El inframundo carcelario

sábado, 16 de agosto de 2014
Espejo fiel de una sociedad y un Estado nacional corruptos hasta la médula, el sistema carcelario del país es un inframundo donde la humillación, la ingobernabilidad, las violaciones a los derechos humanos, la violencia y el negocio son ley estricta. Estudios recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM así lo constatan, pero arrojan un dato más, nada desconocido para los mexicanos: lejos de corregirse, esta degradación empeora año tras año de manera irremisible. ¿Qué hace el gobierno al respecto? Especialistas de ambas instituciones concluyen: no muestra voluntad para acabar con este enfermo estado de cosas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Reflejo del país, el sistema penitenciario de México padece ingobernabilidad, los derechos humanos de su población se vulneran metódicamente y la no reinserción social de sus presos viola la Constitución. “Nadie conoce verdaderamente una nación si no conoce el estado de sus prisiones”, cita a Nelson Mandela el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Andrés Aguirre Aguilar. En días previos a darse a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2013, Aguirre sostiene en entrevista que desde el primero de esos informes, el de 2006, el estudio de la CNDH refleja que “la situación de las prisiones no cambia”. Advierte que del anterior DNSP –de 2012– al actual no hay avances ni motivo de festejo: “El diagnóstico demuestra lo que todos sabemos de las prisiones. Son áreas de abandono con maltrato hacia la población e incumplimiento de las disposiciones constitucionales de la reinserción, y el hecho de que se organice el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos (el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte), no se cumple”. El DNSP se elabora a partir de visitas y recorridos de supervisión por los 101 centros penitenciarios estatales más poblados, 17 federales y las tres prisiones militares del país, donde se aplican encuestas y se entrevista a directores, responsables de áreas técnicas y personal de seguridad y custodia, así como a 10% de los internos de cada prisión; a cada una se le califica en una escala del 0 al 10 con base en las condiciones mínimas que deben existir según lo establecido en la Constitución y convenios internacionales. Las calificaciones que da el DNSP 2013 a los centros estatales de readaptación social son: 5.68 en condiciones de gobernabilidad, 6.08 en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, 6.45 en estancia digna, 6.63 en reinserción social y 6.73 en atención a grupos vulnerables en reclusión. En todos estos rubros hubo un retroceso respecto al diagnóstico previo. En cuanto a los centros federales, la reinserción es de igual manera la mayor falla. Las cifras no son más alentadoras en materia de derechos humanos reflejados en el respeto a la dignidad, respeto a los grupos vulnerables e integridad física y moral de los internos. En cuanto a las tres prisiones militares, la reinserción social (6.23) sólo fue superada por el maltrato a los grupos vulnerables, con calificación reprobatoria de 5.69. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1972, ya en circulación)

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