Un "apartheid" antillano

miércoles, 7 de mayo de 2014
Al más puro estilo del apartheid sudafricano, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana –su máxima instancia judicial– decidió enviar al limbo jurídico, social y económico a unos 200 mil dominicanos descendientes de haitianos. Pese a haber nacido en este país, hijos y nietos de inmigrantes que llegaron del vecino Haití a lo largo del siglo XX para trabajar en la industria cañera carecen ahora de documentos de identidad y, por ende, no pueden estudiar ni trabajar, y corren el riesgo de ser deportados a una nación que no es la suya y de la cual desconocen hasta el idioma. SANTO DOMINGO (Proceso).- Desde la vieja barraca donde antes hacinaban a los cortadores de caña traídos de Haití a la República Dominicana, Juliana Deguis Pierre, joven negra descendiente de aquéllos, observa a sus pequeños hijos corretear entre los matorrales del batey y comenta: “Algún día volveré a tener la nacionalidad dominicana para dársela a mis hijos. No pierdo las esperanzas”. –¿Se siente dominicana? –No me siento, soy dominicana. Mis padres vinieron de Haití a trabajar la caña, pero yo nací aquí en el batey, donde siempre he vivido. Ni siquiera conozco Haití. Seguiré luchando para que me regresen mi nacionalidad. Juliana y sus cuatro hijos habitan un minúsculo dormitorio con un comedor al lado donde apenas cabe la mesa con sus cuatro sillas; es uno de los compartimentos del largo barracón que sigue manteniéndose en pie a la sombra de las palmeras. Alrededor de la barraca han ido levantándose las cabañas de madera que hoy forman el batey Los Jovillos, 50 kilómetros al noreste de Santo Domingo y al cual se llega por una polvorienta terracería. Como Juliana, los 2 mil habitantes de Los Jovillos son descendientes –hasta en tercera generación– de los haitianos traídos a la zafra mediante contratos de trabajo. Pero en los noventa se cerró la producción azucarera en la República Dominicana, condenando al desempleo y a la miseria a los pobladores de los bateyes (como llaman a los conjuntos de casuchas levantadas a la vera de los cañaverales). Después el gobierno fue negándoles el acta de nacimiento y la cédula de identidad a estos dominicanos de ascendencia haitiana. Eso le pasó a Juliana, de 30 años, quien relata su experiencia: “Era empleada doméstica en una casa de Santo Domingo y necesitaba sacar mi cédula porque la señora de la casa me la pedía. Pero sobre todo me urgía tenerla para poder registrar a mi primer hijo, que entonces estaba por nacer. “Fui a las oficinas de la Junta Central Electoral (encargada del registro civil) a solicitar mi cédula. Y ahí me pidieron mi acta de nacimiento. Se las entregué. Durante mucho tiempo me trajeron dando vueltas sin resolverme nada. Al fin me dijeron que mi acta quedaba retenida por inválida y que no me darían mi cédula porque soy descendiente de haitianos. Me dejaron sin ningún documento de identidad, como si no existiera.” Juliana pidió entonces la ayuda del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, que tiene presencia en su batey. Apoyada por esta organización interpuso un amparo ante un tribunal de primera instancia, que se lo rechazó. Luego llevó su caso ante la máxima instancia, el Tribunal Constitucional. Finalmente, tras años de litigio, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional le negó la nacionalidad dominicana a Juliana y a todos los descendientes de inmigrantes haitianos irregulares nacidos en la República Dominicana de 1929 en adelante. Es una sentencia retroactiva. Se calcula que el fallo dejó sin patria a más de 200 mil personas en esta condición, además de sus futuros descendientes. Una vasta población si se compara con los 10 millones de habitantes de la República Dominicana. Prácticamente todos los organismos internacionales rechazan esta aberrante sentencia que ya está provocando una tragedia en las Antillas, sólo comparable –según los analistas– a la persecución contra los judíos emprendida por los nazis o al apartheid en Sudáfrica. En la República Dominicana se creó el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas –formado por académicos, intelectuales y periodistas de prestigio–, cuyo documento constitutivo rechaza el “genocidio civil” y el “apartheid de cientos de miles de personas, el cual se transmitirá indefinidamente a sus descendientes”. “Perfil sospechoso” Tras el fallo, Juliana se convirtió de inmediato en un símbolo de esta catástrofe humanitaria. Los medios empezaron a difundir su caso y su rostro color ébano –de ancha nariz y cabello crespo– pronto se hizo