IGUALA, GRO.(Proceso).- La regidora Marina Hernández de la Garza, del PRI, se pelea a los gritos, mienta madres, señala con rabia al hombre del pantalón café que ahora platica con otros dos pero que la espía desde afuera de su oficina: vigila si habla con periodistas, si va al baño, si se encuentra con alguna persona. Y lo informa a alguien.

Aunque la Gendarmería tomó la ciudad acéfala de poderes políticos –el presidente municipal perredista José Luis Abarca, su esposa y tres funcionarios investigados por sus vínculos con el narcotráfico están prófugos desde el 1 de octubre–, Iguala se mantiene controlada por poderes paralelos.

La poca gente que tiene información y se anima a hablar avisa que está dictando su sentencia de muerte.

“Me da mucho temor hablar, pero creo que ya no tengo vuelta atrás, ya no tengo forma de callar”, dice tragando saliva la regidora Sofía Mendoza Martínez, del PRD, viuda de Arturo Hernández Cardona, el luchador social de cuya muerte se acusa al alcalde fugado, al momento de relatar la historia de la represión que nadie escuchó hasta que el gobierno federal puso el ojo en ese municipio...

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1981 de la revista Proceso, actualmente en circulación.