Pemex y CFE, libres, pero a la deriva

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con el esquema de empresas productivas, el gobierno de Enrique Peña Nieto busca dejar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la deriva del libre mercado. De acuerdo con la iniciativa que expide las Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, “el corazón de la reforma” se encuentra, precisamente, en la creación de un modelo de gobierno corporativo que abarque todos los aspectos necesarios para “el adecuado y óptimo desempeño de nuestras empresas estatales”. El documento también indica que el propósito es otorgar la mínima regulación; es decir, establecer contenidos jurídicos mínimos y generar “condiciones gerenciales óptimas”, para que los consejos de administración de ambas instituciones trabajen de manera autónoma, autosuficiente y sin la participación de otras instancias. En otras palabras, que eviten a los sindicatos. Para el gobierno federal, ambas empresas se encuentran sujetas a un excesivo sistema de control gubernamental que les impide “la flexibilidad empresarial” para operar de manera eficiente. La clave es que Pemex y la CFE se conviertan en “auténticas empresas” y el Estado sea “verdadero dueño y no simple administrador”. “El enfoque sobre el diseño institucional de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se aparta radicalmente de lo que hasta ahora se había seguido, pues se transforma el papel y la injerencia del Estado mexicano en su manejo, de tal manera que las decisiones concretas de estrategia empresarial sean tomadas, caso por caso, por los órganos de administración y dirección de las empresas, a fin de que ello se traduzca, en última instancia, en mejores resultados operativos y financieros para el Estado Mexicano, como su propietario”, sostiene la iniciativa. El texto lanza la crítica a la reforma energética de 2008, durante la administración de Felipe Calderón, según la cual “la conducción de la industria petrolera siguió supeditada a los intereses del gobierno federal y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al que le correspondía nombrar a los restantes miembros del Consejo de Administración. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1957 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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