CHIHUAHUA, Chih., 30 de enero (apro).- Un día antes de Navidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno del estado de Chihuahua por la situación de vulnerabilidad que vivió la familia Reyes Salazar en el Valle de Juárez. Esa familia perdió siete integrantes y el resto tuvo que huir. Casi un mes después de ese hecho, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, visitó esta capital para asistir al informe de actividades de su homólogo en el estado, José Luis Armendáriz González. En aquella ocasión el tema no se tocó, simplemente se dio a conocer el avance en materia de seguridad en Ciudad Juárez. De acuerdo con la recomendación 83/2013 de la CNDH, la Fiscalía General del Estado en la zona norte, que estaba a cargo del actual fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, no investigó los asesinatos de siete integrantes de la familia Reyes Salazar y dejó inactivas durante meses e incluso años las carpetas de investigación. Detalla que al menos una decena de agentes del Ministerio Público que integraron y/o atendieron las capetas de investigación fueron omisos y negligentes en las investigaciones respectivas, y el Estado mexicano también fue incapaz de proteger a los familiares que sobrevivieron. Estos sufrieron amenazas e incendios de sus viviendas, pero esos hechos que tampoco fueron investigados. La CNDH hace un resumen de cada caso, iniciando con el homicidio de la activista Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010, luego de exigir justicia por la ejecución de su hijo Julio César, en noviembre de 2008, año en que inició el Operativo Conjunto Chihuahua. Cada integrante de la familia, apunta, es víctima de la Fiscalía, porque sus crímenes quedaron impunes en el caso de Josefina, Rubén, María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Ornelas de Reyes e Isela Hernández Lara, “familiar por afinidad”, y el resto debió desplazarse de su lugar de origen. En 2012, la familia de Rubén Salazar, uno de los sobrevivientes, obtuvo asilo político en Estados Unidos. Las autoridades de ese país les dieron refugio como activistas y defensores de derechos humanos a quienes el gobierno mexicano no pudo proteger del miedo fundado de persecución. Las carpetas de investigación, reitera la CNDH, tienen lagunas de tiempo entre una diligencia y otra, y éstas sólo consisten en llamadas telefónicas a familiares o conocidos de las víctimas, así como visitas a vecinos de la familia, quienes no quisieron declarar. Además, en un oficio la Fiscalía de Chihuahua intentó declararse incompetente de esos casos y declinarlo a la Procuraduría General de la República (PGR). El organismo de derechos humanos advierte sobre la necesidad de que la Fiscalía General del estado cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas; investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes; proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, sensible y respetuoso, y fundamentalmente brindarles una debida atención. En el caso de Josefina Reyes, indica que previo a perder la vida, ella había encabezado una serie de marchas y movimientos contra la represión, violencia y violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales concentradas en Ciudad Juárez para combatir el crimen organizado. A través de una organización civil no gubernamental, también participó en el foro contra la militarización y la represión, lo que derivó en la privación de la libertad de uno de sus hijos y el asesinato de otro, el 16 de noviembre de 2008, año que inició el Operativo Conjunto Chihuahua. Sobre Rubén Salazar, puntualiza que fue privado de la vida en el municipio de Guadalupe, Distrito Bravos, Valle de Juárez, y era parte de otra organización civil mencionada. En lo que corresponde al asesinato de uno de los hijos de Josefina Reyes, indica que cuando la CNDH consultó el caso, la autoridad estatal no había determinado indagatoria alguna, por lo que a más de cinco años los hechos continúan impunes. En los otros homicidios también señala dilación y omisiones en la integración de las carpetas, además de alteraciones. En la carpeta del caso de Rubén Reyes se evidencia que un agente del Ministerio Público recibió los dictámenes periciales en criminalística de campo y en química, y seis meses después de los hechos –el 18 de febrero de 2011– otro agente solicitó a la Policía Estatal realizar la investigación respectiva, lo que dos años y medio después, hasta el 1 de febrero de 2013, reiteró un tercer agente, “sin que al momento de la consulta realizada por personal de esta comisión nacional, el 13 de junio de 2013, obre constancia de que la Policía Estatal hubiere rendido su informe de la investigación respectiva”. Y hasta el 31 de enero de 2013, uno de los agentes solicitó las actas de nacimiento, matrimonio y defunción a los descendientes de Rubén. “Llama la atención que a pesar de que el 31 de agosto de 2010 se planteó al director de la Zona Norte de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General solicitud de dictamen pericial en materia de balística forense, no fue sino hasta dos años y seis meses después, esto es, el 1 de febrero de 2013, que AR12 envió un recordatorio para tal efecto, aunado a que no obra constancia de que se hubiere recibido en la unidad requerida”. Añade: “A más de tres años de ocurridos los hechos en que fuera privado de la vida V2 (Rubén Reyes), no obran actuaciones tendentes a su investigación, que permitan la identificación de los probables responsables”. Los otros casos de homicidio presentan irregularidades similares, debido a que las carpetas de investigación han permanecido inactivas dos años. En ningún caso tienen esclarecido siquiera el móvil, ni han identificado a los probables responsables, pese al tiempo transcurrido, y tampoco se observa voluntad para hacerlo. La CNDH advierte que a pesar de que la Fiscalía General del estado tuvo conocimiento de los homicidios desde 2008 y de que hubo amenazas de muerte hacia otras víctimas que posteriormente también fueron asesinadas, fue omisa en establecer mecanismos de prevención en su favor para evitar que sufrieran nuevas amenazas o agresiones a su vida, o bien disponer de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los demás familiares de los agraviados. La omisión de los 10 agentes que tuvieron en sus manos los casos, sostiene, consiste en practicar las diligencias mínimas necesarias para la investigación de la verdad histórica de cada uno. No sólo eso, tampoco buscaron informes policiales ni dictámenes periciales, por lo que encontraron una deficiente actuación ministerial. Los sobrevivientes han sido lesionados de diferentes maneras porque sus domicilios y negocios fueron incendiados, pero la fiscalía informó a la CNDH que no había denuncias, a pesar de que fueron hechos públicos dados a conocer en medios de comunicación. “De esta manera, las víctimas y los ofendidos no sólo se enfrentaban a las consecuencias derivadas del delito, sino que, además, padecían de una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en el sistema de procuración de justicia, acciones y omisiones que forzaron a los familiares a salir del estado de Chihuahua, en búsqueda de salvaguardar su integridad física”. Enseguida los puntos que destacan en la recomendación de la CNDH: - Brindar asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de las víctimas. - Brindar medidas de protección urgentes (después de dos años y más) para los integrantes de la familia agraviada que residen en otra entidad federativa. - Que la Fiscalía realice las acciones necesarias para la integración y determinación de las carpetas correspondientes a cada homicidio. - Que la Fiscalía colabore con la queja de la CNDH para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que fueron omisos y negligentes en los casos. - Que se colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos presentada por la CNDH contra los servidores públicos. - Que se den medidas pertinentes para que a los familiares desplazados se les respeten sus derechos humanos, o bien les brinden lo necesario en caso de que deseen regresar a su lugar de origen. - Que se garantice la no repetición de ese tipo de actos. - Que se implemente un Programa Integral de Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos, dirigido a todo el personal del gobierno del estado de Chihuahua.