La mano dura de Mancera

Protestar contra el gobierno federal o recordar con marchas las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 parecen constituir afrentas personales para Miguel Ángel Mancera. Convertido en el cancerbero del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno que encabeza en el Distrito Federal castiga con cárcel a quienes protestan, inventándoles delitos que nadie puede demostrar. Sus fuerzas represivas son capaces de privar de la vida a los ciudadanos, como lo hicieron en el caso de Juan Francisco Kuykendall.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tarde del pasado 12 de junio Nuria Roxana Ramírez Lozano fue ponente en el Segundo Foro contra la Represión, en el plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ahí relató las condiciones en las cuales su novio, Jorge Mario González, fue detenido, encarcelado y sentenciado sin pruebas de que los delitos que se le imputan hayan ocurrido en realidad.

“Hay una política orquestada con un fin muy específico, que es infundir el miedo en la gente para poder controlarnos”, dijo la joven, recién graduada en etnología en la UNAM.

Al mismo tiempo la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal difundía ante la prensa el nombre de Nuria Roxana, a la cual acusaba de haber irrumpido en el salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y haber obligado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a interrumpir su discurso y abandonar el lugar.

El incidente –reportado por Sara Pantoja para la agencia Apro– ocurrió cuando Mancera iniciaba su saludo a la presidenta del organismo, Perla Gómez, quien rendía su primer informe en el citado salón, al que entraron alrededor de 10 personas con carteles en los cuales acusaban de represor al gobernante capitalino.

En realidad fue Gisela Pérez de Acha, de la organización feminista Femen, quien se paró junto a Mancera mostrando un cartelón y lanzó varias consignas. Del fondo del recinto voló una botella de agua que no le pegó al jefe de gobierno pero fue suficiente para hacerlo huir del lugar custodiado por su equipo de seguridad.

Ese mismo día se inauguraba el mundial de futbol de Brasil. El gobierno capitalino mandó colocar una pantalla gigante en el Zócalo para transmitir los partidos.

Casi de manera simultánea al foro de la UAM y a la protesta en la CDHDF, Jesse Alejandro Montaño, Jamspa, trepaba por el andamiaje que sostenía la pantalla del Zócalo a fin de repudiar el campeonato deportivo y exigir la libertad de presos políticos.

Al bajar de la estructura Jamspa fue detenido y remitido al Reclusorio Norte, donde ahora cumple una sentencia de ocho años y ocho meses, acusado de participar en las protestas del 1 de septiembre de 2013, día del informe de gobierno de Peña Nieto. Lo acusaron de llevar una bomba molotov, pero lo que se aprecia en el video de esos hechos es que portaba un megáfono.

Preso sin delito

En el foro de la UAM se habló del asesinato del zapatista José Luis Solís, Galeano, y de las “represiones” ocurridas desde el 1 de diciembre de 2012, cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto.

También se presentaron los casos de Juan Francisco Kuykendall, quien murió en enero de 2014 a consecuencia de las heridas que le infligió la Policía Federal ese día.

Dramaturgo, fundador de la Compañía de Teatro Mitote y adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Kuy­kendall documentaba junto con Teodulfo Torres la jornada de protestas contra la toma de posesión del priista.

En marzo de 2013 Torres estaba citado para declarar ante una agencia del Ministerio Público que supuestamente indagaba la agresión a Kuykendall. Días antes de su comparecencia desapareció. Había avisado a sus amigos que iba rumbo a Xochimilco a encontrarse con ellos, pero jamás se volvió a saber de él.

Para los expositores del foro de la UAM se trataba de dos hechos –una ejecución extrajudicial y una desaparición forzada– que se sumaban a la criminalización de la protesta social.

Ramírez Lozano presentó el caso de Jorge Mario González, detenido el 2 de octubre de 2013 cuando viajaba en un autobús de transporte público. La versión del Ministerio Público afirma que desde ese vehículo el joven lanzaba artefactos explosivos.

