El propósito de la indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República contra el corporativo Energy Group México, de los hermanos Rodríguez Borgio y su socio Martín Díaz Álvarez –sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz–, es probar que los más de 11 mil millones de pesos que obtuvo ese grupo gasolinero de 2009 a febrero último provienen del robo de hidrocarburos a Pemex. Y aun cuando las autoridades mantienen congelados esos fondos, a través de sus abogados los empresarios, poseedores también del 15% de las acciones de Oceanografía, piden desbloquearlos para continuar con sus sucios negocios.   El fraude más reciente de Oceanografía –detectado y denunciado en febrero pasado por el grupo financiero estadunidense Citigroup, cabeza de sector de Banamex-México– dio pie a delitos nuevos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, robo y evasión fiscal que implican a dos personajes: Martín Díaz Álvarez y los hermanos Rodríguez Borgio. Ambos poseen 15% de las acciones de Oceanografía bajo la razón social Energy Group México SAPI de C.V., e incluyen a las empresas Gasolineras Grupo Mexicano (GGM), Grupo Gasolinero México, Inmobiliaria GGM, Súper Servicios Gas Zam, Gasolinera del Bajío, Grupo Gasolinero Metropolitano, Operadora Kamerum, Grupo Queroil y Distribuidora de Combustible GGM, Ese entramado de firmas remitió a la autoridad judicial a investigar sobre la ordeña de ductos por parte del crimen organizado, cuyos miembros venden el producto a ese grupo energético. Y aunque la compra ilegal de hidrocarburos por parte de GGM se realizó en 2012, en diciembre de 2013, cuando ya tenía bajo investigación a Oceanografía y sus socios, Pemex pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que indagara los movimientos bancarios de las decenas de cuentas en las que Díaz Álvarez viene participando desde 2005. Luego del acta circunstanciada que abrió en 2013 (PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013), la Procuraduría General de la República consolidó la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/065/2014 contra GGM. El propósito es probar que los miles de millones de pesos que obtuvo el grupo gasolinero en los últimos años provienen del robo de hidrocarburo a Pemex. Según los documentos obtenidos por Proceso,  de 2009 a febrero de 2014 (cuando la PGR abrió la averiguación previa), la mancuerna Rodríguez Borgio-Díaz Álvarez obtuvo 11 mil 218 millones 455 mil 137 pesos por las ventas en las más de 60 estaciones de servicios de gasolina que tienen en el país... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1956 de la revista Proceso, actualmente en circulación.