IGUALA, Gro. (proceso.com.mx).- Bajo un frondoso árbol al pie de un cruce de caminos, esperan órdenes los policías comunitarios indígenas llegados de la Costa Chica para buscar a los estudiantes normalistas desaparecidos. Están cansados, pronto caerá el atardecer y no han comido; dudan si avanzar en este terreno traicionero que pertenece a ‘la maña’. El gobierno federal los dejó solos y no les dio permiso de traer a Iguala sus armas. Desde hace un par de horas están estacionados al pie de un cerro donde según su información “es muy confidencial pero muy segura” es refugio de sicarios, cárcel de secuestrados, el lugar donde podrían estar atrapados los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el día 27. No pueden avanzar para rescatarlos. Tampoco quieren irse y dejar solos a los muchachos. “No quiso el ejército acompañarnos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Se supone que ahí están los muchachos y no podemos dejarlos. Tampoco podemos ir desarmados. Vamos a ver qué hacer”, informa impaciente, Miguel Ángel Jiménez, coordinador de la UPOEG, al pie del cerro lleno de cuevas como queso gruyere donde supuestamente operan los sicarios. Es martes, 12 días han transcurrido después de la desaparición, es el primer día de este atropellado operativo. Tres descoordinados coordinadores de la organización intercambian órdenes por radios, que su líder, Bruno Plácido, a la distancia, contradice. Si una cuadrilla formada por policías comunitarios decide bajarse de las camionetas de redilas y pick ups que los trasportan, mejor que se suba; si había avanzado, mejor retroceda; si toma un camino, es en sentido equivocado. Pierden tiempo en cada orden y contraorden, pero el espíritu sigue alto. La misión es importante. Esta tarde, mientras que esperan a los soldados o marinos que su líder confirmó llegarían a acompañarlos, algunos se tienden sobre las planchas de las camionetas para dormir; otros acuclillados entre la maleza, abren una lata de elotes o se llevan a la boca cachos de tortilla tostada, lo que sea para mitigar el hambre; algunos más se quitan pantalón y camiseta y se meten en calzones al río a refrescarse. Un grupúsculo discreto va de avanzada a escalar el cerro para ver si hay condiciones de emprender el rescate. Su coordinador los observa con binoculares. “En la Costa Chica ya tenemos ubicadas quienes son las gentes que cobran cuota, los halcones, la maña. Aquí no conocemos, son pueblitos sin gente donde se refugia el crimen organizado, la maña. O bien morimos o bien vivimos”, dice uno de los autodefensas indígenas, machete en mano. Todo el tiempo elucubran lo que podrían haber hecho si trajeran armas, como lo hacen en sus pueblos, donde imponen su propia justicia. Buscan a los 43 normalistas vivos o muertos. Viajaron hasta Iguala por mandato de sus comunidades y petición de los padres de los desaparecidos que miran ansiosos que sus hijos --que desaparecieron a manos de policías mientras pedían dinero para sostener a su escuela Normal-- sólo son buscados en fosas. Un primer indicio lo tuvieron a las orillas de la presa de Tomatlán que peinaron con la mirada hasta que dieron con un montículo de tierra removida, donde enjundiosos metieron palas y fueron desenterrando restos. “Acá, íra, huesos –dice uno sorprendido mientras la pala arroja un fragmento de hueso que alguien mira de cerca y dictamina que es un molar. “Íra, un celular, traigan una bolsa, metan ahí las evidencias…. Cuántas moscas, seguro acá hay algo… ¡Otro hueso!…. Excava más… Acá está duro, acá blando, sigue más”. Se escuchaba decir en la euforia. De la euforia se pasó a la incredulidad. Al final de la faena, el reporte era distinto: --El hueso no es humano. --¿Pero el celular? --Es una batería vieja que trajo el río. --Hubieran excavado más. --Y esas no son moscas. Cuando la evidencia de la pifia es indiscutible el coordinador lanza otra orden: “Compañeros, retirada, vamos pa’lante. Muévanse, muévanse, que aquí está la casa adelante”. A subirse a las camionetas, colgados como moscas, hasta pasar la corriente de agua que lleva la presa. El siguiente punto está en el municipio de Cocula. Escucharon rumores de que existen casas habitadas por mañosos. Topan con una finca rústica y alguien grita que hay que buscar a los estudiantes dentro de la alberca con agua verde mohosa. Una turba se salta, revienta puertas con piedras y palos que sirven como palancas, esculca cada