Turbios negocios en la embajada de Estados Unidos

sábado, 8 de marzo de 2014
Más de 100 millones de dólares destinados al combate al narcotráfico en México fueron a dar a la basura. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos es el encargado de licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa Mérida y no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas empresas, con resultados desafortunados. Esas tres compañías no tienen capacidad para cumplir las funciones que se les encomiendan, pero siguen siendo las consentidas y recibiendo contratos para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM... WASHINGTON (Proceso).- Por el sistema preferencial que aplica la embajada de Estados Unidos en México para asignar contratos a empresas estadunidenses, se malgastaron más de 100 millones de dólares que debían ser utilizados para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de la Iniciativa Mérida. Según documentos obtenidos por Proceso, Fred Schellenberg, coordinador de Tecnología de la Sección de Asuntos sobre Narcóticos de la embajada de Estados Unidos en México, incurrió en medidas preferenciales para asignar contratos por más de 100 millones de dólares a las empresas Alutiiq 3SG, All Native Services (ANS) y Sarakki Associates Inc. Las empresas beneficiadas por Schellenberg, como se observa en los documentos y de acuerdo con las fuentes consultadas,  proveen sistemas y soluciones de tecnología profesional para respaldar las actividades y mecanismos de seguridad nacional. “El problema”, dice una de las fuentes consultadas y quien por razones de seguridad pide no se revele su identidad, “es que estas tres empresas han entregado sistemas que no funcionan para los propósitos definidos y solicitados por el gobierno mexicano pero nadie dice nada, nadie supervisa ni nadie en la embajada de Estados Unidos ni el gobierno mexicano audita que los sistemas y las soluciones funcionen”. Para obtener sistemas y equipo bajo el esquema de la Iniciativa Mérida el gobierno de México hace una solicitud a la embajada de Estados Unidos, la cual recibe directamente Schellenberg; él analiza el pedido y si procede –según su criterio– contrata a una empresa 8(a) para que haga un análisis a fondo de los requerimientos. Una empresa 8(a) es la que presenta la viabilidad de la solicitud y se propone para su implementación. La embajada autoriza a la empresa elegida a encargarse del proyecto. Con ello la compañía procede a contratar a quien desee para ejecutarlo. Y México tiene que “firmar de recibido” el proyecto para su cierre. Según los estatutos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) del gobierno estadunidense, Alutiiq, ANS y Sarakki están clasificadas como empresas 8(a), categoría de pequeñas compañías que están en desventaja frente a los grandes consorcios. Pero en Estados Unidos las tres empresas favorecidas por Schellenberg no pertenecen a la categoría 8(a); están catalogadas como empresas grandes y competitivas. No obstante para obtener contratos en México –y porque sus dueños o las sociedades que las integran pertenecen a grupos étnicos minoritarios–, las tres concursan bajo el esquema mencionado y así se les elimina la competencia. ANS y Alutiiq pertenecen a indígenas mientras Sarakki es una sociedad del estadunidense Greg Mosley y dos indoestadunidenses: Venu Sarakki y Pranesh Tarikere. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1949, ya en circulación)