CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Cada año se entretejen más historias de personas desaparecidas en Chihuahua. Hoy, las familias salieron de nuevo a los espacios públicos para recordar que no es cierto que la paz se recobró en la entidad y que el gobierno estatal desaparece a los desaparecidos.

Este año, demandan una base de datos de personas desaparecidas en el país; la intervención de antropólogas argentinas forenses para dar certeza al proceso de identificación; una audiencia con el gobernador César Horacio Duarte Jáquez; que el problema de desaparición forzada e involuntaria se reconozca públicamente; la creación de una fiscalía especializada para investigaciones efectivas, entre otras.

En Cuauhtémoc, Chihuahua y Juárez se concentraron cientos de familiares para exigir una vez más: justicia, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

El municipio de Cuauhtémoc, localizado cien kilómetros de esta capital, se convirtió en un lugar emblemático de desapariciones forzadas e involuntarias a partir de 2011. Sólo entre junio y julio de ese año se registraron 53 casos de desaparición de hombres en edad productiva. Hasta ahora ocurren alrededor de 350. Sólo las desapariciones denunciadas.

En esa zona han sido localizadas fosas clandestinas con restos óseos quemados, como en el rancho Dolores, El Montero, El Picacho, Carichí, el ejido Seis de Enero, en Guerrero, entre otras. Sin embargo, la Fiscalía General del estado no tiene la capacidad para identificar restos quemados.

“Frente al gran número de cadáveres que han ido a parar a las fosas comunes, se hace necesario y urgente que se garantice la coordinación a nivel nacional para la creación de una base única de datos genéticos. Además, ante la desconfianza en las autoridades, las familias insisten en la contratación del equipo argentino de antropólogas forenses para que den certeza sobre el proceso de identificación”, reclaman familiares de desaparecidos.

Omar Muñoz tenía 11 años cuando un grupo policías municipales se llevó a su papá Jaime Muñoz Veleta, a su abuelo y seis tíos. El adolescente, su mamá,  primos, tíos y abuela han enfrentado un proceso difícil que hoy los mantiene fuertes y firmes en su demanda.

“Al principio nos afectó mucho a todos, a pesar de que yo no vi todo como mis primos. Mi papá se fue a festejar con la familia a Anáhuac (a 10 minutos de la cabecera de la ciudad de Cuauhtémoc), yo me quedé aquí (en la capital)”, recuerda sereno.

Los primeros meses todos lloraban apenas se veían y al enfrentar la impunidad, las familias buscaron apoyo legal y psicológico en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

“Comprendí a la familia porque ellos lo vieron todo. En los talleres nos dividieron en tres grupos: niños, adolescentes y adultos. Eso nos ayudó mucho para fortalecernos. Mis tías decían que a mis primos que vieron todo, les afectó, se hicieron más rebeldes, bajaron calificaciones, pero nos ayudaron los talleres. Yo me refugié en mis estudios, iba ignorando lo que pasó porque había mucha desesperación y frustración en la familia”, comenta el adolescente de 14 años.

Entre las desapariciones masivas de 2011 se llevaron a Edgar Agapito Pineda Pérez, quien trabajaba en la mina Palmarejo en el municipio serrano de Chínipas. “Cuando iba a Cuauhtémoc servía en centros de rehabilitación, les ayudaba. Ese día, le dijeron que fuera a recoger a unos adictos al hotel Plaza y de ahí se lo llevaron con otros tres muchachos y luego fueron por otros que eran ‘padrinos’ al centro, en total fueron ocho”, relata su mamá Arcelia.

Hoy, la familia se manifestó en Cuauhtémoc y en Chihuahua, para que nadie olvide a sus seres queridos.

A partir de aquel año, cuando hubo por lo menos tres casos de desapariciones masivas, las historias se han apilado. El último caso llegó al Cedehm hace unos días. En marzo pasado, desapareció Manuel Elías Mendoza Gutiérrez, quien tenía 38 años. Su madre, Francisca, recuerda que ese día su hijo salió de la casa en la colonia Benito Juárez de Cuauhtémoc, para trabajar en las huertas de la familia Corral, la más importante en producción de manzana.

“Llegó a trabajar, incluso lo vieron cuando se bajó del camión de regreso, luego ya no supimos nada ni hay avance”, comenta.

