De 2010 a la fecha, la violencia criminal protagonizada por pistoleros de Los Zetas y el Cártel del Golfo obligó a los pobladores de comunidades rurales de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas a dejar sus tierras. Al principio, los delincuentes comenzaron a usufructuarlas, pero en los últimos meses llegaron a la región firmas trasnacionales y comenzaron a explorar el subsuelo en esos predios –muchos de los cuales están abandonados– en busca de hidrocarburos convencionales, entre ellos el codiciado gas shale. Sin embargo, la mayoría de los pozos perforados sólo contienen “gas seco”, que, según los expertos, no es rentable, lo cual representa un tropezón para la reforma energética.

DOCTOR GONZÁLEZ, N.L. (Proceso).- Decenas de pueblos del noreste del país fueron arrasados y abandonados en los últimos años a causa de la violencia del crimen organizado. En muchos de ellos el éxodo fue paulatino, pues sus habitantes se negaban a abandonar sus tierras.

En Tamaulipas, por ejemplo, Ciudad Mier y otras comunidades se quedaron con una cuarta parte de sus habitantes; en Nuevo León, el municipio de China tiene hoy 60% de sus casas sin habitar, y en Coahuila los desplazamientos de población fueron numerosos.

Hoy, los ranchos y tierras agrícolas abandonados proliferan en las tres entidades y comienzan a convertirse en problema para las autoridades federales y locales, ya que están en la mira de las compañías trasnacionales Halliburton, Schlumberger y Weatherford, interesadas en explorar el subsuelo de la región en busca de hidrocarburos no convencionales... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1975 de la revista Proceso, actualmente en circulación.