rincón, hasta cerciorarse que no hay evidencias. Más adelante el gentío ya está buscando en todos los rincones de una casa de campo recién abandonada. Es sospechosa porque sus tres ocupantes huyeron, dejaron un caballo ensillado y comida sobre la mesa. La evidencia de que eran maleantes es indiscutible: sus ocupantes estaban comiendo queso fresco con tortillas frías. “El que no quiere delatarse no prende la lumbre y come tortillas frías”, me explica serio el policía Mauro, el hombre que coordina el operativo hacia esta zona. A la redonda se observa una hamaca roída por el tiempo, un puñado de palmeras secas y un altar sin imágenes religiosas. En la esculcadera encuentran fotos y documentos. Se enteran de que el dueño de la vivienda Policarpio Peralta era migrante. No les cuadra el fajo de recibos de depósitos bancarios que recibió, entre 2010 y 2011, por 10 y 15 mil pesos. Lo consideran mucho dinero. Algunos aprovechan la confusión para meterse en la boca las tortillas que sirven como evidencia. “Hay que abrir y buscar bien, porque aquí la cosa está mal”, se escucha el grito y enseguida el estruendo de las puertas metálicas que intentan ser abiertas a la fuerza. La acción se detiene cuando escuchan por la radio la voz metálica que anuncia: “Compañeros, hay uno arriba del palo del huaje”. Los investigadores salen en estampida. Alguien trata de llevarse el caballo ensillado, pero los demás lo detienen. Pronto bajan con un campesino que encontraron en el camino con su caballo al que interrogan sobre los movimientos en las propiedades sometidas a revisión. Después interrogarán al comisariado ejidal, quien les asegura que los sospechosos son buenas personas. Mauro entonces repela: “¿Conoce a los muchachos? ¿Si son buenos entonces porque comen tortillas frías? ¿Por güevones?” La señora Felipa Santos, del pueblo Los Magueyitos, municipio de Tecoanapa, apresura al resto y grita : “¡Orale pues, ya perdimos mucho tiempo. Venimos por la familia, para encontrarla viva!”. Su apuro es genuino, uno de los 43 normalistas desaparecidos es su sobrino y se llama Saúl Bruno. Los policías comunitarios corren hacia donde creen que está el campesino halcón arriba del palo, que después resultará ser un pastor que vigila los campos. Unos llevan sobre la espalda, colgados por un lacito, envases apachurrados que antes contenían refresco y ahora llevan agua. Por ahí uno trae un martillo oxidado, otro un cuchillo, muchos machete. Se hacen bolas. Uno de entre el grupo levanta un pedazo de excremento seco de vaca y lo palpa para calcular el día que paso la última camioneta. Todo el tiempo se lamentan porque no traen las armas que usan en sus recorridos, para defender a gente, las que han usado cuando han enfrentado a sicarios que han penetrado en los municipios que cuidan. Otro grupo está peinando la zona donde fueron halladas las primeras fosas, pero los policías federales les cortan el paso. Otro grupo agarró a caminar hacia otro sitio sin rumbo conocido. En un primer intento fallido, las familias de los propios muchachos desaparecidos, acompañados por normalistas y custodiados por policías estatales, ya habían estado en Iguala recorriendo casa por casa para preguntar si alguien había visto a sus hijos si estaban ahí heridos o los tenía escondidos. En vistas de que las autoridades se enfocaron en las fosas y que el número de desaparecidos con el de cadáveres rescatados, siguen sin cuadrar, los miembros de la policía comunitaria de la UPOEG viajaron para atender la petición de los padres de familia de sus comunidades que tenían hijos estudiando en la Normal. Con piedras en la mano, furiosa, Felipa sigue azuzando a los compañeros que abandonan la casa: “¡Hay que echar gasolina, quemarlo todo! ¿Cómo no se va a poder encontrarlos?” Al filo de la tarde, los cálculos de los policías comunitarios siguen sin ser esperanzadores. Aunque en sus comunidades cruzan cuevas, suben cerros, detienen halcones y se enfrentan a sicarios, estos terrenos no son conocidos. No tienen guía. No traen armas. El ejercito no quiso acompañarlos. Están en desventaja. “Hay que apoyarse con la marina o militares, hay que ir con armas porque esa gente lleva arma. Hay que valorar todo”, dice al final el coordinador Miguel Angel Jiménez, el que esperaba órdenes debajo del árbol. Al día siguiente, donde la policía no los dejó avanzar serían encontradas otras cuatro fosas. Se calcula que contienen al menos 15 cadáveres.