SANTA CRUZ ITUNDUJIA, Oax., 4 de agosto (apro-cimac).- Desde hace 13 años, Irene Cruz Zúñiga, una indígena de origen mixteco, vive postrada en una cama. Una deficiente práctica médica durante el nacimiento de su hijo Epafrodito, la condenó a vivir sin poder moverse y, peor aún, a perder el habla. Se comunica con su familia con gemidos y sonidos que hace con su garganta. El de Irene es un caso emblemático de morbilidad materna -- secuelas en la salud por complicaciones en el parto, embarazo o puerperio--, violencia obstétrica, falta de acceso a la justicia y de reparación integral del daño, así como de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. “Cuando mi hermana salió de la casa para aliviarse, alcanzó a voltear y me dijo ‘luego seguimos platicando’. Tengo 13 años esperando esa plática”, dice en entrevista Carlos Cruz Zúñiga, sentado en medio de la habitación de adobe que Irene comparte con sus padres y su hermana menor. Ese espacio hace las veces también de comedor, sala y dormitorio. La familia Cruz Zúñiga vive en Barranca Fiera, uno de los parajes que integran la comunidad de Morelos, localidad del municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca. El nombre del paraje se debe a una caída de agua ubicada en la zona, pero bien podría describir la condición de inaccesibilidad a servicios básicos en la que viven sus habitantes. Con la voz entrecortada, Carlos recuerda que él y su hermana pasaron su infancia jugando entre los árboles, mientras que su juventud la dedicaron a la pizca de café en los municipios vecinos. Ella se casó a los 25 años de edad y tenía la ilusión de formar una familia grande. Su primer y único embarazo ocurrió un año después. Irene dio seguimiento a su embarazo con las brigadas médicas voluntarias que cada mes visitaban Barranca Fiera. En esos años, la comunidad de Morelos, y en particular la colonia, carecían de servicios de salud. En 2008 se inauguró un centro de salud, pero actualmente no atiende emergencias médicas, situación que abre la puerta a que historias como la de Irene se repitan. Parto complicado La noche del 20 de junio de 2001, Irene sintió dolores de parto. Como era la tradición de la comunidad, fue auxiliada por una partera. Sin embargo, pasaron las horas y el producto “no se acomodó”, así que la partera la mandó a la unidad de salud “más cercana”… a dos horas de distancia. Al día siguiente, su entonces esposo, Alberto Núñez Cruz, y sus padres, Enrique Cruz y Maura Zúñiga García, la llevaron a Santa Cruz Itundujia donde no recibió atención porque carecían del equipo necesario para emergencias obstétricas. Como no había ambulancia, una camioneta del municipio llevó a Irene al Hospital Rural del IMSS más cercano, ubicado en el municipio de Tlaxiaco. Tuvieron que recorrer dos horas más en un camino de terracería. Finalmente, la madrugada del 22 de junio Irene fue sometida a una cesárea de emergencia. De acuerdo con el expediente médico, también le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento ni el de su familia. Hasta la fecha, desconocen si el DIU fue implantado o no, pues no se dio seguimiento ginecológico. Horas después del parto, su esposo recibió la noticia: Irene y su hijo estaban graves. Sin más información, trasladaron a Irene al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso del sector salud estatal, situado a tres horas de distancia en la capital del estado. De acuerdo con el expediente médico, la paciente salió de Tlaxiaco con un pronóstico de “Glasgow” --escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico-- de “bueno para la vida, malo para la función”. En el Hospital Civil le diagnosticaron “encefalopatía hipóxica isquémica”, es decir, pérdida total de la movilidad y razonamiento. Anestesia sin control Maura, madre de Irene, cuenta en entrevista que las horas en Tlaxiaco mientras duraba la operación fueron de completa incertidumbre, pero debido al cansancio de los trayectos, se fue a descansar a casa de unos familiares. “Me iba a acostar y llegó mi esposo a decirme que Irene estaba mal y que la iban a llevar a Oaxaca, que yo tenía que quedarme a cuidar al bebé”, contó. Desde entonces a la fecha, Maura está a cargo de Epafrodito, quien “pasó ocho días en la incubadora y para que me lo pudiera traer a la casa me enseñaron a alimentarlo con fórmula y leche en polvo. Al principio era bien complicado, yo ya no estaba en edad de cuidar bebés. Con el paso del tiempo tuve que dividir mi tiempo para cuidar al bebé y a Irene”. Afortunadamente, dice la mujer, su nieto ya creció y se vale por él mismo. “Ahora sólo me levanto a hacerle su atole antes de las 5:30 de la mañana, cuando sale para caminar hasta la secundaria. Cuando toda la familia se va, yo le hablo a Irene con la esperanza de que