MÉXICO, D.F. (apro).- El aval al Seguro Nacional de Salud Universal es una trampa para eliminar la seguridad social porque será usado con los servicios que abarca el Seguro Popular (SP). Así lo expresaron la exsecretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Assa Cristina Laurell, y el presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, Ismael Bautista, quienes consideraron que se trata de un seguro pagado por el individuo, que abre la administración de los fondos y prestadores del servicio a la iniciativa privada. “Esto significa que los derechohabientes del IMSS perderían la mayor parte de su cobertura médica o tendrían que pagar un seguro adicional, público o privado”, asegura Laurell en entrevista con Apro. Añade: “El despido y recontratación de los trabajadores tendría la finalidad de bajar los costos de personal y meterlo a competir con los privados. Este modelo viene desde la reforma de 1995/97, que no ha prosperado hasta ahora, pero podría imponerse con el desfinanciamiento sistemático del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y la introducción del SP”. De acuerdo con la exfuncionaria capitalina, la quiebra del IMSS no es una fatalidad, es un objetivo político largamente perseguido que tiene implicaciones graves para los trabajadores del instituto y también para sus derechohabientes. El plan El 16 de julio de 2013 el diario La Jornada informó que la firma de análisis Consultores Internacionales (CI) sabía que el IMSS operaba con un déficit de 18 mil millones de pesos anuales –una virtual quiebra técnica--, y previó que para 2016 se agotarían los fondos provisionales para su operación. Los “consultores” consideraron que la reforma al sistema de pensiones, ligada a la hacendaria en el Pacto por México, se dio para aumentar los recursos para el pago de pensiones, “por lo que unificar el sistema nacional de salud podría dar mayor viabilidad financiera y operativa”, según la nota de La Jornada. CI también culpó del déficit al peso de la nómina, que cuenta con más de 400 mil trabajadores en 35 delegaciones, lo que generó un pasivo laboral de 1.9 billones de pesos sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Según cifras oficiales, el presupuesto del IMSS es de 3 billones de pesos, y el gasto de pensiones en 2012 ascendió a casi 49 mil millones de pesos, cuatro mil millones menos que en 2013, cuando sumó alrededor de 53 mil millones. El 19 de noviembre del año pasado el senador priísta y líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, anunció la quiebra del IMSS y el rescate por parte del gobierno federal mediante la creación de un solo modelo de pensión de trabajadores, con una aportación de 500 millones de pesos anunciada en una asamblea del consejo técnico, según una nota informativa del periódico Vanguardia. González Cuevas explicó que el IMSS tenía dos fondos de reservas para las pensiones, uno de los cuáles está agotado. Eran los seguros de enfermedad y de maternidad. El trasfondo del problema, agregó el líder sindical, es la numerosa nómina de trabajadores. “Que ya no haya ISSSTE, que no haya Secretaría de Salud, que todo sea un solo sistema y que todo sea pagado con impuestos porque terminarían las cuotas obrero patronales, esa es la propuesta. Es lo que está en el Pacto por México”, señaló González Cuevas, uno de los representantes del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Adiós al IMSS El 16 de octubre de 2012 Eduardo Barrera, encargado de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en sustitución de Valdemar Gutiérrez Fragoso --quien había sufrido tres infartos--, firmó con el entonces director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, un convenio que elimina derechos y obligaciones de los trabajadores, contenidos en su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). El acuerdo fue adicionar la cláusula 12 bis al CCT 2011-2013 para que “los trabajadores clasificados de confianza ‘A’ que inicien labores a partir de la vigencia de esta cláusula quedarán excluidos (…) de las condiciones laborales estipuladas en el presente pacto colectivo, rigiéndose sus relaciones con el Instituto conforme a los artículos 256 y 286 I de la Ley del Seguro Social”. Históricamente los trabajadores del IMSS se regían por el apartado “B” de la Ley Federal del Trabajo, que les permite sindicalizarse, y a los de confianza tener los mismos derechos y obligaciones pactados en el CCT. Con estos cambios, los nuevos empleados quedarán sujetos al Apartado “A” de la ley junto a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Sistema de Salubridad Nacional, es decir, la burocracia de la salud, que no tienen sindicato, ni CCT, y condiciones laborales muy por debajo de las de los empleados del IMSS. Aunque la ley no es retroactiva en este país, en el convenio firmado