Uruguay está a un paso de aprobar una ley que otorga al Estado amplias facultades para regular el uso de la mariguana. Se trata de un “experimento” –reconoció el presidente José Mujica– con el cual se intenta abatir el consumo de la droga y minimizar los impactos negativos del combate al narcotráfico. La medida ya ha sido condenada casi unánimemente fuera del país, pero la nación sudamericana sigue adelante con la iniciativa. BUENOS AIRES (Proceso).- Como parte de la apuesta de Uruguay por la regulación integral de la mariguana, el Estado asumirá el control de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la cannabis y sus derivados. La Ley de Regulación de la Mariguana fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 5 de agosto por 50 votos contra 49 y el oficialista Frente Amplio (FA) tiene en el Senado los votos necesarios para su ratificación. Uruguay se convertiría así en el primer país del mundo en sancionar una iniciativa de esta naturaleza. Su artífice es el presidente José Mujica. El proyecto establece tres vías legales para la adquisición de mariguana: El autocultivo, los clubes y la venta en farmacias. El primer caso permite el cultivo particular de hasta seis plantas hembras, con un máximo de 480 gramos de cosecha anual. Los clubes reunirán grupos de entre 15 y 45 personas que compartirán las flores de 99 plantas. Y en las farmacias un consumidor podrá comprar hasta un máximo de 40 gramos al mes. En los tres casos los consumidores deberán inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios, “que va a estar amparado por la Ley de Hábeas Data, la Ley de Protección de Datos Personales; es un registro de datos sensibles que no va a ser público”, dice a Proceso Nicolás Núñez, diputado del FA y uno de los redactores del proyecto de ley. “El registro va a ser exclusivamente de manejo de la unidad reguladora y sólo para garantizar, por ejemplo, que si una persona tiene seis plantas en su casa y la policía hace un procedimiento, la persona pueda demostrar que es un usuario legal y que esas plantas figuran en el registro”, explica. “Este registro sin duda es parte fundamental de lo que va a ser la ley y la regulación”, puntualiza Núñez, secretario general de la Juventud Socialista de Uruguay. El gobierno de Mujica no planea endurecer las penas de prisión para quienes cultiven mariguana sin estar registrados. Por lo demás, el proyecto de ley no deroga ninguna de las normas preexistentes, que prevén penas altas para los delitos vinculados con el narcotráfico, pero sí modifica la posibilidad de acceso legal a la planta. “Si a una persona que no está en el registro se le encuentra vendiendo mariguana, aunque sea en cantidades pequeñas, se le va a aplicar la ley y va a ser tratada como narcotraficante”, advierte Núñez y añade: “Si una persona tiene una plantación ilegal, así sean seis plantas, entonces se va a presumir que esas plantas son para la venta ilegal”. A partir de la iniciativa el consumo recreativo de la mariguana dejará de estar estigmatizado. No se libera el uso medicinal de la sustancia como atajo para permitir su compra con fines recreativos y tampoco se descriminaliza al consumidor de cannabis para convertirlo en un enfermo o un adicto. –¿Para el espíritu de la ley qué sería el consumidor recreativo? –se le pregunta a Núñez. –La idea es descriminalizar a los consumidores. La situación en la que estamos en Uruguay, donde es legal fumar pero es ilegal comprar, sin duda ha aportado a criminalizarlos. Y lo que los consumidores recreativos van a ser es lo que ya son. Muchos de ellos son médicos, profesionales, profesores, obreros, trabajadores, estudiantes que llevan su vida normalmente. Los equipos de toxicólogos y psiquiatras que asesoran a los legisladores fijaron en 40 gramos mensuales el tope a partir del cual puede hablarse de un “consumo problemático”. “Si alguien tiene un problema con su consumo, se le tratará como un asunto sanitario, un asunto de salud pública”, sostiene Núñez. “Vamos a activar una serie de políticas, que también están implícitas en la ley, para evitar que los consumidores recreativos se conviertan en consumidores problemáticos”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1922 de la revista Proceso, actualmente en circulación.