Los procesos pendientes de las marchas

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El pasado 25 de abril, Gabriela Hernández Arriola, la activista conocida en redes sociales como “Luna Flores”, obtuvo la posibilidad de enfrentar la apelación de sus sentencia en libertad. Desde finales de octubre había estado presa en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, acusada de ultrajes a la autoridad, un delito configurado en la presunción de haber gritado a dos agentes capitalinos “puercos asalariados” la noche del 2 de octubre. Sentenciada a un año y tres meses de prisión, un delito por el que alcanzaba fianza con sólo pagar 19 mil pesos, decidió continuar presa hasta conseguir su libertad absoluta, pero los magistrados que revisan su caso le concedieron seguir su proceso en libertad, algo que la juez de primera instancia, Marcela Ángeles Arrieta, le había negado por considerarla de “peligrosidad social” debido a su asiduidad a participar en marchas. Sólo salió para enterarse de que ya hay otra averiguación en su contra abierta y que, por lo pronto, se ha girado una orden de presentación por su participación en la marcha conmemorativa del 10 de junio, pero no la han notificado porque aseguran que no está localizable. La mujer se dice preocupada. Hace unos días llegaron a su casa agentes de la Policía Investigadora, pero ella no estaba. Los recibió su hijo y sin más, se retiraron. Luego, cuando sus abogados investigaron la razón  de la visita, supieron que los agentes habían asentado en su parte informativo que no vivía en ese lugar y que tenía un domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl, que ella niega haber proporcionado. La tarde del 10 de junio, Luna Flores participó en la marcha conmemorativa de “El Halconazo” que devino en una confrontación con granaderos. En los videos difundidos hasta ahora, no se observa a la mujer agrediendo policías, sino reclamando la detención de Carlos Esteban Jiménez, integrante del Frente Oriente que ese día fue detenido junto con otros jóvenes y, de repente, es detenida, arrastrada por varios metros y subida a una patrulla. Aunque hasta ahora desconoce la querella, Luna afirma tener miedo de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera intente regresarla a prisión.   Los procesos pendientes Las detenciones de activistas ocurridas a lo largo de 2013 se han ido cayendo. Por los hechos del 2 de octubre, además de Luna Flores, han quedado en libertad seis de los detenidos en esa fecha por juicios de amparo que concluyeron violaciones a debido proceso desde el auto de formal prisión. Sin embargo, continúa preso en el Reclusorio Oriente, Jorge Mario González García, detenido a bordo de una unidad de transporte público en el Centro Histórico, acusado de ataques a la paz pública por supuestamente lanzar petardos en el trayecto. Aunque no hay denuncia por daños en propiedad, mobiliario urbano, transeúntes ni testimonios directos, fue sentenciado en enero a 5 años nueve meses de prisión. La misma juez, Marcela Ángeles Arrieta, consideró suficiente prueba el dicho de dos policías consistentes en el señalamiento contra el joven por parte de unos pasajeros que jamás fueron llamados a juicio para rendir su testimonio. A Jorge Mario ya se le negó la apelación y está en espera de que un amparo pueda revertir lo que considera una criminalización por consigna de la cual es responsable la rectoría de la UNAM. Otro de los detenidos ese día, pero en la avenida Reforma, es Alejandro Bautista, preso en el Reclusorio Norte, un activista que ha concentrado su labor en la defensa jurídica de los pueblos originarios de la delegación Tlalpan, al sur del Distrito Federal. Bautista está en espera también de un amparo y se ha proclamado preso de conciencia por su oposición a los proyectos urbanizadores e inmobiliarios del gobierno capitalino desde la época de Marcelo Ebrard, así como de la camarilla de constructores cercanos a los gobernantes perredistas. También en el Reclusorio Norte permanece Abraham Cortés, un artista callejero que se ha reivindicado “libertario” y que es acusado de incendiar a un policía con un coctel molotov. De acuerdo con su abogado, Rubén Díaz, el video que incrimina a Cortés fue editado y en realidad lanzó una botella de refresco que no llegó a la línea de granaderos como se observa en lo que, dice, es el video original.   Apelaciones en puerta Por los hechos del 10 de junio, Carlos Esteban Jiménez, Luis Barrera, Fredy Rosete Arizpe, Diego Mora, Carlos Vázquez y Diego Jacob Lara fueron sentenciados a 4 años cuatro meses de prisión. Aunque la pena es conmutable por servicio social y multa, han decidido apelar, pues insisten en que son inocentes. De acuerdo con las documentales del proceso que se les siguió, no existen pruebas contundentes que acrediten los delitos que se les imputan y este miércoles 7 de mayo se espera obtengan la resolución del acto que apelaron. El mismo día, Alejandro Montaño, sentenciado a 8 años nueve meses de prisión, espera que la apelación que interpuso sea resuelta por la sala penal del Poder Judicial capitalino. Sin embargo, en espera de la resolución ya ha sido detenido en dos ocasiones. Una, días después de que se le sentenció, cuando volvió a escalar la Estela de Luz el pasado 24 de febrero, mientras que el pasado 22 de abril fue severamente golpeado por elementos de la policía capitalina luego de ser detenido en la protesta contra las leyes complementarias en materia de Telecomunicaciones. En esa última fecha, vecinos de la colonia Doctores lo recogieron mal herido y evitaron que una ambulancia del cuerpo de emergencias de la ciudad (ERUM), se lo llevara. “El ERUM es un auxiliar del ministerio público”, dice Montaño, cuyo nombre en redes sociales es Jamspa. La información sobre el caso fue difundida por los mismos vecinos de la colonia Doctores que mostraron la imagen de Jamspa y otro joven muy golpeados y cubiertos de sangre.

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