Río de Janeiro (proceso.com.mx).- A unos 200 metros del estadio Maracaná queda todavía un antiguo edificio rodeado de arboles y pintado con palabras de resistencia. Se le conoce como “la aldea Maracaná”. En 2013 dicho inmueble fue escenario de una violenta lucha entre el gobierno que quería su destrucción e indígenas que querían conservarlo. Éstos ganaron. Su victoria es considerada como “histórica” debido a que doblaron al entonces gobernador Sergio Cabral, quien quería desaparecer el edificio con el argumento de que así lo exigía la FIFA para tener mas espacio alrededor del estadio de futbol. Pero en octubre de 2012 la FIFA desmintió al gobernador en un comunicado. Afirmó que “nunca pidió a las autoridades la demolición” del edificio. Entonces Cabral negó el valor histórico y simbólico del inmueble y quiso proseguir con su desaparición. Varios antropólogos e historiadores apoyaron a los indígenas en su intención de preservar un edificio construido en 1862 y que durante 20 años fue el  “Museo del Indio”, creado por el famoso antropólogo Darcy Ribeiro. Además, los indígenas argumentaban que el edificio les pertenecía debido a que fue donado en 1910 al desaparecido Servicio de Protección de los Indios con el propósito de crear “un lugar para preservar la cultura indígena”. El edificio fue abandonado en 1977 cuando el Museo fue trasladado a otro barrio de la ciudad de Río de Janeiro. En 2006 comenzó a ser ocupado por los indígenas. “Queremos que este edificio sea definitivamente un espacio de cultura indígena y también una universidad indígena”, decía a inicio de 2013 José Guajajara, uno de los lideres del grupo. De hecho, durante varios años los indígenas organizaron eventos culturales, exposiciones artesanales y ceremonias, además de crear una pequeña aldea en el parque trasero del edificio con el propósito de asegurar su protección. En marzo de 2013, sin tomar en cuenta los argumentos de los indígenas, el gobernador ordenó su desalojo. La policía acató la orden de manera violenta. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y mostraron una vez más la poca consideración que Brasil tiene hacía su población indígena, la cual es de 897 mil personas (0.4% de la población brasileña), según el más reciente censo. Constitución incumplida Al contrario del resto de la población, la situación social de los indígenas no deja de deteriorarse. Ello a pesar de que en 1988 la Constitución “post-dictadura” reconoció sus derechos y estableció que el Estado tenía cinco años para restituirles sus tierras. En ese momento la Constitución brasileña parecía de las más vanguardistas en ese tema. Sin embargo, 26 años después, la mitad de las tierras de los indígenas continúan en las manos de otros dueños, entre ellos empresas mineras y agrícolas. Además, 98% de las tierras que fueron demarcadas se encuentran en territorio amazónico, según datos de la FUNAI, la institución pública encargada de los indígenas. Esas tierras, además, se encuentran actualmente amenazadas por una nueva reforma constitucional impulsada por la bancada ruralista en el Congreso y que pretende “abrir” las tierras indígenas a la explotación económica. Hasta ahora la Constitución establece que la tierra de los indígenas es propiedad de la nación y que su uso es exclusivo de las comunidades. Para el CIMI, organización de filiación católica que lucha por los derechos indígenas, los gobiernos de izquierda, tanto el de Lula da Silva como el de Dilma Rousseff, no han permitido avanzar en la cuestión crucial de la tierra. “En el año 2012, apenas siete extensiones de tierras indígenas fueron demarcadas”, considera el informe Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, del CIMI. En comparación, el presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB, derecha)demarcó casi el doble de tierras (145 extensiones entre 1995 y 2002) que Lula (79 entre 2003 y 2010). Mientras esperan las demarcaciones de sus tierras, las comunidades se encuentran en una situación vulnerable. Acampan en los alrededores de sus terrenos; pistoleros de los grandes propietarios los amenazan. La violencia hacia los indígenas, muchas veces por los conflictos ligados a la tierra, volvió a crecer. En 2012 fueron asesinados 60 indígenas, y 563 en los últimos 10 años. A ese número se tendría que añadir la cifra de suicidios que también está creciendo precisamente por las malas condiciones sociales en que viven sus poblaciones. Como lo explica la antropóloga Mônica Nogueira de la Universidad de Brasilia, la restitución de tierra hubiera podido mejorar mucho el nivel de vida de las poblaciones indígenas: “La calidad de vida para una comunidad indígena forzosamente debe incluir la garantía del territorio”, afirma. Población olvidada Debido a la situación anterior, ha aumentado la migración de indígenas hacia zonas urbanas. 15 mil viven en Río de Janeiro, la mayoría de ellos en favelas. Los indígenas desalojados de la Aldea Maracana fueron reubicados en la periferia en unos contenedores que se inundaron en el primer aguacero. Aún en condiciones precarias, los indígenas aseguran que mantendrán la lucha por sus derechos y por sus tierras. Participaron en las manifestaciones de junio 2013 y lograron entablar un diálogo con el gobierno de Río de Janeiro, cuyo titular, Sergio Cabral Filho, se vio obligado a preservar el edificio y dar marcha atrás a varios proyectos ligados al Mundial y a las Olimpiadas que se iban a desarrollar en ese lugar. La permanencia del edificio “está asegurada”, afirma la Oficina de Comunicación Social del Defensor Público Federal, la cual representó a los indígenas en su batalla legal contra el Estado de Río de Janeiro. Desde entonces, el Ministerio de Cultura es el encargado de llevar a cabo un proyecto llamado “centro de referencia de la cultura indígena”. Busca hacerlo de manera concertada con los indígenas. “Si se logra como se plantea, es decir un espacio de cultura viva con seminarios, eventos y festivales, será una experiencia pionera en el país”, explica el antropólogo Marcos Albuquerque, de la Universidad de Río. Será también un primer reconocimiento a la existencia en esta ciudad de una población indígena que tradicionalmente ha sido olvidada por las políticas públicas, tanto culturales como sociales.