El caso de González, exalumno del CCH Naucalpan (Proceso 1933 y 1943), es el de un preso sin delito pues no hay prueba de que las conductas que se le imputan hayan ocurrido, los peritajes desmienten daños por explosivos y no hay denuncias de lesionados, pero la sentencia se sostiene en los dichos de los policías que lo detuvieron.

En la toca 273/2014, desahogada en la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, constan las declaraciones de los policías Édgar Utrera y Karina Rosales, los primeros que atendieron la orden de detener el camión de la Ruta 1 en Isabel La Católica, entre Madero y Cinco de Mayo.

Utrera y Rosales admiten que a Jorge Mario no le encontraron bombas caseras. Además, confrontados en una diligencia, dijeron no recordar si éstas impactaron en algún local y que no vieron de dónde eran arrojadas. Afirman que sólo escucharon las detonaciones, es decir, no vieron si los supuestos artefactos explosivos estallaron en paredes, mobiliario urbano o carpeta asfáltica.

Una coincidencia en las declaraciones de Utrera y Rosales que ha llamado la atención de la defensa de Jorge Mario es que ambos describen de manera idéntica haber entrevistado al chofer del autobús, mientras el otro realizaba una función distinta.

Destaca más el sentido de esa supuesta entrevista, pues ambos afirman que fueron el chofer y los pasajeros quienes señalaron a los agresores, entre ellos a Jorge Mario, pero que no tomaron los datos del conductor, del autobús ni de los pasajeros, por lo que tampoco existen testigos de los hechos.

Aunque un amparo resolvió que Jorge Mario González no tuvo una defensa adecuada y regresó el expediente a la mencionada sala, ésta sólo redujo en ocho meses la sentencia original para quedar, conforme a una resolución pronunciada el pasado 10 de julio, en cinco años un mes, el límite para no conseguir libertad bajo caución.

En tanto se resuelve una nueva demanda de amparo, Jorge Mario sigue preso en la torre médica del penal de Tepepan, donde lo atienden por los estragos de una huelga de hambre que mantuvo dos meses en protesta por estar en prisión luego de que la juez Marcela Ángeles Arrieta consideró que era un sujeto “de peligrosidad social” y no debía enfrentar el juicio en libertad.

El pecado

La protesta en la CDHDF fue realizada por varios de los detenidos en marchas realizadas desde el 1 de diciembre de 2012. La mayoría alcanzó su libertad por la vía del amparo. Varios de los jóvenes exonerados, así como familiares de los que siguen presos, estaban en el informe de Perla Gómez.

Según Ilia Adad Infante Trejo, estudiante de filosofía en la UNAM detenido el 2 de octubre del año pasado, preso seis meses y liberado por las violaciones al debido proceso, el propósito era mostrar carteles, mas no interrumpir el discurso ni reventar el informe de la presidenta de la CDHDF.

La versión de Pérez de Acha coincide con esta última, pues la joven ha explicado que su protesta fue espontánea y se indignó al escuchar a Mancera hablando de derechos humanos, toda vez que, sostiene, su gobierno es represivo.

Pero de acuerdo con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, la protesta fue de “anarquistas”, y señaló directamente a Bryan Pérez (detenido el día de la toma de posesión de Peñas Nieto) y Luna Flores (detenida por hechos del 2 de octubre), además de “tres o cuatro personas identificadas con los grupos anarquistas” que, según él, estaban en el salón Digna Ochoa.

El periodista Ciro Gómez Leyva entrevistó a Serrano el siguiente 16 de junio y le preguntó si no debía ofrecer una disculpa a Ramírez Lozano por haberla implicado en un hecho en el que ni siquiera estaba presente.

“Tendría que disculparse quien dio la información. Es decir, por parte de la comisión”, expuso Serrano, y luego informó que ya había averiguaciones previas abiertas contra quienes protestaron en la CDHDF.

En un comunicado, Nuria Ramírez exigió el 17 de junio que la CDHDF esclareciera lo ocurrido. La joven universitaria no ha enfrentado cargos de ningún tipo, no se asume como anarquista y el hecho de que hayan dado su nombre completo y datos generales la sorprendió.

