MÉXICO, D.F. (apro).- Las acusaciones de corrupción y malos manejos en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP), encabezado por Felipe Navarrete Plascencia, afloraron con los debates sobre la legislación secundaria en materia de energía. Francisco de Jesús Arroyo Castillo, líder del gremio no oficial, denominado Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del IMP –con registro ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje--, denunció una campaña de “presión laboral” para jubilar a los trabajadores porque el actual director, Vinicio Suro, dice, tiene comprometidas 400 plazas para funcionarios de empresas trasnacionales. En la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, que se aprobó la semana pasada, el artículo décimo séptimo transitorio establece que el IMP “transferirá a Pemex los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de esta ley, incluyendo los proyectos que se encuentren en ejecución al momento de entrada en vigor de la misma. Dicha transferencia se realizará en un plazo que no excederá de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”. Y el inciso IV del artículo 5 determina que Pemex se encargará “de la investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que se realicen en las industrias petrolera, petroquímica y química; la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, y la formación de recursos humanos altamente especializados”. Lo anterior, según Arroyo, fue aprovechado por Navarrete Plascencia para realizar asambleas estatales y convencer a la base trabajadora de la inminente desaparición del IMP, en diciembre próximo. “Pero en realidad lo que quiere es entregar 400 plazas a gente de ‘alto nivel’ de Pemex”, acusa en entrevista con Apro. De acuerdo con Arroyo, desde el año 2000, cuando asumió la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP, Felipe Navarrete Plascencia ha metido a trabajar a 450 personas. “Entonces, de mil cien plazas sindicalizadas, tiene 450 como un mercado cautivo porque es gente de su confianza”, subraya. No obstante, agrega que en las últimas elecciones con los delegados laborales y los secretarios seccionales, la gente no va a votar porque nadie le cree. Por ejemplo, en Villahermosa fueron a votar 11 personas, “un repudio total”. Actualmente en el IMP prevalece una situación muy incómoda, porque entre Vinicio Suro y Felipe Navarrete, insiste, han creado una política “de terror” para que la gente se vaya. El líder gremial precisa que el pasado 30 de mayo Suro dio un informe a los trabajadores en el auditorio del IMP, donde declaró que la gente que ha cumplido ya con su ciclo para cobrar su plan de pensiones debe irse del Instituto. El requisito, detalla, es tener 30 años de servicio y 55 de edad. “Eso lo dijo como una invitación a la gente grande para ‘desviejar’ al Instituto. A raíz de eso, Felipe Navarrete empieza a hacer sus asambleas en el mismo tono, pero les dice a los trabajadores que el plan de pensiones se va a acabar. Se revisó en agosto del año pasado, pero los trabajadores no sabemos cuáles son las modificaciones”, admite. Sobre el Fideicomiso de Jubilaciones, dice que surgió del dinero que el IMP ganó en 1986 con los trabajos en un gasoducto, y el entonces director del IMP, José Luis García Luna, lo donó a los trabajadores para su retiro. “Es decir que un trabajador, al cumplir su ciclo, se lleva de pensión alrededor de un millón 200 mil pesos, aparte de lo que te toca por ley, el ISSSTE, eso es aparte, pero Felipe les dice que este fideicomiso se va acabar. ¿Para qué para darle las plazas a Vinicio Suro, cuando Vinicio dice que se vayan los trabajadores? Él dice que necesitan 400 plazas para meter investigadores de alto nivel, ese es el plan, y quien le está haciendo la tarea sucia es Felipe Navarrete”, acusa. Charro petrolero El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del IMP asegura que desde 2005 Navarrete Plascencia mantiene una serie de privilegios, tanto en el contrato colectivo de trabajo como fuera de éste, “que le permiten sostener sus intereses personales y políticos con un poder fáctico a través del cual asume una posición por encima de los trabajadores ejerciendo un monopolio sindical, y cuenta con muchos recursos para premiar a quienes le son leales y castigar a los rebeldes”. Es el caso de los “aviadores”, como llama a los comisionados sindicales, y con documentos en mano, demuestra que de 2005 a 2008 el Instituto Mexicano del Petróleo entregó al SNTIMP recursos ajenos al contrato colectivo de trabajo, independientes de los impuestos que pagan los trabajadores por el salario y el aguinaldo. En octubre de ese año, añade, le hizo llegar 2 millones 916 mil pesos de “apoyo económico” y 5 millones más por el mismo concepto en diciembre. En agosto de 2006 entregó otros 3 millones de pesos, y el 20 de diciembre del mismo año el secretario general repartió dinero de la siguiente manera: “600 mil pesos de ‘gratificación’ a Teresa Álvarez, clave de trabajadora 13248. Por el mismo concepto, 250 mil pesos a José de Jesús Alcacio, clave 4165; 200 mil pesos a Jesús Sánchez Silva, clave 10188, y 350 mil pesos a Alfonso Ramírez Alcaraz, clave 1412”. Todos, según Arroyo, tienen un vínculo personal con Navarrete Plascencia. En la revisión del contrato colectivo del trabajo 2009-2011, el SNTIMP solicitó que se incluyera la cláusula de exclusión para poder despedir a cualquier trabajador sindicalizado sin generar responsabilidades al IMP, y en diciembre de 2011 muchos empleados fueron separados de sus derechos sindicales sin previo aviso. En 2013 Felipe Navarrete Plascencia se reeligió en la secretaria general, para sumar 15 años al frente de la misma. Actualmente tiene un grado 13E de trabajador, con un salario de 58 mil 787 pesos mensuales, pero ningún otro sindicalizado tiene ese nivel. El 28 de octubre de ese año, la Comisión Nacional de Vigilancia, Honor y Justicia del SNTIMP denunció las violaciones al estatuto por el cambio de comité y las comisiones estatales, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Derechos Humanos y la Presidencia. La respuesta nunca llegó. “A pesar de que el director del IMP, Vinicio Suro Pérez, tiene conocimiento de ello, otorgó comisiones sindicales a 30 personas del comité ejecutivo nacional, más personal de apoyo y personas conocidas como aviadores, sin contar con la constancia que la dirección de registro de asociaciones expide, conocida como ‘toma de nota’”, sostiene el entrevistado. El 20 de mayo de 2014, Arroyo notificó al director del IMP la exclusión y discriminación de la que son objeto él y los trabajadores afines a su sindicato independiente, y le solicitó recuperar la parte proporcional de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo por el que luchan en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Sobre ese punto, sentencia: “A la fecha no hay respuesta”. Concluye: “Hay una declaración de la secretaría de finanzas de este sindicato (SNTIMP) donde dice que el dinero no pasó por esta secretaría, sino que el secretario general se lo quedó y administró como él quiso, en relación a que sí hubo una remodelación de la sede sindical –objeto del préstamo que terminó en donativo– sin fiscalizar”.