Le llaman shuanggui: el método que aplica China a funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción, quienes –después de ser defenestrados y detenidos en lugares secretos– terminan por confesar sus “delitos” y aceptar un castigo ejemplar, incluida la pena de muerte. Pero esa práctica es opaca, incumple las garantías del debido proceso y viola los derechos humanos. Especialistas advierten que Beijing utiliza ese temible método con fines políticos: el caído en desgracia puede ser víctima de una guerra interna entre facciones del régimen o un chivo expiatorio cuya sanción calmará el enojo popular.   BEIJING (Proceso).- La corrupción protagoniza todos los debates en China. El gobierno sabe que ese fenómeno socava su legitimidad al tiempo que genera y estimula las protestas sociales. Hu Jintao, anterior presidente, pronunció 16 veces esa palabra durante su discurso en el Congreso de Partido Comunista de China (PCCH) en noviembre del año pasado y advirtió que la corrupción “puede provocar el derrumbamiento del país”. En marzo del año pasado Wen Jiabao, exprimer ministro, reconoció que la “actual lucha (anticorrupción) no cumple las expectativas del pueblo”. Xi Jinping –nuevo presidente de la república y quien dijo que el combate a la corrupción será la tarea primordial de su gobierno– heredó el problema, el cual se agrava porque las diferencias sociales son mayores ahora que hace 10 años e internet impide que los funcionarios oculten sus excesos. Y mientras los cables de WikiLeaks revelaron el desprecio que Xi manifiesta en privado hacia los corruptos, el mandatario acompaña sus discursos con hechos: Prohibió los gastos desmedidos para celebrar actos públicos, eliminó los banquetes pantagruélicos de los funcionarios y redujo los gastos del Ejército. El pasado enero prometió que caerían “moscas” y “tigres”, es decir burócratas de bajo nivel o altos funcionarios... y su campaña parece estar funcionando. Los ceses de burócratas aumentaron desde que Xi asumió el poder en marzo pasado. En meses recientes han caído peces gordos como Liu Tienan, exvicedirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas; Wang Suyi, quien desempeñaba un cargo importante en el Pcch en Mongolia Interior; Li Chuncheng, exvicesecretario general de la provincia de Sichuan, y Liu Zhijun, exministro de Ferrocarriles y artífice del desarrollo de los trenes de alta velocidad en China. Este último fue condenado a muerte pero con dos años de suspensión (una fórmula que en la práctica termina en cadena perpetua). Los chinos se deleitan con las destituciones pero los expertos dudan: No saben cuánto durará el impulso anticorrupción o hasta dónde dejará el PCCH que llegue Xi. Y es que las intenciones de combatir la corrupción chocan contra un sistema que la estimula. Tras una detención sonada se suele pensar que el capturado no pagó en la ventanilla adecuada, fue víctima de una guerra interna o lo eligieron como el chivo expiatorio que calmará temporalmente a las masas. Para Wen-cheng Lin, decano de la Universidad Nacional Sun Yat-sen, en Taiwán, hay razones que impiden una lucha anticorrupción de mayor calado: “Primero, la falta de equilibrios en el sistema”, dice a Proceso vía correo electrónico. “No hay oposición política, prensa independiente ni fuerzas sociales que critiquen las fallas del partido. Segundo, la boyante economía crea inmejorables oportunidades para la corrupción gubernamental y el sistema legal no está preparado para combatirla. Y tercero, la corrupción está en todos los niveles del partido, incluso en los más altos, que han establecido un pacto tácito de no causarse problemas entre ellos”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1992 de la revista Proceso, actualmente en circulación.