MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Durante tres años Clara Tapia Herrera fue acusada por autoridades capitalinas, medios de comunicación y sociedad en general de ser una “mala madre” y de “no proteger” a sus tres hijos del maltrato al que fueron sometidos, pero un fallo judicial finalmente determinó que, en realidad, ella fue víctima de violencia intrafamiliar. Sin embargo, debieron pasar 36 meses para que la noche del viernes 3 de octubre el titular del Juzgado 64 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Casiano Carlos Morales García, dictara sentencia absolutoria a favor de Clara, quien en 2011 fue encarcelada por la PGJDF por presuntamente permitir y avalar la violencia que padecieron sus tres hijos durante siete años. Clara estuvo en prisión acusada en un primer momento de secuestro, homicidio en razón de parentesco, lesiones calificadas en razón de parentesco, corrupción de menores, trata en su modalidad de explotación laboral de menores, y violencia intrafamiliar contra sus hijos Rebeca, Gabriela y Ricardo, entonces menores de edad. La madrugada del sábado 4 terminó el encierro para la mujer que fue acusada de ser cómplice de Jorge Iniestra Salas, conocido como El Monstruo de Iztapalapa y quien un día antes fue sentenciado a 241 años de prisión por secuestrar y violar sexualmente a Gabriela y Rebeca; incluso, a esta última la asesinó en 2009 junto con la hija pequeña producto de una violación sexual. Encierro Tras salir de prisión, Clara sostuvo, contundente: “La libertad siempre estuvo en mi mente”. Tapia Herrera recordó que el 6 de septiembre de 2011 fue detenida con engaños por la PGJDF para luego pasar tres largos años en prisión; primero en el penal de Santa Martha Acatitla y luego en el de Tepepan. Con coraje, aseguró: “Yo entendería completamente a una mujer que ha sufrido violencia”. A fuerza de resistencia y con ayuda de terapias psicológicas, Clara está superando lo que vivió desde 2004 cuando conoció a Iniestra Salas, quien se presentó como un contador que la pretendía pero que meses después se transformó en el sujeto que la explotaría al grado de obligarla a trabajar horas extenuantes, quitarle sus ingresos, negarle los alimentos y cualquier contacto con su familia. Ese mismo hombre fue quien secuestró y violó durante siete y cuatro años, respectivamente, a Gabriela y Rebeca, y fue también el responsable del maltrato y la explotación laboral de Ricardo. Pese a que Clara fue quien denunció al agresor de sus hijas e hijo, la PGJDF la acusó de ser cómplice, no obstante que la única prueba de culpabilidad –una declaración de su hija Gabriela– fue retirada poco después. Sin embargo, la autoridad se mantuvo firme en culpar a Clara, no obstante que en marzo de 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación por exhibir, con engaños y sin una orden de aprehensión, a la mujer ante los medios, y pese a que el Tribunal Superior de Justicia capitalino otorgó a la mujer la condición de víctima. Fue necesario que pasaran tres años para que el juez dictara una sentencia absolutoria en la que asentó que ella estuvo sometida y no pudo responder de manera adecuada a la situación, lo que la convertía en víctima. Al respecto, Clara comentó: “Las autoridades no creen, o no tienen visión, o se hacen, o no sé qué pasa con ellas. Me siento confundida: ponen instituciones para que ayuden a la mujer y, cuando una mujer va a pedir ayuda, no le creen. ‘Cómo es posible, señora’, dicen”. Ella lo sabe bien porque en 2011, cuando se armó de valor para denunciar la violencia que padecía, pasó tres meses pidiendo ayuda a grupos civiles y autoridades, pero a cada lugar donde iba se encontró con la cerrazón de funcionarios, quienes pretextaban no poder hacer nada o simplemente no la escuchaban. Hubo hasta quienes la acusaron de no haber denunciado antes. Así le sucedió al tocar las puertas del Centro Integral de Atención a la Mujer “Juana de Asbaje” –dependiente del Instituto de las Mujeres del DF–; de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –de la PGR–, y del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la PGJDF. La sentencia A diferencia del 6 de septiembre de 2011 cuando Clara se vio apabullada por las cámaras de TV y prensa que consignaban su detención, la noche del viernes anterior, tras barandilla, sólo estuvo acompañada por su familia, abogados y defensores de derechos humanos. Con el respaldo de integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), encabezados por Karla Micheel Salas, Miriam Pascual y David Peña Rodríguez, Clara obtuvo su libertad y ahora está a la espera de la PGJDF, que deberá decidir si queda conforme o apela la sentencia. Si para la familia y los abogados este fallo fue un final victorioso, para Clara es el inicio de una batalla más complicada. Ahora ella es libre, pero su principal reto es empezar a entablar relación con sus hijos, misma que se desmoronó desde hace casi una década cuando fueron obligados por Iniestra Salas a dejar de llamarla madre. Mientras, ella lucha por recuperar a su familia, una idea que aún le hace temblar las manos, debido a que “quizás nunca volveré a ser completamente feliz”. Si bien Clara siempre supo que la razón la acompañaba y que nunca actuó con la intención de dañar a sus hijos, sabe que muchas autoridades dudaron de su inocencia. Pero también reconoce que su caso provocó indignación internacional, al grado de que en vísperas del fallo del viernes 3, la exintegrante del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Soledad Murillo de la Vega, y la directora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Roxana Arroyo, pidieron una sentencia con perspectiva de género a favor de Clara. Ambas mujeres, junto con la juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Solís; la jurista internacional Alda Facio; la antropóloga Julia Monárrez, y Norma Andrade, fundadora de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, difundieron una carta para expresar su apoyo a Clara y demandar al procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza no apelar la resolución en caso de que éste fuera absolutoria. Con todo ese apoyo durante los tres años de prisión, Clara vivió un largo proceso de reflexión a través del cual se reconoció como víctima de violencia de género, lo que ahora la lleva a cuestionar el actuar de las autoridades que juzgan con estereotipos sexistas. Por fin en libertad, comentó: “Que mi caso sirva para que las autoridades tengan más visión y apoyen a las mujeres, tengan más estrategias para que, de verdad, las ayuden, porque nadie sabe ni se imagina lo que es vivir en violencia, a veces muchas no viven para contarlo”.