Tuvieron que pasar nueve años –siete de ellos bajo presidencias panistas– para que el gobierno federal notara que los centros de apuestas de Juan José Rojas Cardona operaban de manera irregular. También descubrió que el llamado Zar de los Casinos había sido protegido por funcionarios del Poder Judicial, y si bien ya emprendió la defenestración de jueces y magistrados y la clausura de centros de juego, no ha tomado acciones contra el empresario, que sigue impune. MONTERREY, N.L. (Proceso).- Al menos 10 funcionarios del Poder Judicial federal han sido castigados por favorecer ilícitamente a Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, aunque él sigue en la impunidad. Ante las evidencias exhibidas en los medios, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se vio obligado a acusar públicamente a jueces, magistrados y secretarios, a quienes dice investigar por haber dado trato de privilegio al dueño de la empresa Entretenimiento de México (Emex), la cual maneja 26 casas de apuestas en el país. Pese a ello, el magnate de los juegos sigue alejado de los reflectores, viendo crecer el imperio que construyó durante más de una década amparado –según reiteradas acusaciones– por gobernantes panistas a los que presuntamente apoyó con dinero en sus campañas políticas. Pero este sexenio la suerte comenzó a cambiarle a Rojas Cardona: la Secretaría de Gobernación (Segob) arremetió en su contra, acusándolo de haber obtenido ilícitamente los permisos para abrir sus casinos. Diversas fuentes han sostenido que en el sexenio de Vicente Fox El Zar no presentó toda la documentación indispensable para que le autorizaran la apertura de 50 casas de apuestas. En esta ciudad, sede de Emex, se han externado acusaciones públicas de que Rojas Cardona ha vivido amparado por la alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes. Aldo Fasci Zuazua, dirigente del PRI en esta capital, apunta: “Cada día es más evidente que El Zar de los Casinos manda en Monterrey y que sus tentáculos se extienden hacia el Poder Judicial”. Alega que el gobierno federal dejó sin efecto los permisos de operación de todos los establecimientos de Rojas, pero el ayuntamiento de Monterrey no ha emprendido ningún procedimiento para revocar el uso de suelo de los cinco negocios que tiene Emex en esta ciudad. El pasado 24 de abril la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Segob clausuró siete negocios de Rojas. Éste, a su vez, cerró otros 19 casinos. Pese a ello, el miércoles 21 Gobernación decidió poner los sellos de clausura en esos 19 centros. A estas 26 clausuras se suman otras seis: la de los establecimientos de la empresa Exciting Games, filial de Emex. Juan José Rojas Cardona casi nunca aparece en público. Después de las primeras clausuras de sus establecimientos, se dejó ver ante los medios en una aparición supuestamente casual. El pasado 28 de abril fue a comer a un restaurante del municipio de San Pedro Garza García y al salir se encontró rodeado de cámaras y micrófonos de reporteros que buscaban una declaración, que no dio. Su vocero, Eduardo Campos Sémeno, dijo que su jefe está en paz y respondiendo jurídicamente los embates del gobierno federal. Cuatro días antes se habían clausurado siete de los casinos de Rojas Cardona en el país, pues Emex no tenía permisos en regla. La autorización para la operación de todas sus casas de juego fue revocada. Los permisos de Emex fueron expedidos en 2005, cuando Vicente Fox era presidente y Santiago Creel secretario de Gobernación. Transcurrió el último año del gobierno foxista, todo el sexenio de Felipe Calderón y dos años del de Enrique Peña Nieto antes de que se revisaran esas licencias. El 25 de marzo de 2005 Entretenimiento de México S. A. de C. V. (Emex) se constituyó en sociedad, en un acto protocolario en Monterrey. El 25 de mayo de ese año fue expedido el permiso DGAJS/SCEVF/0543/2008 a favor de Emex para la instalación, apertura y operación de un hipódromo-galgódromo y 50 centros de apuestas remotas con salas de sorteos de números. El permiso es por 25 años y caduca el 25 de mayo de 2030. Como titular del permiso aparece Arturo Rojas, hermano del Zar de los Casinos, quien ubicó su domicilio en San Nicolás de los Garza. Firma Manuel Ignacio Fierro Evans, entonces titular de la DGJS. El 15 de octubre de 2008 la DGJS autorizó a Emex, junto a la sociedad mercantil Producciones Móviles, S. A. de C. V., la explotación de 40 de 50 establecimientos autorizados. El 1 de febrero de 2006 se le permitió ampliar su permiso para tener hasta 100 casas de apuestas. Primeras clausuras En 2012 aparecieron las primeras señales de acciones del gobierno federal contra