La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la queja que presentó Aníbal Riera Escalante, exagente de los servicios de inteligencia de Cuba, contra el Estado mexicano. En su demanda argumenta que funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo –algunos de los cuales tienen cargos importantes en la administración de Enrique Peña Nieto– le negaron con engaños la solicitud de asilo político, lo secuestraron y lo deportaron ilegalmente a la isla, donde pasó tres años en prisión. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su afán de mantener ocultas sus redes de espionaje, México y Cuba quedaron exhibidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual analiza la queja de un desertor del servicio de inteligencia cubano a quien las autoridades mexicanas secuestraron y entregaron en 2000 al régimen de La Habana. Pedro Aníbal Riera Escalante, exoficial de inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba y quien estuvo a cargo de infiltrar a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), tiene en vilo a los dos gobiernos a pesar de los 13 años transcurridos desde su deportación ilegal de México y los tres que estuvo en la cárcel, dos de ellos en Villa Marista, la prisión cubana para los acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Radicado en España desde 2012, el cubano de 62 años busca que el Estado mexicano responda por la violación a sus derechos humanos, la cual atribuye entre otras autoridades al actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González. Apenas en octubre pasado la CIDH pidió a Riera información detallada sobre la actuación de los funcionarios mexicanos que lo detuvieron sin orden judicial, lo retuvieron en una estación migratoria y lo enviaron a Cuba, donde lo entregaron a las autoridades de ese país con, asegura, documentación falsa. Aunque Cuba no reconoce ni a la CIDH ni a cualquier otra instancia del sistema interamericano, en su demanda Riera Escalante expone que al ser entregado a su país pasó tres meses aislado en la cárcel de Villa Marista y sometido a juicio en un tribunal militar. Sostiene que durante 126 días estuvo confinado en un espacio de dos por tres metros y con la luz prendida las 24 horas, de donde lo sacaban sólo diez minutos cada 20 días o más para tomar el sol o para una visita vigilada con cámaras y por un instructor. Luego pasó un año en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el occidente de Cuba. Afirma que aun sin condena fue sometido de nuevo al aislamiento en un “área especial”, la misma donde en 1991 falleció el exministro del Interior de Cuba, José Abrantes Fernández, a quien la versión oficial dio por muerto a causa de un infarto. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1943 de la revista Proceso, actualmente en circulación.