MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres niños: uno blanco, una afrodescendiente, un indígena. Los tres, vestidos de blanco, dejan volar tres palomas en la inauguración de la Copa del Mundo Brasil 2014. Después, los dos primeros se adelantan, pero el niño indígena se queda unos pasos atrás y saca sorpresivamente una bandera roja: Demarcação Já (Demarcación ya). Werá Jeguaka Mirim es su nombre. De padre escritor de cuentos infantiles, Jeguaka Mirim pertenece a la comunidad indígena guaraní que habita dos territorios que aspiran a formar parte de las 693 Tierras Indígenas (TIs) existentes en el Brasil: Tenondé Porã, en el extremo sur de San Pablo, y Jaraguá, al norte de la misma ciudad. Reunida para ver el juego, la comunidad tenía la esperanza de ver el mensaje por televisión. Al igual que ellos, lo podría ver todo Brasil y todo el mundo; pero las cámaras no hicieron la toma. Organizados en la Comisión Guaraní Yvyrupa (CGY), de cuya página de Internet se toma la información y el testimonio relatados, los indígenas dicen llevar más de 30 años esperando a que el gobierno brasileño reconozca mediante decretos de demarcación sus dos territorios. Los indígenas de la CGY denuncian que más de 2 mil de ellos viven en tres pequeñas aldeas que no llegan a las 54 hectáreas, la mayor concentración demográfica de las TIs (700 personas por hectárea en Jaraguá), de acuerdo con su sitio. En el video “Assina logo, Cardozo” (firma, Cardozo) se mira cómo los guaraníes decoran un bolígrafo con un trenzado a usanza de su pueblo. Luego lo ahúman. Además, tallan regalos, como una pipa, que un niño deposita en una caja mientras un joven le dice: “Estos presentes vamos a  enviar para el ministro (de Justicia), José Eduardo Cardozo, para que firme los papeles de demarcación de nuestras tierras y los vamos a colocar en una caja. Hay que hablarle para decir: ¡Firma!” Posteriormente el video muestra cómo lo van a dejar a correos. El texto fue lanzado el pasado 6 de abril como parte de la “Campaña Resistencia Guaraní SP”. Dice además que por cada firma que se haga, ellos decorarán un bolígrafo para mandarlo al ministro Cardozo. El texto dice: "Hagamos funcionar el bolígrafo de la única persona que tiene ahora el poder de garantizar nuestras tierras tradicionales, para que tengamos donde criar a nuestras niños y practicar nuestra cultura”. La bancada ruralista Arcos y flechas apuntan a la policía montada de Brasilia. Un indígena patea una lata de gas como si fuera balón de futbol. Así muestra la prensa brasileña a los indígenas que se manifestaron contra el Mundial de Futbol el día 27 de mayo. Dos días después, la llamada Movilización Nacional Indígena agrupó a 500 personas que rodearon el Ministerio de Justicia y la Calle Eje Monumental en el centro de Brasilia. Esta vez no hubo enfrentamientos, pero la exigencia fue la misma: Demarcação Já. Había también otra exigencia por parte de los convocantes de la manifestación --la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el Centro de Trabajo Indigenista (CTI), el Consejo Indígena Misionario (Cimi)--: detener el llamado “ajuste de derechos” promovido por el ministro Cardozo y por la llamada Bancada Ruralista. “El ajuste de derechos es un conjunto de leyes en el Congreso que busca limitar los derechos de los pueblos indígenas”, cuenta Alceu Castilho, periodista que investiga la historia de los terratenientes en Brasil y que ha recibido premios, entre ellos el Vladimir Herzog. “La ley más comentada es la PEC 215, que remite al Congreso, dominado por la bancada ruralista, el poder de demarcar las tierras indígenas. Esta función constitucionalmente pertenece al ejecutivo, pero la estrategia de los ruralistas es multiplicar proyectos que garanticen más tierras a los grandes propietarios”, Además del PEC 215, se encuentra el Proyecto de Ley 227, que abriría estas tierras a la explotación económica, el Proyecto 1,610 para reglamentar su explotación minera y la Reglamentación del Decreto nº 1775/96 - 303/AGU para detener la demarcación de TIs. Cardozo se reunió con los indígenas después de que éstos protestaron ante el Ministerio que él encabeza. Creó mesas de diálogo, pero no firmó ninguno de los 37 procesos de demarcación pendientes. Incluso, el pasado 4 de junio se presentó en la Cámara de Diputados para decir que ajustaría los “límites de los derechos indígenas”. Las reuniones con los pueblos originarios fueron canceladas una semana después. “Sin embargo, los ruralistas se reúnen todos los martes en una mansión en Brasilia para decidir los próximos pasos que darán”, acusa Castilho, quien escribió el libro Partido de la Tierra donde hace un análisis de políticos que se declararon “ruralistas” entre el año 2008 y 2010. Existe en Internet un sitio llamado “La República de los Ruralistas” promovido por Greenpeace y el Instituto Socioambiental de Brasil donde se exhibe un total de 32 senadores