MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En su diario andar por las calles del municipio mexiquense de Atizapán, José Diego Suárez Padilla se encontró un maletín con un expediente judicial de una víctima de feminicidio. Al empezar a hojear el legajo de 800 fojas se llevó una fuerte impresión al darse cuenta de que se trataba de un caso que le atañía personalmente: era el expediente de su hija Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre de 2010. Dedicado a la albañilería, José, como le dicen sus conocidos, dedicó varios días a leer el documento y de paso a consultar el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Todo ello le permitió encontrar inconsistencias en la investigación del crimen de su hija que trata de corregir con algunos recursos interpuestos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Apoyado en su esposa, María Victoria Torres Fernández, José dice que están en espera de alguna respuesta de las autoridades encargadas de impartir justicia. La historia La tarde del 31 de diciembre de 2010, unos meses antes de su cumpleaños número 22, y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana volvía a su casa después de una reunión con sus amigos. Unas cuadras antes de llegar a su domicilio, donde ya la esperaban sus padres y sus dos hermanos, la joven contestó la llamada de Gilberto, el novio que se creía dueño de su vida y le exigió una explicación de por qué pasó la tarde sin él. Tras la llamada ambos se encontraron en un parque de Atizapán, donde los reclamos se convirtieron en navajazos y cerraron para siempre los ojos cafés de Diana. Ella quedó inerte en la calle; su pareja y la navaja del odio huyeron al estado de Hidalgo. Ese día, a las 11 de la noche, del celular de Diana salió una llamada a casa de sus padres. En lugar de su voz cálida se escuchó una pregunta seca: “¿Es familiar de Diana Suárez?”. Sin esperar la respuesta, la voz tosca agregó: “Tienen que venir al Ministerio Público, tenemos a su hija”. Desde esa madrugada el dolor se instaló para siempre en la casa luego de que el cadáver de la joven fue entregado a sus padres sin explicación alguna de los agentes ministeriales, quienes incurrieron en lo común cuando se trata de asesinatos de mujeres en el Estado de México: perder las pruebas del homicidio. Advertencias ignoradas Como muchos casos de feminicidio en la entidad, la muerte de Diana fue un crimen anunciado. Y también como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando lo solicitó. En 2008 Gilberto entró a su vida de repente. Ella, como la recuerdan sus padres, era toda responsabilidad, alegría, compromiso y empatía. Él, todo lo contrario. Aunque en un inicio se presentó como la persona más amable, la situación cambió casi de inmediato: se volvió celoso y agresivo; era despedido cada 15 días de algún empleo por su carácter conflictivo. Los jaloneos, moretones y prohibiciones no se hicieron esperar. Su compañía tenía un precio y era que ella guardara silencio. “Señora, tiene que venir por Diana; se está peleando con Gilberto”, fue lo que un día se escuchó en el teléfono. Una amiga de la joven, alarmada por una pelea entre la pareja, llamó a don José y a su esposa. Cuando llegaron al lugar, un vigilante contó lo sucedido: “Estaban peleando y el muchacho le aventó a la chava una botella de caguama”. Nadie hizo nada. Incluso 90 días antes del asesinato, un hecho advirtió que Gilberto podía terminar con la vida de Diana. El 4 de octubre de 2010, cerca de las 10 de la mañana, Gilberto empujó el portón de la casa de su novia y entró. La joven estaba sola porque sus padres habían ido a trabajar. “Quiero el celular”, le reclamó Gilberto. Lo que él contaría más de un año después ante el Ministerio Público (MP) es que el teléfono guardaba más de 200 fotos sexuales de la pareja. Diana se negó a darle el celular y corrió a su cuarto. Trató de esconderse, gritó, pidió ayuda, imploró, recordó que él decía amarla. Nada consiguió. Gilberto la tomó por los brazos y la aventó. El golpe quebró el cristal de la ventana. Con una navaja oprimiéndole el cuello, Diana acertó a decir que el teléfono que su novio reclamaba estaba en la sala. Ambos bajaron las escaleras. Las manos temblorosas de ella entregaron el celular, que no se sabe si efectivamente contenía imágenes sexuales de Diana, pero sí guardaba fotos que mostraban los golpes que ella recibió durante los casi dos años de noviazgo. Cuando Gilberto por fin se fue, Diana llamó a su tía para que fuera a acompañarla. Cuando su madre volvió a casa y supo lo sucedido llamó a la mamá del novio de Diana. “No puedo creer que mi hijo haya hecho eso, pero no pierda el tiempo en la denuncia, tengo familia en el MP”, fue la advertencia que María recibió como única respuesta. Ya en la noche, cuando José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia por el allanamiento de morada. Las nueve de la noche marcaron el momento en el que empezó a fragmentarse la ilusión de que en el Estado de México existe la justicia. Ante el MP, Diana relató la agresión excepto a un médico legista, pues éste nunca fue presentado con la joven. Sin embargo, las autoridades después dijeron que ella lo había rechazado. “Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió Diana en ese momento. “Eso no existe en México, las órdenes de protección sólo se dan en Estados Unidos”. “No te robó el celular; tú lo entregaste”. “Las peleas entre novios no son un delito”… fueron algunas de las respuestas del personal judicial. