Las riesgosas travesuras de la infanta Cristina

jueves, 13 de febrero de 2014
En la casa real española están prendidas las alarmas: una de sus integrantes, la infanta Cristina, deberá comparecer ante un juez, acusada de fraude y lavado de dinero. El gobierno de Mariano Rajoy está nervioso y ha empezado a mover los hilos para defender lo aparentemente indefendible. El despropósito es tan grande que incluso el fiscal anticorrupción ha salido en defensa... de la imputada. Lejos quedaron los tiempos en los que Juan Carlos I dijo: “La justicia es igual para todos”. MADRID (Proceso).- En su mensaje de Navidad de 2011 el rey Juan Carlos I advirtió: “La justicia es igual para todos” y “las conductas censurables deben ser sancionadas”. Entonces no se podía saber que un juez acusaría a la hija del monarca español, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero. El mensaje del rey –en el cual reclamó “ejemplaridad” a quienes tienen responsabilidades públicas– obedecía a la presión judicial y el creciente rechazo social tras conocerse la trama corrupta de su yerno Iñaki Urdangarin, duque de Palma, imputado cinco días después, el 29 de diciembre de 2011, por evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos al percibir de los gobiernos valenciano y balear 6 millones de euros por sus servicios, usando como instrumento el Instituto Nóos, una sociedad sin fines de lucro (Proceso 1902 y 1906). El jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, reconoció en entrevista con la televisión pública que los últimos tres años han sido “un martirio” para el monarca y su familia. Pero las encuestas arrojan otra cosa. Los españoles ven un trato de favor para la hija del monarca. Un sondeo publicado por el diario El Mundo el pasado 15 de enero revela que 90% de los consultados cree que “la justicia no es igual para todos”, rechaza abrumadoramente a la pareja (93% a Urdangarin y 64.8% a ella) y 83.4% critica a la casa real por el manejo del caso. La encuesta refleja el rechazo a la evidente utilización, por parte de la casa real y el gobierno de Mariano Rajoy, de todos sus recursos para proteger a la hija del rey. Pero ni el rey ni Rajoy pudieron evitar que el juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, obligara a la infanta a comparecer este sábado 8 para establecer su supuesta participación en la mecánica corrupta, convirtiéndola en la primera integrante de la familia real española en verse implicada en una investigación judicial. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Gestión de Hacienda (Gestha), critica la serie de actuaciones “inusuales” de la Agencia Tributaria con informes ordenados por el magistrado, los cuales contradicen a otros previos, en los que ya habían descubierto indicios de delito o en los que se dan por válidas facturas falsas para librar del delito fiscal a la infanta. También condena la “inusual” actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía General del Estado por oponerse a cada auto del juez Castro con el fin de exculpar a la hija del rey, cuando su papel institucional debe ser el contrario: proteger a la Agencia Tributaria de los delitos fiscales. “Al margen del debate sobre las tres facturas –por casi 70 mil euros– que la Agencia Tributaria está dando por válidas para evitar llegar al monto de 120 mil euros de defraudación fiscal (límite a partir del cual el fraude es delito), para Gestha lo más preocupante es que un familiar de la más alta instancia del país, la jefatura del Estado, pueda estar defraudando”, dice Cruzado a este semanario. Aunque Cruzado es cauteloso al referirse a las presiones que se ejercen contra los peritos fiscales y otras instancias involucradas, “porque desconozco la motivación”, recordó que sus críticas a contradicciones específicas de la Agencia Tributaria y de los peritos fiscales hicieron al fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrir diligencias en su contra, las cuales desestimó el juez Castro.   