Tras meses de insistir ante el gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, para que los recibiera en audiencia, familiares de desaparecidos lograron hablar con él, pero de poco les sirvió pues sólo se comprometió a abrir una ventanilla para recibir denuncias y pidió una semana para programar un segundo encuentro. Tampoco cumplió. En esa entidad cuyas autoridades la presumen como una de las más seguras del país ya hay por lo menos 200 casos de personas desaparecidas. MÉXICO, D.F. (apro).- En su sexto mes de embarazo, Brenda Rangel Ortiz bebía un vaso con agua en la cocina de su domicilio ubicado al sur de la ciudad de Querétaro. Por el rabillo del ojo percibió en su jardín unas siluetas humanas y volteó sorprendida. Se trataba de encapuchados que rodeaban la vivienda portando armas largas. Pensó que iba a morir, pero aun así, decidió encarar al comando. Cuando abrió la puerta, el cañón de un rifle AR-15 se le reveló en el umbral mientras una voz le ordenaba identificarse. Se trataba de un operativo policiaco con decenas de agentes de policía estatal, municipal y de la Ministerial Investigadora, algunos de civil otros uniformados, todos con armas largas que, dijeron, atendían una denuncia anónima que señalaba el domicilio como centro de acopio de armas. No encontraron nada. En entrevista, Brenda Rangel, recuerda que fue como a las 10:00 de la mañana del 1 de noviembre de 2013, días después de que su familia hubiera convocado a una “marcha del silencio” para exigir la búsqueda, localización y esclarecimiento de la desaparición de su hermano Héctor, así como de Irene Hugo Hernández y Milton Aguilar Torres. El 10 de noviembre de 2009, Héctor, Irene y Milton, fueron a Monclova, Coahuila, para entregar un vehículo que recibieron en garantía de una deuda de 90 mil pesos por la venta de prendas al mayoreo pues, la familia Rangel Ortiz, se dedica al negocio textil. Aunque el negocio se había realizado en Querétaro, el comprador los citó en esa ciudad, desde la cual, en una última llamada, Héctor avisó que lo estaban deteniendo policías municipales. Dos presuntos implicados, ahora están presos. A punto de cumplirse cuatro años de la desaparición, la marcha reclamaría la indiferencia gubernamental pues, aunque los hechos ocurrieron en Coahuila, la historia había iniciado en Querétaro, donde el gobierno estatal se deslindaba y no quería atender los reclamos ni conocer las investigaciones que la familia había realizado por su cuenta. Los policías del operativo que rodearon la casa de Brenda el 1 de noviembre pasado, sólo revisaron su camioneta. Para ella, se trataba de una intimidación y así lo hizo saber a Fundem que emitió una acción urgente, lo mismo que Amnistía Internacional, el 6 de noviembre. Nada cambió. El 8 de noviembre siguiente, dos días antes de la marcha, una operación similar se registró en casa de los padres de Brenda y el desaparecido Héctor. Para entonces, Brenda había cobrado notoriedad por su participación en las marchas convocadas en 2011 por Javier Sicilia y por su vinculación con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), el colectivo que agrupa a numerosas familias de desaparecidos en el país, con lo que otras familias en Querétaro, empezaron a buscarla y a sumar sus casos. El historial de intimidaciones, agresiones y reprimendas sufridas por la familia Rangel Ortiz, acumulaba un nuevo hecho en la obstinación gubernamental de no concederles siquiera derecho de audiencia, pero la historia no terminaría ahí. El amedrentamiento Las investigaciones de Brenda Rangel, sus padres y hermanos, han logrado descubrimientos importantes que el gobierno de Coahuila y la Procuraduría General de la República (PGR), habían omitido. Siguiendo diferentes pistas, consiguieron elementos para asegurar que operadores de Los Zetas –a los que Brenda y su familia evitan identificar en la entrevista, refiriéndose sólo a “un grupo de delincuencia organizada”— operaban en Querétaro y que desde ahí planearon la desaparición de su hermano, así como de Irene y Milton que casualmente lo acompañaron. Desde noviembre de 2009 habían solicitado audiencia, sin conseguirlo, con el gobernador Calzada Rovirosa. En una ocasión, lo abordaron al salir de un evento y el mandatario les dijo que no los recibía “porque no tenía tiempo”. Durante la búsqueda emprendida por los Rangel, fueron interceptados en una ocasión en Monclova por policías municipales. Les dijeron que “no siguieran levantando polvo” y que “dejaran de hacer preguntas”. También recibieron anónimas amenazas de muerte y presiones de diversa índole. En octubre de 2012, Brenda contrajo nupcias con Víctor Manuel García Herrera, abogado queretano que por ese tiempo trabajaba en el ayuntamiento priísta de El Marqués, municipio