y diputados que se han declarado “ruralistas”. Para Castilho, los “ruralistas” no son un partido, sino “un sistema político” que se ha hecho presente a lo largo de la historia de Brasil, especialmente antes del golpe militar de 1964 contra la reforma agraria de presidente João Goulart y durante la elaboración de la Constitución de 1988 mediante la Unión Democrática Ruralista. “Los ruralistas defienden los intereses del agro-negocio como un todo, intereses de propietarios privados, aunque las tierras hayan sido obtenidas por apropiación, robo, y mega fincas donde se usó mano esclava”, asevera. Políticos electos entre el año 2008 y 2010 --entre gobernadores, senadores y diputados-- mantenían 1,2% del territorio brasileño en sus manos, de acuerdo con el libro Partido de la Tierra. Kátia Abreu (PMDB-TO) es senadora y presidente de la Confederación de Agricultura y Pesca de Brasil y es propietaria de haciendas en Tocantins; Ronaldo Caiado  (Dem-Go) presidió la Unión Democrática Ruralista por cuatro años; Blairo Maggi (PR), gobernador de Mato Grosso y, según la revista Forbes, uno de los hombres más ricos de Brasil.  Todos los anteriores se han manifestado como ruralistas a pesar de formar parte de partidos políticos distintos. “Se dividen muy bien entre todos los sectores políticos para lograr sus objetivos. Se trata de una bancada no partidista, cuyos intereses se ven expuesto antes que los programas de los partidos”, dice Castilho. Ante el fracaso de las negociaciones con el Ministerio que preside Cardozo, los indígenas guaraníes de São Paulo hicieron una manifestación el pasado 6 de junio Frente a la Asamblea Legislativa de São Paulo, donde se realizaba una audiencia pública sobre el PEC 215. La manifestación terminó en el Monumento a las Bandeiras para asociar a los “ruralistas” con los “bandeirantes”, conquistadores y expedicionarios de la historia del Brasil. Los indígenas fueron secundados por organizaciones como el Movimiento Sin Tierra (MST) y Movimento Pase Libre y el Comité Popular de la Copa de Sao Paulo,  a los que se les propuso formar un Frente Antirruralista. Derecho originario Y es que los indígenas de Brasil tienen un “derecho originario” sobre estas tierras, dice la página de Internet de la Fundación Nacional del Índio (FUNAI), organización indigenista oficial del Estado brasileño creada por decreto de la Ley 5,371 el 5 de diciembre de 1967 y vinculada al Ministerio de Justicia que preside Cardoso. De acuerdo con su sitio en internet, La FUNAI tiene el propósito de coordinar y ejecutar la política indigenista del Gobierno Federal y “proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas”. El sitio recuerda que desde tiempos de la colonización de Brasil se emitieron decretos en 1680 y 1755 que hablan del “reconocimiento, ordenamiento jurídico del Estado portugués y la autonomía de esos pueblos”. “Juntos, esos documentos reconocían el carácter originario e imprescriptible de los derechos de los indígenas sobre sus tierras”, dice el FUNAI. “Son base de los derechos indígenas posteriormente consagrados en el artículo 231 de la Constitución de la República Federal de Brasil de 1988”. FUNAI establece que de acuerdo con la legislación vigente (CF/88, Ley 6001/73 – Estatuto del Indio, Decreto número 1775/96) las tierras indígenas se clasifican en tierras indígenas tradicionalmente ocupadas (543), reservas (30), dominiales (6) e interditadas (6). Y ahora, los indígenas guaraníes enfrentan un decreto de desalojo  del pueblo Pyau Tekoa, en Jaraguá, el punto más alto de Sao Paulo. El desalojo se está programado para llevarse a cabo el próximo 27 de julio. Esta comunidad está habitada por 500 personas, es parte de la Tierra Indígena Jaragua, que ya había sido reconocida por la FUNAI como “ocupación tradicional”, pero se necesita la firme la Sentencia Declaratoria reclamada a Cardozo. “Sin demarcación, la tierra en que vivimos es demasiado pequeña como para ser capaz de enseñar a nuestros hijos a vivir de la forma guaraní”, explica el comunicado que los indígenas emitieron el pasado martes 8. “En lugar de enviar al ministro Cardozo el documento para su firma, el juez Clécio Braschi decidió enviar a la policía a tomar lo poco que tenemos”, dice el texto. Los guaraníes convocaron a una movilización para el próximo 25 de julio en la Corte Federal. En su comunicado aseveran que llegaran “todos los niños del pueblo que están en riesgo de desalojo” para presentar una serie de dibujos que hicieron para darle al juez Alessandro Diaferia, quien debe pronunciarse respecto a un recurso de apelación presentado por el FUNAI para revertir la decisión. El comunicado termina: “Veremos a nuestros niños cantar, bailar con nuestro guerreros y nuestros chamanes, rezar en frente de su cargo para que el juez de segunda instancia no dictamine como los que quieren exterminarnos y determinar nuestra estancia en nuestra tierra tradicional”.