Caso Aizoom   El poder del Estado español se dejó sentir después de la primera imputación que Castro emitió contra la infanta, en abril de 2013, en cuyo auto de 15 fojas veía elementos para implicar a Cristina de Borbón en las operaciones sospechosas del Instituto Nóos. Sin embargo Horrach recurrió el auto del juez por considerar que “no existen indicios” de la participación de la infanta en el caso Nóos, decisión criticada por el sector de la abogacía, pues no es frecuente que el fiscal defienda a la parte acusada. Pese a todo, el pasado 7 de mayo la Audiencia Provincial de Baleares le dio la razón al fiscal anticorrupción y suspendió la imputación de la infanta por decisión de dos de los tres magistrados. El despropósito llegó al grado de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce –dependiente del gobierno de Rajoy y jefe de Horrach–, se congratuló por esa decisión. Pero el beneplácito duró poco: el 14 de mayo el juez Castro ordenó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagatoria sobre los delitos fiscales y de lavado de dinero, pero ya no sólo sobre Nóos, sino sobre la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad a partes iguales de Urdangarin y Cristina de Borbón. El pasado 7 de enero Castro emitió un nuevo auto de imputación de 227 folios, citando a la infanta para declarar el próximo 8 de marzo, pues encontró vinculación en los movimientos financieros de Nóos y de Aizoon en una simulación para cometer lo que llamó “doble defraudación”. Cruzado sostiene que la doble defraudación a la cual alude el juez es porque se hicieron transferencias de la fundación sin fines de lucro a la sociedad, y en ésta se incluyeron gastos personales como deducibles de Aizoon. La defensa de Borbón –que consulta sus decisiones con la Casa del Rey– encabezada por Miquel Roca –uno de los “padres de la Constitución española”– decidió no impugnar la imputación para evitar la crítica social, destacó que la infanta deseaba “colabo­rar con la justicia” y solicitó adelantar la comparecencia para el sábado 8. Para abogados españoles consultados es poco común que un auto judicial para imputar a alguien sea tan profuso como éste, pero entienden que el magistrado haya sido tan meticuloso “y con una motivación jurídica impecable”. “Tiene lógica que el juez haya documentado y motivado técnica y jurídicamente cada elemento del caso”, agrega, a su vez, el dirigente de los técnicos fiscales. La investigación que repasa la vida financiera y tributaria de la infanta encontró que Aizoon tenía como domicilio fiscal el mismo de su familia, el palacete de Pedralbes, en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, por lo cual los duques de Palma cobraban “alquiler” a su propia empresa. También que destinaron fondos para rehabilitar el palacete de Pedralbes, como lo confirmó a la policía de delitos económicos el arquitecto Marc Viader, quien cobró 20 mil euros por sus servicios. Se documentó que por la remodelación, la decoración y la instalación de muebles se facturaron casi 2 millones de euros. Para la fiesta de 40 años de Urdangarin las bodegas Baigorri les facturaron 6 mil 600 euros por varias cajas de vinos, y para la celebración se instalaron tres estufas en el jardín del palacete y arreglos con globos. La pareja gastó casi 60 mil euros en boletos de avión y de tren entre 2006 y 2011, en restaurantes dejaron cerca de 14 mil euros, en hoteles más de 10 mil euros, en tanto que en joyas, libros y discos más de 8 mil euros, según se desprende de los informes entregados al juez y que documenta el auto de imputación. Cristina pagó con cargo a Aizoon casi 7 mil euros para aprender a hablar en público e Iñaki abonó 707 euros por cursos de merengue y salsa o más de 500 euros para “decoración de fiesta infantil” para uno de los hijos del matrimonio, según el informe que desgrana cada factura. Coincidiendo con un viaje laboral a Mozambique, como responsable de Acción Social de La Caixa, la infanta participó en un safari en Sudáfrica con seis personas, utilizando una identidad falsa (aparecen como “familia Pep Figueras”) con cargo a Aizoon (mil 323 euros), según la factura de la empresa Guests Pestana Kruger Lodge. El expediente también incluye que el rey le transfirió a su hija 1.2 millones de euros en préstamo. No se tiene claro si fue una donación, en cuyo caso tendría un carácter fiscal distinto. Por ello uno de los puntos centrales es desentrañar si la infanta era consciente de cómo su marido supuestamente blanqueó en Aizoon el dinero que recibió por contratos públicos a través de Nóos, la entidad sin fines de lucro. Cruzado asegura que, con base en los autos del juez, “Aizoom es parte de un entramado de sociedades creada para defraudar, aunque el alegato de su defensa, de la fiscalía y de la Abogacía del Estado es que sólo por ser propietaria de 50% de la sociedad no la hace responsable de los presuntos delitos, pero existen elementos interesantes, como el hecho de que ambos firman como arrendadores y arrendatarios de la sede fiscal de su sociedad en la propia residencia familiar. “Hay un testimonio del notario que participa en la constitución de Aizoom, que está en los autos del juez, en el que declara que los asesores fiscales en su despacho le dijeron que la infanta estaba ahí como ‘escudo fiscal’, es decir, es parte de la sociedad para evitar que la Agencia Tributaria los persiguiera”, apunta el dirigente de Gestha. