirmó el DIF estatal. Pero aunque se daba por hecho que en este grupo se incluyó a las dos mujeres adultas –una de las cuales, Rosa, lo había denunciado previamente– ahora se sabe que cuando los ministeriales entraron a la casa sólo se llevaron a los menores y las dejaron a ellas. Ninguna ha sido citada para declarar, no reciben ningún apoyo psicológico y también están embarazadas. Rosa tiene tres meses de embarazo, y mucho miedo de no volver a ver a sus hijos. Maltratada física y emocionalmente desde su niñez –primero por su padre- no conoce otra vida que ésa. No tiene idea de que Félix (18 años mayor que ella) forma parte de la cadena de abusos que arrastra a sus 22 años. Todo el tiempo repite una frase común en estas víctimas de maltrato: “Yo tuve la culpa. Yo lo provoqué”. En su oficina del Centro Las Libres, la activista Verónica Cruz Sánchez pone el colofón a esta historia de horror: “En Guanajuato seis de cada 10 niñas vive algún abuso sexual, en su mayoría a manos de su progenitor, padrastro, abuelo u otros familiares. “La falla estructural en procuración de justicia está a la orden del día; la justicia federal no tutela el bien superior que es la persona, en este caso las niñas, y sí otorga protección a un delincuente”, reclama. Agrega: “El Estado mínimamente tendría que hacerse cargo de la reparación del daño en el caso de esta niña. Todo pasó a la luz del día, no estaban allá en el cerro, solas. ¿Qué está pasando con esta sociedad sumamente tolerante con la violencia hacia los niños y las niñas, un Estado omiso ante los delitos cometidos contra ellos? Deberíamos llamarlo a cuentas y que se juzgue a quien no hizo lo que tenía que hacer. ¡Cuánta brutalidad!”

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