conurbado a Querétaro capital. Al regresar al trabajo tres días después de la boda, fue despedido sin justificación, un hecho que el matrimonio atribuye al activismo de Brenda. Otros episodios dan cuenta de la incomodidad que las familias han causado en el gobierno de Calzada. El pasado 25 de julio, María Cruz de León Apolonio, fue citada en una agencia del ministerio público. En la búsqueda de su hijo, José Jesús Bryan Cruz de León, a quien se vio por última vez en el taller que trabajaba, en el municipio de Corregidora, la mujer ha tocado todas las puertas para ofrecer pruebas, indicios e información pero, dice, “no han hecho nada más que dejar botado el expediente”. Inclusive, cuando una llamada solicitó dinero para alimentar al joven, la familia hizo el depósito y avisó de inmediato al ministerio público. Como el depósito fue a través de una tienda Elektra, suponían que al cobrarse podían identificar a los captores. La procuraduría ni atención les puso. El 25 de julio, más que una diligencia, policías y fiscal la interrogaban con dureza y, cuando quiso abandonar el lugar, se negaron a dejarla ir. Entonces le avisó a Brenda Rangel de la retención y varias familias llegaron al edificio ministerial. Ante la presión, los policías dejaron ir a María Cruz, a quien durante el interrogatorio le advirtieron que, si quería resolver el caso de su hijo, no se reuniera con Brenda porque tenía nexos con la delincuencia. Según Brenda Rangel, esa advertencia le han hecho a varias familias que, intimidadas, se mantienen en silencio, con miedo a denunciar. La retención de la señora María Cruz los convenció de la necesidad de movilizarse y exigir la audiencia con Calzada Rovirosa. El sábado 26 de julio, se apostaron frente a Palacio de Gobierno donde gritaron consignas, mostraron en cartelones los nombres y fotografías de sus desaparecidos y, obtuvieron la promesa de Eric Gudiño, mando medio de la secretaría de Gobierno, de que el gobernador los recibiría el miércoles siguiente. Como en otras ocasiones habían tenido promesas similares que no se cumplieron, inclusive de la Presidencia de la República ya con Enrique Peña Nieto, pidieron un compromiso por escrito y firmado que no obtuvieron. A la mañana siguiente, el 27 de julio, las llantas de la camioneta de Brenda amanecieron pinchadas. Lo que pudo pasar como un acto de delincuencia común, fue entendido como mensaje, pues según Brenda, momentos después recibió una llamada, de otro funcionario menor de la secretaría de Gobierno, identificado como Juan Carlos Arreguín, quien pidió disculpas a nombre del gobernador por las ponchaduras, argumentando que su compañero Eric Gudiño “a veces es muy arrebatado”. Ante la presión gubernamental, decidieron bloquear la carretera federal número 57 esa misma mañana. El informe Cuando terminó el desayuno con la clase política de la entidad, el gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa se dirigió al Palacio de la Corregidora, una mansión recinto del poder desde la época colonial, que hoy es sede del Poder Ejecutivo estatal. Ya lo esperaban otros colaboradores e invitados para cruzar la calle e ingresar al Portal Quemado, la casona sede del Congreso del Estado. Era el 27 de julio, el día del gobernador, el de su quinto informe de gobierno con el que entraba a la recta final de su mandato y que, en un acto cargado de simbolismo familiar, había decidido ofrecer en homenaje a su padre, Antonio Calzada Urquiza, quien fue gobernador de Querétaro en los años setenta. Poco después de las 10:30 de la mañana, Calzada se plantó frente a los 24 diputados locales y los invitados especiales entre los que destacaban sus compañeros de partido, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el dirigente nacional César Camacho. Su mensaje fue triunfal. Al llegar al último año de su gobierno, el mandatario presumió que la entidad se mantenía como una de las más seguras del país y, Querétaro, la capital, se contaba entre las 100 mejores ciudades para vivir en el mundo. La entidad según el mandatario, era la que registraba menor incidencia en homicidios del país. Pero a 15 cuadras de ahí, sobre la carretera 57, entre las calles Luis Pasteur y El Cimatario, cinco familias reclamaban la indiferencia del gobernador por la desaparición de al menos 177 personas en la entidad que, de 2009 a la fecha, habían registrado por familias, muchas de las cuales, amedrentadas, evitaban denunciar. Fabián Morales Corona, quien buscaba a su hermano José Alfredo, fue al baño de una gasolinera cercana poco después del mediodía. De repente, sintió una serie de golpes en sus costillas y, sofocado, cayó al suelo. Tres policías encapuchados le ordenaron que se quitaran de la carretera o les partirían su madre… pero ni él ni las otras