La familia de José Rosario Hernández Domínguez salió de nuevo a las calles. A él se lo llevó un agente de vialidad del municipio de Cuauhtémoc que está plenamente identificado. Fue llevado ante una juez de Garantía pero lo liberó. Posteriormente, con las pruebas y exigencias de la familia, giró orden de aprehensión pero ya no lo localizan.

Su esposa Antonia dice que hace 15 días les informaron que ya libraron la orden de aprehensión “ya no tiene amparo que lo salve, pero no sabían dónde localizarlo, eso sí, le están pagando su sueldo”.

Decenas de familias colocaron siluetas negras en la plaza principal, luego de una celebración eucarística celebrada por el sacerdote y luchador social, Camilo Daniel Pérez.

En esta capital el reclamo también fue fuerte, frente al Palacio de Gobierno. Por primera vez en esta administración, no les cerraron la puerta. “Tal vez porque no ha habido intento de entrar”, dijo el líder social Víctor Quintana Silveyra.

Los padres de Gabriela Chávez Arámbula, quien fue privada de su libertad con su novio Emmanuel Hernández Castillo, el 3 de septiembre de 2010, también denunciaron la falta de investigación en su caso.

Y como el resto de familiares, reclaman que las autoridades les preguntan a ellos si tienen algo nuevo en el caso. “Hemos dado mil vueltas a la Fiscalía, no hay adelanto, no hay avance, sólo nos preguntan ‘¿qué hay de nuevo?’ Les llevamos los nombres de personas que estaban dispuestas a hablar en el lugar donde encontraron el carro donde ellos iban, pero dicen que no encuentran a nadie, que no les abren. Yo encontré a dos, no puede ser que no hayan localizado a nadie”, dice el padre de la joven, Francisco Javier Chávez.

La madre de Gabriela, Rosario Arámbula, exige a las autoridades que investiguen porque si no lo hacen, van a seguir desapareciendo personas. “O tienen miedo o no saben investigar, porque sólo cobran el cheque”, señala.

A las familias de Chihuahua además del Cedehm las acompañó la asociación Justicia para Nuestras Hijas.

En Ciudad Juárez los inconformes se plantaron en el puente internacional Códova-Américas, apoyados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; otro grupo se reunió en la Catedral para colocar mantas a las faldas de uno de los cerros emblemáticos de la localidad y arrancar la campaña “Búsquenlas en el cerro La Bola”, apoyados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y durante esta tarde iniciaron una vigilia afuera de la Catedral con la Red Ciudadana no Violencia y Dignidad Humana.

Pesadilla sin fin

“Parece que revivimos lo que en el 93 y 94, con los feminicidios”, dice Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm. Sin embargo, ahora, hay más de mil 500 personas desaparecidas de acuerdo con los casos denunciados únicamente, dice.

“La ONU ha dicho que sólo el 25 por ciento de los casos de desaparición forzada o involuntaria son denunciados, entonces la cifra es mucho más grande, pero el gobierno tiene la intención de minimizar, mentir”, denuncia Lucha Castro.

Agregó que las familias han intentado tener una audiencia con el gobernador desde hace un año y hasta ahora no les han respondido. “En Nuevo León y Coahuila ya hay una dignificación de la desaparición por las leyes que aprobaron. El procurador de Coahuila se reúne una vez al mes con las familias para revisar expedientes y en Chihuahua se habla de una flexibilidad que no es cierta”.

La abogada activista explica que hay grupos de mujeres que son llevadas por el narcotráfico evidentemente, pero en todo el estado, no sólo en Juárez

Tanto en Juárez como en zonas serranas y otras regiones de la entidad, han enviado cientos de agentes o militares a los que se agregan los grupos delictivos, que representan un riesgo para las mujeres.

“Donde hay narco y armas, es evidente que hay trata”, enfatiza Castro e indica que hay cientos de casos que no se conocen por miedo a los grupos delictivos, a la impunidad y/o a la colusión de criminales con autoridades o corporaciones, no sólo de desapariciones de mujeres, también de hombres.

“En la sierra hay gran cantidad de personas desaparecidas, allá no hay estado de derecho, sabemos que hay jefes de policía colocados por grupos delictivos, y si a eso le añaden la estigmatización porque cuando llegan a denunciar, lo primero que les preguntan es en qué andaba su hijo o su hija, desalientan la denuncia”, señala.