MÉXICO, D.F. (apro).- Fuera de circulación y con las secuelas de cuatro infartos que sufrió en 2012, la gestión de Valdemar Gutiérrez Fragoso al frente de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sigue causando polémica, lo mismo que su anticipada “prórroga” en la dirección hasta 2018. El pasado 13 de marzo, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito amparó a 14 trabajadores que fueron sancionados por oponerse a la reelección anticipada de Gutiérrez Fragoso, avalada el 8 de octubre de 2010 por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien dio al médico cirujano cuatro tomas de nota para alargar su periodo en el SNTSS. El actual senador tomó esa determinación en Nayarit, en el marco del 49 Congreso Nacional Ordinario de SNTSS, luego de que un congresista propuso la “prórroga” del secretario general (del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2018) “por única vez y sin que siente precedente”. Y así quedó plasmado en el artículo séptimo transitorio de los estatutos de 2010. No obstante, en los estatutos del SNTSS de 2012, la actual secretaría general –actualmente encabezada por Manuel Vallejo– eliminó el séptimo transitorio, con lo que borró cualquier rastro de las modificaciones que hizo Gutiérrez Fragoso para mantenerse en el cargo hasta 2018. Vallejo Barragán quedó al frente del SNTSS después de que el comité ejecutivo, en asamblea, determinó realizar elecciones en mayo de 2012 y resultó ganador. El 15 de noviembre del mismo año, pese a la incapacidad derivada de su estado de salud, Valdemar Gutiérrez Fragoso interpuso una demanda de amparo indirecto contra la STPS, impugnando la toma de nota que entregó la dependencia al nuevo comité ejecutivo. Sin embrago, el Quinto Juzgado de Distrito en Materia Laboral negó la suspensión provisional y la definitiva al amparo interpuesto por el exlíder sindical. Sin derechos Los abogados Abraham Cano y Ximena Ugarte, defensores de los 14 trabajadores que demandaron a Valdemar Gutiérrez y fueron sancionados por esa acción, explicaron a Proceso el alcance del “histórico” amparo que obtuvieron en marzo y el camino recorrido durante tres años. Todo comenzó durante la gestión de Roberto Vega Galina, en 2008, cuando sancionó las voces disidentes del SNTSS. Los abogados tienen contabilizados alrededor de 7 mil castigados de 2005 a la fecha. De acuerdo con Cano, la demanda contra Gutiérrez Fragoso se interpuso el 9 de marzo de 2011, y en ella se fundamentó principalmente “el derecho que tienen todos y cada uno de los trabajadores, e incluso uno solo en particular, de hacer valer su marco estatutario de violaciones flagrantes, aun hechas por la máxima autoridad, sea el Congreso Nacional o la dirección sindical”. La autoridad respondió que ningún trabajador en lo particular puede demandar actos que afectan a la colectividad, como son las decisiones del Congreso Nacional. Pero el punto central de la demanda era el respeto al marco estatutario, violentado por Gutiérrez Fragoso al reelegirse hasta 2018. “El estatuto es muy claro: no hay reelección. Si estás ocupando el mismo cargo dos veces o más (entonces) es reelección”, y eso es una clara violación, indicó el abogado. El agravio principal, acotó Ximena Ugarte, es que si los trabajadores tienen un estatuto que debe ser cumplido por todos, un Congreso Nacional posterior no puede contravenirlos. “Lo que hizo el Congreso Nacional fue pasar por encima del marco estatutario. Esa fue la contradicción que encontramos”, dijo. Añadió: “No sólo litigamos contra el sindicato, sino contra el Estado mexicano”, pues a sabiendas de una violación, la STPS dio la toma de nota en un mes. De acuerdo con los abogados, cuando presentaron la demanda por primera vez, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la desechó con el argumento de que no había un interés legítimo de exigir de manera individual decisiones colectivas. Luego interpusieron el amparo 423/2011 en el Tribunal Décimo Cuarto de Distrito Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dictaminó que la JFCA debía dar entrada a la queja y, en todo caso, resolverla hasta que se dictara el laudo laboral. “Se lleva a cabo todo el procedimiento y nos encontramos con retrasos, dilaciones en las audiencias