La publicidad oficial, una simulación

martes, 14 de enero de 2014
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Prácticamente todos los partidos y los gobernadores incurren en “simulación” al destinar gran parte del presupuesto público a la llamada “publicidad integrada” de líderes y funcionarios estatales en medios de comunicación, en abierta violación al artículo 134 constitucional, sostiene Javier Corral Jurado. Para el senador panista, “es vergonzoso ver cómo los propios partidos políticos han burlado sus propias reformas” en materia de gasto y discrecionalidad en la relación con los medios de comunicación y la promoción de gobernadores, alcaldes y funcionarios. Impulsor de una iniciativa de Ley Federal de Comunicación Gubernamental que fue presentada en septiembre de 2012 con el propósito de regular la publicidad en medios, Corral advierte que el propio Enrique Peña Nieto reculó. “Yo presenté la iniciativa, apoyado por algunos senadores del PAN, en función del compromiso que hizo Peña Nieto en agosto de 2012 para entrarle a este tema. Finalmente se echó para atrás; no quiso entrarle al tema; él, que es uno de los principales responsables de este modelo”, dice Corral a Proceso. Crítico de los abusos y presiones del poder de los consorcios televisivos e impulsor de una reforma integral de medios de comunicación que nunca se concretó en el Senado, Corral insiste en que está a favor de “la prohibición absoluta de la propaganda gubernamental en medios de comunicación”. Y arguye: “No hay razón jurídica, ética o social para que un gobierno destine recursos para anunciarse. Es deber de todos los funcionarios cumplir su trabajo sin pagar para que se hable bien de ellos”. Si sólo se utilizaran los tiempos oficiales de radio y televisión –los 30 minutos diarios gratuitos de que dispone el Estado– y se distribuyera entre municipios y gobiernos de los estados para promoción y campañas públicas, comenta Corral, el gasto en materia de comunicación social y difusión se reduciría hasta 95%, ya que ese es el porcentaje que se destina a pagarle a los medios electrónicos privados. Sin embargo, advierte, “estoy consciente de que un plan así tendrá gran resistencia por parte de los partidos, los medios de comunicación y las autoridades”. Por esta razón, el legislador panista planteó un “plan B” que está detallado en la iniciativa que presentó en septiembre de 2012 y que espera se dictamine en la legislación secundaria de la reforma político-electoral. Su iniciativa pretende “acabar con la simulación que impuso el modelo Peña Nieto de publicidad integrada” en sus dos vertientes: la propaganda encubierta y la utilización de los informes de gobierno como plataformas de proyección nacional de los gobernadores, tal como ha sucedido recientemente en los casos de Manuel Velasco Coello, de Chiapas; Eruviel Ávila, del Estado de México, y Rafael Moreno Valle, de Puebla, por mencionar algunos casos. Corral explica así las dos vertientes de este modelo: “Por un lado, la propaganda encubierta o publicidad engañosa que ya está prohibida en la reforma que le hicimos al artículo sexto constitucional durante la discusión sobre telecomunicaciones y radiodifusión. Se tiene que reglamentar esta prohibición, así como la prohibición establecida en el artículo 134 constitucional desde la reforma de 2007. Esta publicidad encubierta es la que se presenta en noticiarios, programas de espectáculos y telenovelas con menciones a los gobernadores como si fuera información o comentario. “Por otro lado está la utilización de los informes de gobierno como plataformas de proyección nacional de los mandatarios. Se valieron de la salvedad establecida en el artículo 228, párrafo 5 del Cofipe, donde establece que ‘para efectos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público’. “Aquí hay una clara violación en el caso de gobernadores como Manuel Velasco, porque TV Azteca le dio difusión en cadena nacional. Es similar a lo que ocurrió en el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se transmitió en canales nacionales de Televisa y TV Azteca.” En aquella ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Peña Nieto no había violado el ordenamiento del Cofipe, pues las señales nacionales y su difusión son responsabilidad de las televisoras. Y como el tribunal no regula medios de comunicación, no hubo sanción. Estas y otras trampas han sido consideradas ya como práctica común en la mayoría de los casos recientes. Por esta razón, Corral insiste en la necesidad de “eliminar esta salvedad del artículo 228 del Cofipe” y “cerrar de una vez por todas el modelo de promoción personalizada de los gobernantes en medios de comunicación”.   La iniciativa incómoda   La propuesta impulsada por Javier Corral y sus correligionarios Ernesto Ruffo y Marcela Torres plantea eliminar la discrecionalidad en los tratos entre gobernantes y medios de comunicación, establecer una regulación nacional y local, eliminar la promoción personalizada, utilizar los tiempos de Estado y que todos los presupuestos aprobados se difundan en internet, con informes sobre comunicación gubernamental detallados y periódicos. La iniciativa de Ley Federal de Comunicación Gubernamental plantea varios criterios de distribución de los tiempos oficiales y candados para que “ningún medio de comunicación social pueda obtener más de 60% de sus ingresos por concepto de comunicación gubernamental durante más de tres años consecutivos”. También prohíbe “la asignación de la comunicación gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios o candidatos a cargos de elección popular, nacionales, estatales y municipales”. Como instancia supervisora de los gastos en esta materia, la iniciativa propone crear un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental que tendría 11 ciudadanos que durarán en su encargo dos años y serán seleccionados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Entre sus funciones, este consejo se encargaría de dar seguimiento al gasto ejercido en materia de comunicación social; así como a emitir un informe público anual; recibir, analizar y dar trámite a las denuncias que se reciban en torno a la comunicación gubernamental; ser órgano de consulta; proponer aplicación de sanciones y mecanismos complementarios para erradicar cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión por medio de la comunicación gubernamental, y proponer la suspensión de campañas gubernamentales violatorias a la ley. Además, en su artículo 48 la iniciativa establece que ningún medio de comunicación podrá recibir “más de 20% de la inversión anual en comunicación social. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de un porcentaje mayor de 40% de la totalidad de la pauta oficial previa para una campaña. Ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario de 30% del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación social. “Ningún medio de comunicación social podrá obtener más de 60% de sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental durante más de tres años consecutivos”, establece el artículo 49. La mayoría de los gobernadores destinan más de 50% del presupuesto en pagos a Televisa y sus filiales por concepto de publicidad y entre 20 y 30% a TV Azteca; es decir, entre 70 y 80% va al duopolio televisivo, según revela la investigación de Proceso. Por primera vez se establecen criterios para el uso y distribución de los tiempos oficiales o fiscales del Estado (los 30 minutos diarios que se disponen para estaciones de radio y televisión). Primero se deben utilizar éstos y, una vez agotados, pueden canalizarse recursos públicos a las campañas. Al Ejecutivo federal le corresponderá 40%, pero en emisoras locales este tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos entre los poderes locales y municipios. Al Legislativo le corresponderá 30%, distribuido en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado; 10% al Judicial y 20% a los organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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