conocido. Cuenta: “El día de la sentencia yo estaba haciendo el aseo en la casa de la señora, en Santo Domingo, cuando alguien tocó la puerta. Abrí. Era una periodista que no sé cómo dio conmigo. “Me dijo: ‘Juliana, el tribunal acaba de decir que te quita la nacionalidad a ti y a los demás descendientes de haitianos’. Sentí un escalofrío. No podía creerlo. Pensé en el difícil futuro de mis hijos. “A los pocos días la señora de la casa me dice: ‘Estás saliendo mucho en las noticias, ya no te quiero aquí conmigo, me puedes traer problemas’. Me entregó mis cosas y me corrió. Desde entonces nadie quiere darme trabajo.” Tiempo después el gobierno estadunidense le ofreció una visa humanitaria para sacarla del país. Pero Juliana no pudo salir; sin acta y sin cédula le fue imposible tramitar un pasaporte. Hoy vive atrapada en Los Jovillos, temerosa de ir a Santo Domingo porque allá la gente la agrede en la calle. “Una vez un hombre me reconoció y me gritó furioso: ‘¡Maldita negra del diablo! ¡Vete para Haití porque tú no eres dominicana!’... Me da miedo salir de Los Jovillos”, comenta la mujer, quien se siente más segura entre los demás apátridas de su batey. Las redadas de los agentes de migración son otro peligro para estas personas. Suelen capturarlas y deportarlas a la frontera con Haití, junto con los inmigrantes haitianos ilegales que actualmente llegan a la República Dominicana en busca de trabajo. Los apátridas quedan varados en la línea fronteriza por no poder ingresar a Haití, cuya lengua, el creole, no saben hablar. Se ven obligados a regresar hambrientos a sus comunidades y sorteando mil peligros, según un estudio de la organización de derechos humanos Centro Bonó, publicado en la edición número 15 de su revista Observatorio de derechos humanos. Ana María Belique, del Centro Bonó, detalla: “Si al momento de agarrarte no traes papeles y te ven pinta de haitiano, te llevan al centro de retención y de ahí a la frontera. Las deportaciones no se realizan de manera transparente y organizada. Migración ni siquiera registra a las personas deportadas”. –¿Qué características toma en cuenta para deportarlas? –Lo que ellos llaman tener “perfil sospechoso”; ser joven, negro, pobre y andar mal vestido. De modo que los dominicanos descendientes de haitianos encajan en ese perfil. No pueden transitar libremente por la calle. Se dice que el color de piel de los haitianos es más negro que el de los dominicanos, quienes se definen como “indios claros”, “color canela” o de plano “blancos” por ser descendientes de españoles. Es pura cuestión mental, parte del imaginario racial. Sin trabajo, sin escuela Uno de los miles de excluidos es Juan Alberto Antuan, de 25 años, oriundo de Sabana Grande de Boyá y a quien le negaron la cédula de identidad por ser hijo de haitianos. Relata: “Estuve solicitando mi cédula para poder continuar mis estudios. Primero me trajeron yendo y viniendo para dármela. Después decían que esperara más tiempo porque me estaban investigando por ser hijo de haitianos. Y por fin me la negaron diciéndome que no me corresponde la nacionalidad dominicana. Vino después la sentencia del Tribunal Constitucional que acabó con mi futuro. “Quería estudiar medicina en la Universidad de Santo Domingo. Había conseguido una beca para hacerlo, pero la perdí por no tener la cédula. En un tiempo logré conseguir un trabajo en el área de reforestación, luego me despidieron por el mismo motivo. A mi edad muchos jóvenes ya son profesionistas y yo ni siquiera tengo empleo. No puedo hacer nada. Mi vida quedó paralizada. Temo hasta salir a la calle porque no tengo ningún documento de identidad y me puede agarrar migración.” Como muchos dominicanos, Baltolo Jean Montes, un veinteañero alto y musculoso, quiso ser una estrella del beisbol, el deporte nacional que enardece multitudes. Iba bien en su carrera deportiva hasta que cumplió la mayoría de edad y le exigieron la cédula. Igual le ocurrió con sus estudios; terminó el bachillerato y ya no pudo continuar con la universidad. “No tengo derecho a nada por mi sangre haitiana. Me la paso sentado con mis amigos sin nada qué hacer, temeroso de que llegue migración y me tire a la frontera”, dice. El excónsul general de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison, es uno de los principales defensores de estos desnacionalizados, igual que Gonzalo Vargas Llosa, jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República Dominicana e hijo del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa. A Paraison y Vargas Llosa su postura les acarrea duros ataques de los sectores