Sin embargo, la CDHDF se limitó a pedir a todas las partes que no convirtieran a la comisión en arena política.

Desprestigiar a quienes apoyan a los presos por participar en marchas ya ha ocurrido. A principios de abril, días después de que Infante Trejo saliera del Reclusorio Norte, una de sus amigas, Mónica Monroy (recién egresada de las carreras de etnología y sociología en la UNAM), fue señalada por Carlos Loret de Mola –en su columna del periódico El Universal– como receptora de fondos oscuros para financiar disturbios. Ella lo negó y exigió al diario derecho de réplica. No obtuvo respuesta.

Monroy, junto con amigos y familiares de Infante Trejo, había sido muy activa en la difusión de las irregularidades del caso que, al ser valoradas por un juzgado constitucional, echaron abajo la acusación del gobierno capitalino contra el joven.

Represión silenciosa

Apenas en libertad, Infante Trejo y otros jóvenes iniciaron una serie de acciones en apoyo a los detenidos el 2 de octubre, como Abraham Cortés y Alejandro Bautista, este último activista de los pueblos originarios del sur de la ciudad que interpuso denuncias penales contra Mancera y su antecesor, Marcelo Ebrard, por despojo de tierras.

Fue detenido ese día, cuando grababa el operativo policiaco desplegado durante la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco. Fue acusado de “ataques a la paz pública” y encarcelado sin posibilidad de enfrentar su juicio en libertad.

Entre tanto, a sus denuncias por despojos de tierras para facilitar obras del gobierno capitalino se les dio carpetazo.

Tampoco hay pruebas de delito en el caso de Bautista, pero sigue preso en el Reclusorio Norte, por lo cual demanda un amparo en la Segunda Sala del Tribunal Colegiado Penal (expediente 330/2014).

Otro caso es el de las sentencias dictadas en la causa 237/2013 contra siete detenidos el 10 de junio de 2013. En su edición 1953, Proceso informó que el juez penal capitalino Manuel Rangel Preciado desestimó pruebas aportadas por la defensa y condenó a cuatro años y siete meses a los jóvenes acusados.

Un amparo obligó a la justicia del Distrito Federal a reabrir la causa y tomar en cuenta las pruebas no admitidas y no valoradas por el juzgado de origen, pues ahí se violó el derecho a la defensa en juicio.

Los siete procesados, entre ellos Carlos Esteban Jiménez y Luis Barrera, integrantes del Frente Oriente, obtuvieron el amparo pues, aunque la sentencia es permutable a 45 días de trabajo comunitario o 106 mil pesos de fianza, consideran la sentencia injusta.

La misma posición asumió Gabriela Hernández Bautista, conocida en las redes sociales como Luna Flores. Trabajadora doméstica y madre de familia, fue acusada de ultrajes a la autoridad, aun cuando hay videos que muestran que no agredió a policías, como dijo un fiscal capitalino.

Luna enfrentó su juicio en prisión por ser considerada sujeto “de peligrosidad social”, y una vez sentenciada a un año tres meses, permutables por una fianza de 20 mil pesos, consiguió su libertad caucional.

Justo cuando iniciaba la apelación de su sentencia supo que estaban integrándole una nueva acusación por su participación en la protesta del 10 de junio de 2013, aunque no ha sido notificada. Ese día, cuando reclamaba por la detención de Jiménez, policías capitalinos la arrastraron varios metros y la subieron a una patrulla.

Ella estaba presente en el salón Digna Ochoa cuando Mancera fue increpado y, pese a las declaraciones de Serrano, no hay evidencia de que intentara violentar el acto.

Jamspa fue condenado a ocho años y ocho meses por ultrajes a la autoridad, resistencia de particulares y uso de sustancia prohibida.

Desde el movimiento #yosoy132 sus protestas se han hecho famosas: suele trepar la Estela de Luz y otras estructuras, como la mencionada del 12 de junio en el Zócalo. Estaba confiado en que la acusación no prosperaría, según dijo a este semanario el 23 de mayo, por los videos que demostraban su inocencia.

Este reportaje se publicó en la edición 1970 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Comentarios