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que ha acompañado a muchas familias en sus denuncias de violencia de género–, ese tipo de respuestas son un común en los MP del Estado de México, pues para otorgar una orden de protección se pide a la denunciante pruebas de los hechos y seguir un juicio contra su agresor. Así, la MP de Atizapán, Clara Rulfo Fernández, y el secretario Juan Ignacio Robles Márquez, así como los agentes Mónica Hernández Ruiz y Francisco Alfonso Bonifaz Muñoz no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron. Empezaron 90 días angustia, días rutina en los que había que extremar precauciones. Las llamadas de Gilberto debían contestarse de inmediato; la vida de Diana estaba amenazada, la de sus padres también. La amenaza se concretó el 31 de diciembre de 2010 cuando la asesinó. En esos días, la única esperanza para el padre de la joven era ir al MP de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla –a donde, sin explicación alguna, se trasladó el expediente–, para conocer el avance de las investigaciones por el allanamiento. Impunidad José deja escapar el llanto cuando recuerda a su hija, cuando revive cómo las autoridades judiciales lo discriminan por ser de origen humilde. De la impunidad José se defiende llevando a todas partes el viejo maletín con el expediente de su hija como si fuera un escudo, y muestra su Código de Procedimientos Penales cual espada contra las mentiras de las autoridades. Con sus manos gastadas por el trabajo, José también sostiene un bastón pues por una misteriosa enfermedad poco a poco ha quedado ciego. “Si no hubiera perdido la vista ya hubiera acabado de leer este libro y les demostraría que me están mintiendo y que lo que está haciendo (el personal judicial) está mal hecho”. Tras el asesinato, don José pasó nueve meses dando vueltas a las agencias del MP de Atizapán y Barrientos, e incluso fue a la sede de la PGJEM, en Toluca, capital de la entidad, para aportar pistas sobre el paradero de Gilberto. Sólo había dos lugares posibles donde el asesino de su hija podría resguardarse: Hidalgo y Veracruz, donde tenía a su familia. “Exijo que me cambien a ese pinche comandante”, dijo un día José en Toluca. Lo cambiaron y finalmente el 19 de octubre de 2011 Gilberto fue aprehendido en Hidalgo. La prensa local reportó que durante la detención el hombre, de entonces 23 años, argumentó “que su novia lo puso celoso y tuvo que darle 65 puñaladas”. No obstante, Gilberto aún no es sentenciado. José explica que el abogado de oficio asignado al caso de Diana sostiene que el agresor “tiene derechos”. De la confesión del asesinato nadie parece acordarse. Incluso el abogado del MP le dijo a don José que esa declaración a la prensa no cuenta ante la PGJEM, porque para una sentencia es necesario que el presunto criminal confiese que cometió un feminicidio. Fue la lucha e insistencia del padre de Diana las que lograron que la causa penal 175-2011, en la que se acusaba a Gilberto Campos García de homicidio, se reclasificara por el delito de feminicidio en la causa 619-2012. Fueron también sus constantes reclamos los que lograron que el expediente 3838/2010-10, que da cuenta del allanamiento de morada, fuera desempolvado e incluido como antecedente en la causa por feminicidio. Las inconsistencias que las autoridades judiciales cometieron desde la primera denuncia llevaron a José a acusar las irregularidades en la PGJEM, en Toluca. “Eso es muy raro; yo conozco a los agentes del MP y no cometen irregularidades”, justificó Antonio Soto, funcionario de la Procuraduría. En septiembre de 2012, con todo y sus zapatos desgastados y reclamando justicia, el padre de Diana se plantó frente a la oficina del entonces procurador mexiquense. “Quiero ver a Miguel Ángel Contreras Nieto”, demandó José “armado” con el expediente de su hija. La mirada de la secretaria barrió la vestimenta sencilla de José Diego y le dijo: “No es posible, el procurador está ocupado”. Los ojos aún buenos del hombre recorrieron la sala y vieron al menos a cuatro hombres de traje a la espera de ser recibidos por Contreras Nieto. “Debajo de la ropa todos somos iguales; si el procurador no me puede recibir porque me ve humilde y con esta ropa desgastada dígame la verdad y mañana me baño, pido prestado un traje y vengo a verlo. Soy humilde porque tengo que hacer el trabajo de las autoridades y no tengo tiempo de hacer el mío y ganar dinero. Quiero ver al procurador y no me voy de aquí hasta que lo haga”. El 22 de septiembre de 2012 a las 10:45 de la mañana los ojos fríos del procurador se encontraron con las lágrimas de José, quien contó las injusticias que los agentes ministeriales y policías habían cometido. Contreras Nieto ordenó que se revisaran las presuntas irregularidades en la averiguación previa 3838/2010. Aunque a Diana no se le protegió tras el allanamiento y la pelea del celular y nueve meses después perdió la vida, el órgano de control de la PGJEM determinó: “No a lugar a instaurar procedimiento administrativo disciplinario en contra de servidores públicos”. El hombre resistencia encarnado en José continúa en solitario con ambas batallas: la sentencia para Gilberto Campos y el castigo para quienes hicieron mal su trabajo. “A mí hija la mataron, como a las hijas de muchas madres que me he encontrado en el camino por entregar el corazón; si logro obligarlos a que en un futuro hagan bien lo que tienen que hacer, puedo evitar que a más jóvenes enamoradas el amor les cobre el precio. Eso es lo que Diana hubiera querido”.