el magnate de las apuestas. En distintos documentos enviados a Arturo Rojas, presidente del Consejo de Administración de Emex, la Segob le informa que tiene prohibido operar por lo menos tres casinos: el Bet & Win de San Miguel de Allende, Guanajuato (oficio fechado el 24 de septiembre de 2012); el Río, en Boca del Río, Veracruz (oficio del 9 de noviembre de 2012) y otro en la plaza ELB de La Piedad, Michoacán (oficio del 9 de noviembre de 2012). Éste último era un establecimiento de Emex en sociedad con Exciting Games. El 20 de enero de 2014 se desechó una demanda de amparo promovida por los abogados de Emex y el 1 de abril la Segob emprendió el procedimiento administrativo AJP/0126/13-XI, por no acreditar el legal funcionamiento de la empresa y por incumplimiento en las condiciones del permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005. Por ello, según el dictamen oficial, la empresa se hizo acreedora a una multa y la revocación del permiso. Emex tiene 26 casinos en el país. El pasado 24 de abril la Segob ordenó que fueran clausurados siete: Bet & Win (en San Miguel de Allende), Live (en Boca del Río), Palmas Aguascalientes (en Aguascalientes), Palmas Cumbres y Palmas Miravalle (en Monterrey), Palmas Playboy (en Cancún) y Sportzone (en San Juan del Río). La familia Rojas decidió cerrar sus otros 19 casinos ubicados en Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, el Distrito Federal, Jalisco e Hidalgo. Campos, vocero del Zar de los Casinos, dijo que tras la clausura “arbitraria” de sus establecimientos, la familia Rojas decidió cerrar el resto “para evitar que la clientela fuera afectada por alguno de esos operativos sorpresivos de la Policía Federal”. Según un reporte de sus estados financieros, oficialmente Emex tuvo ingresos netos por 59 millones de pesos en 2011, aunque un año después la cifra cayó a 22 millones. El 31 de enero de 2013 un juez de Distrito en Materia Administrativa desechó un amparo promovido por Emex para pedir que los derechos adquiridos por esta empresa fueran trasladados a Exciting Games, demanda que no prosperó por ser considerada inconstitucional. El permiso de Exciting Games actualmente es insubsistente ante la DGJS. Esta empresa tiene tres casinos, llamados Kash, en Villahermosa, Puebla y el Distrito Federal, ya clausurados. Los otros tres de esta filial y que fueron cerrados son Master Tournament, en Huixquilucan; Palmas Cuernavaca y Palmas Naucalpan. Jueces y magistrados, protectores Los días recientes han sido agobiantes para el CJF. Uno de sus consejeros, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, exprocurador general de la República y actual encargado de la Comisión Administrativa, fue ubicado en medio de una red de favores para beneficiar al Zar de los Casinos. El diario Reforma dio a conocer el martes 6 la grabación de una llamada telefónica en la que se afirma que Francisco Salazar Arreozola, abogado de la familia Rojas Cardona, se comunicó con el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, para pedirle que hablara con Mario Alberto Prado Rodríguez, secretario de Cabeza de Vaca. Según la nota, el interés de Salazar era que Rodríguez Puerto, adscrito a Tamaulipas, consiguiera que Cabeza de Vaca lo trasladara a Quintana Roo, donde sería útil a los Rojas Cardona. Ese mismo día el CJF anunció la separación del cargo de Prado Rodríguez, a quien ya se investiga. Pero antes el órgano había emprendido acciones contra otros funcionarios que protegieron y ayudaron a Emex. El pasado 5 de marzo le inició procedimiento de responsabilidad administrativa al juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís por haber otorgado suspensiones provisionales definitivas a propietarios de casas de apuestas de Nuevo León, entre ellos Juan José Rojas Cardona. Por el mismo motivo también fueron castigados los secretarios de Barbosa: Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González. Barbosa, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, fue denunciado en 2011 por el entonces alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, bajo la acusación de haber entregado indebidamente un amparo amañado a Emex para que los hermanos Rojas Cardona retiraran los sellos de clausura del casino Sportzone. El juez fue suspendido el 1 de junio de ese año, pero no fue sino hasta 2014 cuando se le abrió un procedimiento. A los cuatro funcionarios se les indaga por enriquecimiento ilícito. El caso de Barbosa, según el órgano federal, está ligado al de Luis Armando Jerezano. El 23 de enero el CJF anunció que había iniciado una diligencia disciplinaria contra este funcionario, separado de su puesto en 2011 al habérsele