familias cedieron y se mantuvieron ahí durante cerca de 12 horas. Calzada Rovirosa había terminado su mensaje en el congreso local de donde salió en una enorme caravana de vehículos rumbo al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, para dirigir un mensaje ante miles de acarreados. Posteriormente, se trasladaría a la exhacienda Los Laureles, donde comería con sus colaboradores, familia e invitados especiales. Antes de que los invitados regresaran a la Ciudad de México, las presiones para retirar el bloqueo arreciaron. Cerca de las familias, había funcionarios que en voz alta recomendaban “partirle su madre” a Brenda para que se quitaran los demás justo cuando un convoy, repleto de mujeres policía y un contingente de granaderos, cercaban la zona. Al lugar llegó el delegado de la PGR, Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal y, poco después, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado. Este último intentó imponerse a gritos ante los manifestantes que exigían el compromiso escrito de una audiencia con el gobernador. Llamaba la atención sobre los problemas para los automovilistas y la negativa “a negociar”. “No se exalte ni me grite”, dijo Brenda a López Portillo, para luego explicarle que sus desaparecidos no eran negociables. El funcionario partió y, el compromiso de la audiencia con Calzada, fue asumido por Buendía, el delegado de la PGR. La promesa La mañana del 30 de julio, día programado para que las familias de desaparecidos se encontraran con el gobernador Calzada, la familia Morales Corona fue citada en una agencia del ministerio público. Uno de sus miembros, José Alfredo, había desaparecido desde el 13 de julio, cinco meses después de denunciar que “un grupo de delincuencia organizada” les exigía vender droga en su panadería ubicada en la colonia Insurgentes, de Querétaro. El procurador de justicia en la entidad, Arsenio Durán Becerra, admitió en entrevista con el periodista Eric Pacheco, que habían tenido conocimiento de esos hechos y sostuvo que, cuando interrogaron a la familia Morales Corona, ya no quisieron denunciar nada. Desde febrero, cerraron su panadería. Con la cita temían lo peor. Apenas el 15 de julio, luego de mes y medio desaparecido, Jesús Almaraz Esquivel, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue localizado sin vida en Cadereyta. Pero era una buena noticia. Luego de las protestas del fin de semana, José Alfredo Morales fue localizado con vida en el estado de Puebla. Ese mismo día 30, sólo admitió decir a este reportero, que se había ido por su voluntad. Su madre, Cristina, tampoco quiso entrar en detalle, pero sí reprochó: “No se trata de la razón de la desaparición, sino de que el gobierno no tenga mecanismos de búsqueda, que ni siquiera investiguen”. Tenía razón. El 19 de mayo, Calzada Rovirosa promulgó la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, cuyo artículo 38 establece el diseño de un programa estatal con la participación de procuraduría de justicia, grupos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos. En el artículo tercero transitorio, se establece la instalación del comité en un plazo de 30 días que se cumplieron en junio, sin que hasta la fecha haya comité ni programa a pesar de que la problemática asciende, conforme a las cifras dadas por el procurador Durán, al menos a 200 casos. La cifra es la más reciente dada por las autoridades, pues a través de solicitudes de información y largos litigios en el organismo garante de la transparencia en la entidad, interpuestas por el semanario Libertad de Palabra, las estadísticas han fluctuado. En la reunión del 30 de julio, Calzada se comprometió a crear un grupo de seguimiento con la PGR y el gobierno de Coahuila, pare el caso de Héctor, Irene y Milton. Las familias pidieron una fiscalía especializada y él se comprometió a una ventanilla única de denuncias de desaparición. Además ofreció apertura, pidió que acercaran a las demás familias a su gobierno y, para sellar los compromisos, solicitó una semana para una nueva reunión que, a final de cuentas, no se cumplió. La comisión se integró hasta el 30 de agosto, vencido el plazo que establecía la ley, pero no se incluyó a Brenda Rangel ni a las familias que habían exigido un mecanismo. De hecho, en la comisión no se incluyeron víctimas. Con todo, las familias mantenían la esperanza de que Calzada cumpliera sus promesas. Brenda Rangel lo explicó: “(Calzada) no pidió disculpas por todos los antecedentes ni quiso que habláramos de eso. Pidió que diéramos vuelta a la página y tuviéramos confianza en él. Y nosotros aceptamos, queremos que el gobierno cumpla su función y, aunque se estén dilatando nos mantenemos en el compromiso, por lo pronto, le hemos dado nuestro voto de confianza”.