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria difundió un comunicado en el cual criticó con dureza la “intolerable y grosera campaña de desprestigio” de la fiscalía y algunos medios contra el juez Castro. La campaña, explica la asociación, está plagada de “críticas vejatorias y ataques personales” al juez, y deploran que el fiscal Horrach la haya secundado con su escrito, en el cual acusa al juez de “conspirar” con el “silencio” del Consejo General del Poder Judicial, al que insta a denunciar los hechos.   El largo brazo de Madrid   El 25 de enero dos técnicos fiscales autores de los informes sobre el papel de la infanta y una inspectora de la Agencia Tributaria, comparecieron en el juzgado, donde negaron que sean falsas las facturas por casi 70 mil euros pagados al socio de Urdangarin, Diego Torres, por una supuesta asesoría, pero reconocieron que son “simuladas” pues no responden a servicio alguno. El dirigente de Gestha dice que su organización criticó “las actuaciones de los peritos fiscales por admitir como deducibles tres facturas falsas, reconocidas en un informe previo de la agencia, y utilizadas para comprobar un servicio de consultoría que no se prestó. En cualquier otro procedimiento esas facturas no se hubieran admitido como deducibles y en este caso se hace, por eso hemos exigido que se aclare por qué se aceptaron. Es sencillo: son deducibles o no lo son, en vez de hablar de facturas simuladas”. La agencia y la jurisprudencia asientan que para que sea deducible no solo debe existir la factura, sino el hecho económico por el cual se está pagando; de hecho la primera conclusión es que se trataba de una distribución de beneficios en lugar de una supuesta prestación de consultoría, explica. En dicha comparecencia Castro cuestionó por qué se enviaron a Madrid los informes tributarios sobre la infanta, un asunto clave en la elaboración de los dictámenes de la Agencia Tributaria, pues el procedimiento habitual es que los inspeccione la delegación de Barcelona, donde viven los imputados. Sin embargo Hacienda envió los informes a Madrid antes de entregarlos al juez. La pregunta provocó un duro choque con Horrach, quien insinuó que el juez sugería que los informes se habían “cocinado” en las oficinas centrales de Hacienda. Pero el magistrado fue contundente: “No le consiento que reinterprete mis preguntas. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho”. Pese a las evidentes discrepancias entre el juez y el fiscal, ambos coinciden en el criterio de que, al margen de la deriva judicial del caso, la infanta Cristina y Urdangarin podrían afrontar una responsabilidad civil que superaría el millón de euros por la actividad de Aizoon. “En la parte penal”, dice Cruzado, “habrá que esperar la resolución del juez de instrucción, porque en España no sólo se comete el delito de defraudación fiscal como autor, sino como cómplice o como cooperación necesaria, es decir, la figura que colabora en la comisión de un delito”. En una de sus pocas declaraciones públicas, Castro dijo –luego de imputar a la infanta– que su decisión tuvo como fin “evitar que la incógnita se perpetúe”, en referencia al cúmulo de dudas sobre el papel de la hija del rey en la trama corrupta. Y señaló, aludiendo a las palabras del rey en la Navidad de 2011, que él está convencido de que “la justicia es igual para todos”. En cambio Rajoy defendió con ahínco a Cristina de Borbón en una entrevista de televisión en la cual señaló: “Estoy convencido de la inocencia de la infanta”, y agregó, “estoy convencido de que las cosas le irán bien”. Ana Romero, del diario El Mundo, aseguró en un artículo, el pasado 26 de enero, que la infanta ya es “irrecuperable”. Sostiene que la casa real, como Rajoy, apuesta por la inocencia “legal” de la infanta, pero sabe que su comportamiento “éticamente reprochable” la ha inutilizado para la institución, a la cual ha llevado al límite.

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