el 16 de octubre de 2012 se pide aplicar la cláusula 12 bis a quienes comenzaron a laborar desde el 1 de enero de ese año y a partir de la firma del acuerdo, realizado al margen de un congreso nacional del SNTSS o de una negociación contractual. Este cambio viene acompañado del Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” del IMSS, cuya copia de la última versión (2 de diciembre de 2011) tiene Apro y que, a decir de Ismael Bautista, es la entrada para la transformación del sistema de seguridad social prometido por Enrique Peña Nieto en el Pacto por México. El estatuto En el Título Tercero sobre las condiciones generales de trabajo se indica que la jornada laboral será continua o discontinua, de ocho horas, con 30 minutos para descansar o tomar alimentos; aquellos que trabajen más horas tendrán 60 minutos para esta actividad “por cada ocho horas laboradas”. A quienes registren su asistencia entre los minutos seis y 30 de cada hora se les aplicará el descuento del tiempo no laborado, es decir que ya no podrá trabajar, y se le considerará una falta, a menos que el titular de la Unidad Administrativa ordene lo contrario. Si tiene que ausentarse debe pedirlo al titular “o en quien se delegue esa facultad”. Los trabajadores tendrán un periodo mínimo de vacaciones de 16 días y máximo de 20. Los permisos y las licencias se darán sin goce de sueldo. Tendrán descuentos en el salario para la aportación del Fondo de Ahorro Individual, entre otros puntos. El Capítulo VII artículo 37 considera Personal Operativo “a todos aquellos trabajadores clasificados como de confianza ‘A’ en el CCT que no estén comprendidos en el personal de mando”, que son los funcionarios de mediano y alto nivel del IMSS. Contempla puestos de libre designación que van desde el secretario general hasta los que no estén clasificados como de confianza “B” en el CCT. Los nombramientos del personal de mando, directores normativos, titulares de unidad, delegados y directores de unidad médica de alta especialidad, serán avalados por un Consejo Técnico, pero propuestos por el director general en turno. Sobre la separación del trabajador, podrá hacerse por renuncia, rescisión y “la desaparición del puesto por motivos de reorganización de estructuras o reducción de presupuesto”. Ese trámite se hará de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT). El pasado 28 de enero, miembros de la Asamblea de Trabajadores Democráticos del Seguro Social denunciaron que no se está contratando a personal con la categoría 08, es decir, eventuales o sustitutos. Esa medida comenzó a aplicarse a principios de año, cuando se instaló el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), que según les informó el Instituto a los trabajadores es para tener más organización en la contratación. Privatización En marzo de 2012 circuló una grabación de la junta del Consejo Técnico del IMSS realizada en agosto de 2010, en la que se planteó una opción para despedir e indemnizar a todos los trabajadores para recontratarlos con un nuevo CCT, con menos prestaciones y un Régimen de Jubilaciones y Pensiones igual al de los asegurados de la institución, es decir, mediante Afores. Pero el centro del conflicto es el SEM, que según directivos del IMSS quebrará a la institución. Al respecto, la exsecretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Asa Cristina Laurell, afirma que ese proyecto data desde la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995. Desde entonces, agrega, se quiere introducir un nuevo modelo de pago semejante al Seguro Popular. Recuerda que este mismo proyecto para homologar los servicios de salud, para que los administren prestadores de servicios, fueron instaurados en Colombia por José Luis Londoño, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1997, y Julio Frenk Mora, que en ese año era vicepresidente de la Fundación Nacional de la Salud (Funsalud) y posteriormente, en 2000, fungió como titular de la Secretaría de Salud del gobierno de Vicente Fox Quezada. De acuerdo con Ismael Bautista, este nuevo sistema “rompe con la bilateralidad del CCT, acaba con la carrera institucional y los nuevos trabajadores se irán al apartado “B” de la ley, junto con el ISSSTE y Salubridad”, que no tienen. En pocas palabras, esta cláusula acaba con el CCT, aseguró el presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza. --¿Qué pasa con los trabajadores activos? –, se le preguntó. --Ellos (las autoridades) han prometido que no van a tener ningún problema. No creemos. Ellos tienen un proyecto para comprar las jubilaciones. Te hacen una expectativa de vida, de más o menos cuántos años te quedan, y sobre eso te dicen el monto de la jubilación comprada. “Con las expectativas de sus analistas, ellos dicen que por las expectativas de vida alcanzan un millón y medio de pesos. La