o, en este caso, el sindicato hizo una serie de ‘chicanadas’, es decir, metía incidentes para que acreditáramos la personalidad jurídica –y eso nos retrasaba varios meses– o una falta de competencia de la Junta, etcétera. Nos enfrentamos a todo tipo de ‘chicanadas’, tanto de la autoridad laboral como del sindicato”, indicó Abraham Cano. Una vez realizado el procedimiento legal, destacó, ofrecieron pruebas. El 31 de enero de 2012 se dio a conocer un primer laudo, y de nueva cuenta la Junta desechó la demanda, con los mismos argumentos que lo hizo la primera vez. Los trabajadores interpusieron otro amparo, el 842/2012. La autoridad se los otorgó y pidió a la JFCA resolver el asunto de fondo, y ésta argumentó la nulidad del Congreso Nacional Extraordinario porque lo cambiaron de sede, pero no por las violaciones al estatuto. El abogado Abraham Cano relató que cuando interpusieron los amparos, Valdemar Gutiérrez Fragoso sufrió diversos paros cardiacos, pero el litigio continuó. “Le dan paros cardiacos y la justicia mexicana tarda casi un año en algo que tiene la obligación de resolver en tres meses. Yo creo que ahí tenían una situación que era un asunto delicado donde el Estado presionó”, dijo. Así, Eduardo Barrera convocó a elecciones y “de forma fraudulenta”, aseguró el abogado, eligieron a Manuel Vallejo. De manera paralela, sostuvo, la JFCA emitió otro laudo el 23 de abril de 2013, en el que argumentó nuevamente que el Congreso Nacional fue ilegal por el cambio de sede, pero absolvió al sindicato al resolver que la sentencia era “un acto de imposible reparación” porque el secretario al que reclamaron la nulidad de su dirigencia ya no era tal. “Obviamente, muerto el perro se acabó la rabia”, citó el litigante. Y se ampararon por tercera vez, el 30 de mayo del mismo año, en el mismo Tribunal Décimo Cuarto. “Exigimos que nos explicaran cómo declaraban la nulidad y no hacían valer los efectos. Decíamos que no se habían resuelto en conjunto todas las violaciones”. De acuerdo con la sentencia, la JFCA debe decretar la nulidad y allegar al tribunal los elementos para demostrarlo, pero las tomas de nota de Valdemar Gutiérrez siguen vigentes, apuntó el abogado. Y lo más sorprendente, agregó, “¡hay otra toma de nota! Tenemos actualmente dos secretarios generales: Vallejo y Valdemar”. ¿Y Valdemar? El 23 de mayo de 2012, el secretario general del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, sufrió cuatro infartos, lo que desató una lucha de poder por la dirigencia del segundo sindicato más importante del país. Horas después de enterarse del ataque cardiaco de su dirigente, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS convocaron a una reunión urgente. Y ahí inició la pelea por el control del sindicato entre grupos opositores a Gutiérrez Fragoso y gente afín a los exsecretarios generales priístas Fernando Rocha Larráinzar y Antonio Rosado, quienes renacieron de sus cenizas como orquestadores de un plan para imponer como sucesor al secretario de Previsión Social del SNTSS, Francisco Romero Flores, actualmente en la Secretaría de Prensa. Ocho días después Eduardo Barrera, entonces secretario del Interior y Propaganda, anunció que él se encargaría temporalmente de la dirección del SNTSS ante la imposibilidad de que Valdemar Gutiérrez continuara al frente en esos momentos por “problemas de vías coronarias”. Aclaró que su dirigente estaba en “plena recuperación”, por lo que “su salud y liderazgo no están en riesgo”. Dos años después de esa declaración, Gutiérrez Fragoso continúa sin aparecer en público, pero las demandas en su contra continúan. El 4 de marzo de 2013, el excomisionado de la Secretaría de Conflictos del SNTSS y 17 personas más obtuvieron un amparo en el Juzgado Duodécimo en Materia de Amparo Penal, para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) diera curso legal a una demanda por fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta contra el exlíder sindical por la desaparición de 723 millones 315 mil 162.43 pesos del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción. Era un beneficio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afiliados al sindicato. Entre 2006 y 2010 el IMSS entregó mil 174 millones 483 mil 746.41 pesos para ese fin.