Después de dos años preso, transgénero acusado de asesinato espera sentencia

miércoles, 25 de junio de 2014
COLIMA, Col. (apro).- José Alberto Torres Segura, transgénero conocido como Thalía, cumplió dos años encarcelado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad por su presunta participación en el asesinato de uno de sus compañeros, José Alfredo Munguía Cibrián, Jazmín, y hasta la fecha el juez no ha emitido la sentencia. De acuerdo con sus familiares, José Alberto fue torturado por agentes de la Policía de Procuración de Justicia (PPJ) para que se declarara culpable. En entrevista, Esmeralda Soto Torres, sobrina del inculpado, relata que poco después de la detención, el 20 de junio de 2012, ella lo vio con huellas de golpes y la cara hinchada. Seis meses más tarde un médico le realizó una serie de exámenes y concluyó que José Alberto sufría estrés postraumático derivado de la tortura física y psicológica sufrida. En su estudio, el médico Luis Enrique Espinoza Ortega, perito en medicina legal y forense, estableció que el detenido “sí presentó signos y síntomas clínicos médicos indicativos de huellas de violencia física externa”, y “debido a su estado psicológico encontrado se puede deducir que sí existió una coacción externa por agentes físicos y psíquicos recientes durante el lapso desde que fue detenido hasta rendir su supuesta declaración ministerial”. Con base en lo anterior, el especialista determinó que Torres Segura presenta huellas condicionadas a “una situación postraumática, vivenciada como un hecho amenazante para su integridad psíquica”. Entre las consecuencias físicas y psicológicas detectadas en el detenido, Espinoza Ortega refirió cefalea o dolor de cabeza constante, así como dolor en la nuca, en el hombro izquierdo y en la región lumbar, derivados de “la coacción física a que fue sometido por agentes del tipo de los contundentes”. El cadáver de Jazmín, de 20 años, fue hallado en un predio del municipio de Comala la madrugada del 18 de junio de 2012, con varios impactos de bala en la cabeza y en diversas partes del cuerpo. El 25 de ese mismo mes, la entonces procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, anunció en rueda de prensa que con la detención de Torres Segura —acusado de complicidad en el homicidio— el caso había sido resuelto, aunque el presunto asesino material, un supuesto cliente de la zona de tolerancia, se encuentra prófugo desde hace dos años. De acuerdo con Hugo César Torres Segura, hermano del detenido, además de la tortura a la que fue sometido José Alberto para que firmara una declaración autoinculpatoria, también fueron golpeados y torturados varios de sus compañeros sexoservidores para que lo incriminaran, aunque posteriormente uno a uno desmintieron la versión. A su vez, Esmeralda Soto afirma que el juicio se ha desarrollado de manera muy lenta. “Nos están dando largas, ya se nos hace mucho tiempo sin que el juez haya dado la sentencia. Dijeron que iba a estar lista desde noviembre del año pasado, pero no llega. Si hay pruebas de que mi tío no tiene nada que ver en el caso, ¿por qué no resuelven ya? Pero habrá que esperar a ver cómo viene”. Y dice que como resultado de la tortura sufrida, su familiar se encuentra dañado psicológicamente y no ha recibido en el Cereso la atención necesaria. “Cuando lo visitamos, estamos platicando y de repente se pone a llorar, triste”. Para mantenerse ocupado, añade, José Alberto trabaja en el interior del reclusorio ayudándole a una persona a vender chicharrones y recibe diez pesos diarios. Esmeralda Soto asegura que además de las implicaciones emocionales, la detención de Torres Segura ha tenido un impacto económico en la situación de la familia, ya que con sus ingresos como sexoservidor apoyaba a sus padres y compraba los medicamentos de un hermano que padece síndrome de down y ataques epilépticos.

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