ultranacionalistas, los cuales piden que se les declare personas non gratas y se les expulse del país por su “intromisión” en asuntos internos, como la sentencia del Tribunal Constitucional. En su casa de Santo Domingo, Paraison comenta de buen humor: “Gonzalo y yo somos compañeros de infortunio. Hay sectores que no nos quieren. Piden nuestra expulsión. Y en protesta contra su padre, otro crítico de la sentencia, aquí están quemando su novela La fiesta del chivo, ambientada en la República Dominicana”. –¿Qué poderes se mueven detrás de la sentencia? –Hay detrás una corriente claramente antihaitiana con poder político y mediático. Y también figuras con mucho peso eclesiástico. Es una corriente ideológica surgida en la época del dictador Trujillo, quien por cierto ordenó una matanza de miles de campesinos haitianos en 1937. “Esa misma corriente volvió a manifestarse en los noventa cuando el político de origen haitiano José Francisco Peña Gómez fue candidato a la presidencia. Lo consideraban un peligro para la soberanía nacional. Se decía que de llegar al poder consolidaría el viejo proyecto de fusionar la isla en un solo país, una idea falsa y disparatada. “Ahora esa corriente se manifestó con la sentencia, cuyas trágicas consecuencias se comparan con la exclusión de los judíos en la Alemania nazi o con el apartheid sudafricano. Es totalmente contraria a varios instrumentos jurídicos internacionales, empezando por la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Paraison indica que la sentencia incluso es opuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2005; fue por el caso de dos niñas dominicanas descendientes de haitianos ilegales a quienes se les negaba la nacionalidad. La Corte estableció textualmente que “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos” y pidió al gobierno dominicano darles la nacionalidad a las menores. De manera que, dice, la sentencia resultará un caso perdido ante la Coidh. La cabeza de la corriente xenófoba es el poderoso cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, setentón de voz pausada y modales ceremoniosos que gusta lucir en público sus suntuosos atuendos arzobispales. Parte de su prédica actual es insistir en que los descendientes de haitianos “no son dominicanos”. Además de ser arzobispo de Santo Domingo, López Rodríguez tiene otras importantes distinciones eclesiásticas: es presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, arzobispo primado de América y además oficia en la catedral Primada de América, una imponente mole de piedra construida a orillas del mar por los primeros conquistadores españoles que de aquí partieron al continente. El escritor Mario Vargas Llosa –en declaraciones a la prensa y en sus escritos periodísticos– viene pidiéndole al Papa Francisco que ya destituya al cardenal porque es un personaje “prehistórico”, “reaccionario” y “antidemocrático” que “apoya leyes racistas”. En sus chozas de lámina y tablón las más de 100 familias del batey Palmarejo –a las afueras de Santo Domingo– sobreviven ajenas al forcejeo político que decide su destino. Aún quedan algunos haitianos que llegaron al corte de la caña contratados entonces por el Consejo Estatal del Azúcar, como Jean Claude D’Haití, un viejo de piel endurecida que recuerda nostálgico aquellos años de bonanza: “Entonces teníamos por lo menos trabajo seguro y un salario fijo. Eran otros tiempos. Todo esto que ve eran puros cañaverales”, dice señalando el entorno de maleza. –¿Le quedan por lo menos documentos para poder vivir en la República Dominicana? –Sólo el carnet de trabajo que nos daban para venir a la zafra. Pero ahora no es válido. El gobierno no lo reconoce como antes lo hacía. Ni siquiera nos sirvió para que nos dieran una pensión. Yo quedé como ilegal, lo mismo mis hijos. –¿Piensa regresar a Haití? –Podría hacerlo porque allá nací, pero ¿de qué viviría? ¿Y mis hijos? Ellos nacieron aquí y no podrían salir. Se quedaron sin patria. Además en Haití no nos queda familia. En la misma situación está la demás gente de Palmarejo. Aquí echamos raíces. –¿De qué viven ahora? –De la basura. Y apunta hacia una planicie donde los pobladores del gueto –harapientos y descalzos– amontonan botellas y bolsas de plástico que recogen de los basureros de Santo Domingo. Lavan el desperdicio en un arroyo de aguas turbias, con los pantalones arremangados. Después lo venden a una empresa recicladora. “Es el arroyo de La Rigola. Todo el año lleva agua. De no ser por el arroyo nos moriríamos de hambre”, explica Jean Claude.

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