tendencia es quitarse la carga del Seguro Social pagando a los jubilados y comprarle la jubilación a los activos”, agrega. En la actualidad, comenta Bautista, los propios trabajadores refinancian su Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP). A un médico le quitan mil 700 pesos mensuales para fondearlo. A la categoría más baja, que son los de intendencia, le quitan alrededor de 300 pesos quincenales, pero ganan muy poco. “Nos pasaron la responsabilidad del RJP. A los jubilados les están descontando también”, sostuvo. La cláusula 12 bis y el Estatuto “A” mutila nueve cláusulas del CCT: la 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 131 y 133, y tres transitorias: la cuarta, la trigésima y la trigésima primera. Cancela el Reglamento de Confianzas “B” y mutila el Reglamento Interior de Trabajo en los artículos respectivos a derechos de los trabajadores. También desaparece la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, y el Reglamento para la Transformación de Plazas de Nivel 34 de médico general a categoría de médicos autónomos. Y esto, a decir de Bautista, afecta no sólo a los trabajadores de confianza, sino a los sindicalizados, porque así funcionará el nuevo Sistema Universal de Salud. El presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, acusa a las autoridades encargadas del IMSS de terminar con el dinero de las pensiones para gastarlo en campañas políticas. “Lo último que está documentado que hizo Juan Molinar Horcasitas (exsecretario de Salud) de los 3 mil millones de pesos de los rubros de jubilaciones y pensiones, es que los agarró para fondear y rescatar empresas en el gobierno de Felipe Calderón. Eso está documentado en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación de 2010”, refirió. Este desmantelamiento mediante la corrupción de gobiernos priístas y panistas, añadió, acabará con la calidad de los servicios médicos que presta el IMSS. “Como podemos ver, al gobierno represor de Enrique Peña y a los priístas de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y la CROC que se encuentran en el Consejo Técnico del IMSS nada les importa la salud de los mexicanos”, indica. Liderazgos fraudulentos Bautista también denuncia la ilegalidad del nombramiento de Manuel Vallejo como secretario general del SNTSS, en sustitución de Valdemar Gutiérrez Fragoso, que quedó en estado de coma el 23 de mayo de 2012 y a la fecha se desconoce su estado de salud. Lo irónico es que, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el 25 de noviembre de 2013 Gutiérrez Fragoso tramitó, a través de sus abogados, un amparo indirecto ante el quinto juzgado de distrito en materia laboral contra la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, por haber entregado a Manuel Vallejo Barragán la toma de nota como nuevo dirigente del SNTSS. Un mes después el mismo juzgado negó la suspensión provisional y la definitiva al amparo interpuesto por el exdirigente sindical. Hasta el día de hoy Vallejo no tiene la toma de nota como secretario general del SNTSS, ya que se le entregó una “constancia de comunicación de cambio de directiva a la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, expedida –según el documento cuya copia está en poder de Apro–mediante la resolución 211.2.2.-4938 de fecha 25 de noviembre de 2010”. Pero Gutiérrez Fragoso también era líder espurio. En 2010, la Dirección General de Registro de Asociaciones Sindicales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le entregó de manera ilegal dos tomas de nota, una para integrar un artículo transitorio al CCT y otra para avalar una reelección anticipada, del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2018. Ante la gravedad del estado de salud de Gutiérrez Fragoso, se dejó como encargado de despacho a Enrique Barragán, secretario del Interior, quien firmó el convenio citado, hasta que se cumplió el tiempo de elegir al nuevo secretario general. Violando los estatutos salió electo Manuel Vallejo, subraya Bautista. El 11 de diciembre de 2012, José Miguel Ángel Van-Dick Puga, quien compitió con Gutiérrez Fragoso por la secretaría general del SNTSS, se refirió al estado de salud de éste, lo que provocó que un nuevo grupo de poder encabezado por Manuel Vallejo, personaje totalmente desconocido para los 140 mil trabajadores activos y 180 mil jubilados, tomara por asalto el control del sindicato. Bautista sostiene que se eligió a la nueva dirigencia sin derogar el artículo séptimo de los estatutos sobre la reelección de Gutiérrez Fragoso hasta 2018. Y Van Dick presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda contra la elección del actual CEN, debido a que Vallejo Barragán impidió el registró y la participación de aquel y de Alfonsina Sánchez para la dirigencia del sindicato del IMSS, violando con ello sus estatutos.