encontrado “elementos que presumen conductas irregulares durante su desempeño como juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila”. Con él estaba suspendido Gerardo Tiscareño Mercado, su secretario. Jerezano fue suspendido el 20 de septiembre de 2011, cuando se detectó que había entregado indebidamente un amparo a Emociones y Atracciones Vallarta, de Raúl Rocha, para operar casas de juego en el país. Esta empresa manejaba el casino Royale, donde el 25 de agosto de ese año fueron asesinadas 52 personas en un atentado. Jerezano es también mencionado en una indagatoria que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos federales cometidos por operadores del casino La Fortuna, en la capital nuevoleonesa, establecimiento que actualmente está clausurado. Un fiscal del condado de Hidalgo, Texas, lo investiga por contrabandear y depositar por lo menos 108 mil dólares en el banco IBC de McAllen. Las investigaciones posteriores arrojan que pudo haber manejado millones de dólares de manera ilícita. Pero hubo más funcionarios sancionados. El jueves 8, los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, y el juez Javier Rubén Lozano Martínez fueron suspendidos por el CJF mientras se les investiga por acciones que irregularmente emprendieron también para favorecer al Zar de los Casinos. En un comunicado el órgano señala, sin hacer referencia al empresario, que los tres fueron separados del cargo, sin derecho a percepción, luego de que se dieran a conocer “hechos públicos presuntamente constitutivos de delito” relacionados con casas de apuestas. Ochoa Torres es presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; Rodríguez Puerto es magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, y Lozano Martínez era titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey. En principio los tres fueron procesados administrativamente en relación con los audios que dio a conocer el diario Reforma. Sin embargo el miércoles 14 el CJF los denunció ante la PGR junto con Prado Rodríguez, secretario de Cabeza de Vaca. Zar casinero... y de Monterrey Fasci Zuazua sostiene que Rojas Cardona controla a la alcaldesa Arellanes y al municipio de Monterrey. Da un ejemplo: asegura que el espectacular desfile de globos gigantes que organizó el ayuntamiento el pasado 8 de diciembre fue financiado por El Zar de los Casinos. La evidencia está, dice, en que para realizar ese espectáculo fue contratada la empresa American Show Latin, propiedad de José Serrano Montoya, socio de los Rojas en otra empresa: Medios México S. A. de C. V. Además fue designado dirigente del PAN en Monterrey Iván Garza Téllez, amigo de Serrano y su excompañero en la Universidad de Monterrey. En el municipio regiomontano también es regidor José Salas, exsocio de Serrano. El pasado 9 de febrero, en la asamblea municipal en la que fue elegido Garza Téllez, desconocidos distribuyeron en el exterior de la sede del acto volantes con la portada del número 1819 de la revista ­Proceso, del 10 de septiembre de 2011, con la imagen de Rojas Cardona y el título: El Zar del Juego, una historia siniestra, donde se hace una narración de las relaciones de Rojas Cardona con panistas, entre ellos Gustavo Madero. En el mismo volante se ve una foto publicada también por este semanario en la que aparecen juntos Garza Téllez, Rojas Cardona, el arzobispo primado Norberto Rivera Carrera y el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlie. Para Fasci las acciones de la Segob contra Rojas Cardona se deben a que detectó que trabaja con permisos irregulares. Lo inexplicable es que el ayuntamiento regiomontano no haya actuado aún. “Donde vemos algo raro es en Monterrey, porque el municipio cierra a toda la competencia de Rojas, menos a él. Luego vienen las clausuras federales y no inician los procedimientos de revocación de uso de suelo”, dice. También considera insólito que a Rojas lo empiecen a clausurar hasta ahora, al detectarse inconsistencias en los permisos que le expidieron nueve años antes. “Ves campañas políticas, fotografías, eventos y se empieza a observar la red de poder que fue tejiendo Rojas con los alcaldes panistas, y eso nos preocupa a todos, porque no puede ser que este señor sea el que mande en Monterrey. Y si a esto se agrega la red en el Poder Judicial federal, debe ser muy inquietante”. El dirigente considera que por ahora El Zar de los Casinos parece intocable, porque las autoridades han procedido sólo contra jueces, magistrados y secretarios. Pero cree que en una etapa posterior de las investigaciones Rojas puede ser llamado a comparecer ante la justicia por la red de corrupción en la que, dice, está implicado.