se levante un día y vuelva a platicar conmigo”, dice. Por ahora la comunicación con su hija se reduce a miradas y parpadeos. Irene pasó una semana en terapia intensiva y dos meses en medicina interna del Hospital Civil. “Nuestra forma de estar ahí era tender un cartoncito para dormir”, recuerda su hermano Carlos. “Era muy doloroso ver a mi hermana con tubos, estaba irreconocible. Ya no teníamos dinero y los médicos nos dijeron que si pasaba un poco de té y atole por la boca podíamos alimentarla en casa”. Y como lo logró, la dieron de alta. “Primero la reingresamos al hospital de Tlaxiaco, donde estuvo 15 días, pero los desgastes económicos ya eran bastantes y decidimos traerla al cuarto. A partir de entonces nos hacemos cargo de ella, un tiempo intentamos que fuera a rehabilitación, pero el dinero que sacamos del campo no nos rindió”, relata Carlos. Enrique, padre de Irene, explica que fue hasta 2012 –once años después— que a consecuencia de un peritaje médico, supieron que la anestesióloga colocó el sedante sin controlar la presión, lo que provocó varios paros cardiacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro y finalmente le provocaron la inmovilidad que hoy padece. Para soportar la situación, tuvo que incrementar su jornada en el campo para mantener a su nieto y al volver a casa “en lugar de descansar debo mover a mi hija de posición para que no le salgan llagas”. Mientras hace tortillas a mano, Enimia Cruz Zúñiga, hermana menor de Irene, cuenta que desde los 21 años dedica parte de su vida a cuidar a su hermana y a su sobrino. “Mi día empieza desde las cinco de la mañana y acaba a las nueve de la noche”. Lo más difícil, reconoce, es lograr que Irene coma. Enimia decidió no casarse ni tener hijos. “Lo que le sucedió a mi hermana me creó desconfianza, sentí que me podía pasar algo igual y tener un sufrimiento así. Me afectó mucho y hasta ahorita tengo miedo”, comenta. También olvidó sus planes de salir de la comunidad y trabajar. Dice sentirse defraudada por los servicios de salud y asegura que ser mujer en su comunidad es “muy difícil”. Y sin saber mucho de cómo funciona el sistema sanitario, considera que para evitar más casos como el de su hermana “necesitamos una doctora, pues ella es de más confianza para las mujeres, para que no de repente lleguen a manos de alguien que no conocen y no saben cómo las va a tratar”. Delito impune Durante la estancia de Irene en el Hospital Civil de Oaxaca, su esposo, Alberto Núñez Cruz, comprendió que el caso no era algo “que simplemente había ocurrido por mala suerte”. Entonces empezó su exigencia de justicia y presentó una demanda por negligencia médica. Fue al Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001. Carlos, hermano de Irene, asegura que por dos meses su cuñado pudo pagar “unos abogados que parece que no hicieron nada por el caso. Ya habíamos ido en tres o cuatro ocasiones a Tlaxiaco para que nos explicaran por qué mi hermana había salido así, si estaba perfectamente bien, pero todos nos cerraron las puertas”. La situación económica de la familia obligó a Alberto a emigrar a Estados Unidos. Y aunque volvió por un tiempo, se marchó de nuevo y hasta hoy la familia desconoce su paradero. Nadie dio seguimiento al proceso judicial. Pese a la denuncia, la familia nunca recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal. Fue hasta 2010, con el relevo en el gobierno estatal, que el expediente fue desempolvado. La familia fue citada a declarar nuevamente en la capital del estado. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) cometió dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso, ya que tardó mucho tiempo en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes y el expediente quedó almacenado por años. Hasta el 19 de octubre de 2011, la Procuraduría declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS, dependencia del orden federal. Entonces se inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011. Nueve meses después, el 6 de julio de 2012, la PGR encontró a María de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público. Por ello, solicitó su detención. El 21 de agosto siguiente, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco Vásquez. Pero, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. Reparación del daño En diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con perspectiva de género para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima de origen indígena. Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un Amicus Curiae --argumento jurídico de especialistas sobre un caso judicial--, elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que recomendó medidas de reparación integral del daño por parte de autoridades estatales y federales para las víctimas: Irene, su hijo y su familia. En su fallo, el magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían. Por lo tanto, determinó que era necesaria la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas. Como se determinó que el delito prescribió –ya que el Código Penal estatal establece una temporalidad de diez años para el tipo de lesiones culposas–, el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pidió al Estado mexicano otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación. Además, exigió implementar medidas para garantizar que no se repita la situación en las distintas dependencias del sector salud, aunque no precisó qué le corresponde a cada una. Para la abogada de la familia, Jaqueline Sáenz, el caso sienta un precedente pues es uno de los pocos que obtuvo una resolución que considera las afectaciones individuales, familiares y colectivas, además de que plantea las formas en que se debe lograr una reparación integral del daño. Daniela Ramírez Camacho, maestra en Ciencia Política y quien junto con el doctor en Antropología Juan Carlos Martínez Martínez, elaboró el peritaje antropológico del caso, explica que Irene sufrió diversas violaciones a sus Derechos Humanos (DH), sobre todo en su salud sexual y reproductiva, su integridad personal, acceso a la justicia y la reparación integral del daño. Todo eso, enmarcado en un clima de discriminación y segregación contra las mujeres indígenas. La especialista considera que las violaciones a los DH son claras desde antes del parto: La falta de accesibilidad y las condiciones precarias de los servicios –que le hicieron recorrer grandes distancias–, son una muestra de que el Estado mexicano no garantizó plenamente su derecho a la salud. Además, aunque se ignora si le colocaron el DIU, la sola instrucción de hacerlo indica un mal proceder médico, violencia obstétrica y una violación a los derechos reproductivos; aunado a ello, se suman las omisiones que impidieron que Irene accediera a la justicia de manera expedita. A decir de Ramírez Camacho, una vez que las dependencias asuman su responsabilidad, el caso de Irene podría contribuir a fortalecer la visión de justicia y de reparación del daño, ya que las medidas van desde que ella y su hijo tengan servicios de salud de por vida, que él reciba una beca escolar y que el Estado remunere económicamente los cuidados que les han brindado sus parientes. Los pendientes Una de las medidas ordenadas por el magistrado para el sector salud fue el mejoramiento de los servicios en la comunidad de Morelos para garantizar que no se repita el caso de Irene. Faustino Romero García, policía de esa comunidad, reconoce que el centro de salud inaugurado en 2008 a veces no cuenta con los insumos suficientes y los pobladores deben pagar los gastos del médico pasante que los atiende. Agrega que carece de una ambulancia, por lo que los traslados a hospitales cercanos son complicados y representan un gasto considerable para las familias. Centolia López, una de las dos mujeres que fue agente de policía en la comunidad, asegura que se necesita un médico de planta comprometido en atender a las mujeres. “Que tenga el entendimiento de que en el pueblo las que van a ser madres tendrán más confianza si las atiende una mujer”. Incluso, sugiere que las parteras pueden incorporarse a esta atención. Florencia Zamora Muñoz, Doña Lenchita, única partera en la comunidad, asegura que aunque los médicos y las parteras tengan visiones distintas de cómo se debe atender a una mujer, podrían trabajar en conjunto y combinar los conocimientos científicos con su experiencia y sabiduría ancestral, en vez de menospreciarla. La antropóloga Mirna Cruz Ramos comenta que en México, particularmente en Oaxaca, se debe avanzar hacia la construcción de un sistema de salud intercultural que aplique tres modelos de atención: tradicional, biomédico y doméstico. El propósito, dice, es lograr que se respeten esos conocimientos y las mujeres indígenas puedan acceder a servicios de salud que no perciban como ajenos. Por lo pronto, Irene y su familia esperan la respuesta de las autoridades involucradas en la reparación integral del daño, pues hasta el momento dependencias como el IMSS y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les han ofrecido algunos beneficios o una especie de indemnización, pero nada se ha concretado. Como muestra del desinterés del Estado mexicano por combatir la muerte y morbilidad maternas, así como en garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia obstétrica, el caso de Irene será expuesto en foros públicos. De hecho, la violencia obstétrica que enfrentan las mexicanas de poblaciones vulnerables es un tema que ya se ha expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).