GUANAJUATO, Gto. (apro).- El 22 de noviembre de 2013, Claudia González denunció penalmente a su pareja, José Antonio, por violencia intrafamiliar. Después de cinco meses de espera, sigue sin ver resultados y sí, por el contrario, ha tenido que soportar amenazas de su excompañero. Por tal motivo, decidió contar su historia en las redes sociales y pedir la ayuda de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. En noviembre del año pasado, dice, después de convencer a José Antonio de que la dejara salir del cuarto donde vivían, en el barrio de San Luisito, para comprarle un pollo, acudió a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. La mujer llegó a ese lugar brutalmente golpeada, por lo que el médico legista que la examinó optó por enviarla al Hospital General de Guanajuato a fin de que le hicieran una revisión. De acuerdo con los resultados de las radiografías, presentaba un esguince en la muñeca izquierda y una lesión en las cervicales. En el cuello llevaba las marcas de las manos de José Antonio luego de que intentó asfixiarla. Posteriormente entregó a la agente Laura Esthela Acevedo Durán diversos videos, grabaciones, hojas de atención médica, radiografías y recetas de sus consultas en el Seguro Popular. Después de unos días de haber levantado la denuncia empezó a recibir amenazas telefónicas y mensajes de parte de José Antonio. Claudia se presentó de nueva cuenta en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para ampliar su declaración y dejar asentado que hacía responsable a su expareja de cualquier cosa que le sucediera. Pasaron los días y los meses. Cada que acudía al Ministerio Público (MP) para preguntar cómo iba su asunto, las respuestas eran: “no se le pueden dar informes”, “la agente está muy ocupada”, “no hay quien la atienda”, etc. El pasado viernes 2, en una nota publicada en el diario AM, Claudia dijo que creía que su denuncia había sido archivada. En entrevista con Apro, afirma que en el MP le negaron el expediente cuando solicitó que se lo mostraran para ver qué diligencias o actuaciones se habían practicado. No obstante, pudo constatar que el resultado del peritaje psicológico concluía la necesidad de que recibiera atención especializada, pero nunca le fue proporcionada. “Yo me enteré accidentalmente, nadie me dijo nada, ni me han ofrecido terapia ni nada”. Ante la falta de respuesta en el MP, el pasado 23 de abril –cinco meses después de haber presentado la denuncia– Claudia llamó a las oficinas de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en León y pidió su intervención. En la tercera llamada que hizo, personal de la dependencia le hizo saber que antes de abrir un expediente de queja se comunicaron a la oficina de la agente del MP que llevaba su caso, y “le pedían una oportunidad” para atenderla como era debido e informarle del avance de la investigación. Al día siguiente Claudia recibió una llamada de la Agencia del Ministerio Público y le solicitaron que se presentar “cuando pudiera y a la hora que fuera” para atenderla. El 29 de abril la agente del MP le informó “que el juicio de su caso será el 14 de mayo”. Pero en realidad ese día se celebrará la primera audiencia del juicio oral contra su agresor por violencia intrafamiliar, tipificada en el artículo 21 del Código Penal del estado. Claudia vivió cuatro años con José Antonio. Durante los primeros meses de la relación, el hombre acudía constantemente al Instituto Estatal de Ciencias Penales, con el propósito de convertirse en integrante de las Fuerzas de Seguridad del estado. No logró el empleo y ella se hizo cargo de la manutención de ambos por un tiempo. Poco después José Antonio consiguió trabajo, primero como chofer de un Oxxo y después en un transporte urbano de esta capital, entonces Claudia decidió dejar de trabajar. En ese momento, con cualquier pretexto, comenzaron los episodios de violencia física. “Cállate, que por mí tragas”, le gritaba él. “Yo nunca decía (a nadie) que me golpeaba. Pero es que el decía: es que me desesperaste, tú tienes la culpa”, relata la víctima. El 21 de marzo de 2013 descubrió que el sujeto golpeador sostenía una relación amorosa con una menor de 14 años. Cuando le reclamó, José Antonio la golpeó tan fuerte que Claudia tuvo que ir al Hospital General. “Llegué con toda la cara hinchada y moretones en los costados porque me pateó. Me pasaron con la trabajadora social, fue la primera vez que admití la violencia de él”. En ese momento la trabajadora le preguntó si quería denunciar o no. “Tuve miedo”, dice Claudia. En el hospital la canalizaron al área de Psicología del Maltrato, donde recibió atención por el trastorno de ansiedad que cada vez empeoraba más su estado de salud. “Se me iba el aire hasta para caminar, tenía pánico todo el tiempo”, señala. El 22 de noviembre se abrió la carpeta de investigación 25631 en la PGJE. Casi seis meses después se realizará la primera diligencia. “De todos modos quiero que en Derechos Humanos tomen mi caso, porque el hecho de que me lleven a un juicio no me garantiza que se me va a hacer justicia, ni que yo dejo de correr algún riesgo... deben ponerle un alto (a José Antonio), y si la cárcel es el alto que deben ponerle para que deje de golpear mujeres, que reciba lo que tenga qué recibir”, pide. Añade: “Sólo sé que él se presentó con un abogado y se reservó su derecho a declarar. Desconozco qué hay en esas carpetas, más allá de lo que yo he declarado y aportado. A mí nunca me dieron copia de mi denuncia, y la última vez que pregunté por mi caso y no me dieron nada, sí me enojé: les dije que si me tenía que presentar ante el mismo Congreso o donde fuera, lo haría, porque está de por medio mi vida”.