Activista oaxaqueño cumple 20 meses en prisión por un secuestro que no cometió

viernes, 23 de enero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- A pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU criticó al Estado mexicano por la detención y que peritos externos afirmaron que había sido torturado, el maestro y activista oaxaqueño Damián Gallardo Martínez permanece en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, desde hace 20 meses, acusado del secuestro de dos jóvenes. Desde su captura, tanto la defensa como organizaciones de derechos humanos denunciaron el carácter arbitrario de su detención, ya que Gallardo Martínez forma parte de la combativa sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se involucró en comités de apoyo a la liberación de presos políticos y abogó por una educación alternativa en la región Mixe y Zapoteca de la sierra oaxaqueña. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OPDDH) llamó hoy a la ciudadanía a enviar cartas a diferencias instancias del Estado mexicano –tanto del gobierno federal como de Oaxaca-- para instarles a liberar de manera inmediata al activista, pero también garantizar su seguridad y lanzar una investigación sobre su supuesta detención arbitraria y la tortura que padeció. El OPPDH, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), lamentó que peritos de la CNDH no aplicaran el Protocolo de Estambul sobre tortura a Gallardo Martínez, a pesar de que éste lo había solicitado. La organización observó que los peritos de la CNDH “sólo llevaron a cabo algunas de las pruebas necesarias” de manera “tendenciosa” con el fin de “condicionar el resultado”, y de que emitieron un “informe parcial en el que se establece la ausencia de indicios a pesar de las pruebas físicas de tortura”. Los familiares solicitaron entonces un peritaje externo, cuyo dictamen afirmó que Gallardo Martínez había sufrido actos de tortura. El 12 de noviembre enviaron el dictamen al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en Jalisco. Detención arbitraria En su comunicado, el Observatorio recordó que por la madrugada del 18 de mayo de 2013 el activista fue “violentamente arrestado” en su domicilio de Valles Centrales, en Oaxaca, “sin orden judicial o ningún tipo de documento firmado por una autoridad competente”. Las personas que detuvieron a Gallardo Martínez le taparon la cara y lo llevaron “a un domicilio privado”, donde “fue incomunicado y torturado”, explicó el OOPDH. Ahí, según la defensa de Gallardo, fue obligado a “firmar confesiones de auto culpabilidad, amenazándole que si no firmaba las hojas en blanco matarían y violarían a sus familiares”. Sus captores también exigieron al maestro denunciar a otros integrantes de la sección 22 para involucrarlos en el secuestro de dos hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. El 19 de mayo de 2013, Gallardo fue trasladado al Distrito Federal y llevado a la oficina de la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Tres días después lo trasladaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande. Hasta la fecha las autoridades no han presentado alguna justificación del lugar donde lo tuvieron entre su detención y su traslado a la SEIDO, 15 horas después, aparte de que Gallardo permaneció incomunicado de su abogado durante 26 horas en total. Sin pruebas Sin embargo, según la defensa del activista, a la fecha las autoridades han sido incapaces de comprobar que Gallardo haya participado en el secuestro de los adolescentes, ya que el único elemento con el que cuentan para inculparlo fue la declaración que, denuncia, le arrancaron bajo tortura. Además, la defensa acusó que la SEIDO clasificó su detención como “en flagrancia”, a pesar de que fue capturado en su domicilio. Apro reportó el pasado 16 de diciembre que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, alertado por los familiares del activista, solicitó información al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los señalamientos de tortura y de detención arbitraria, pero las autoridades nunca contestaron. Ante el silencio del gobierno, los expertos hicieron pública su decisión en la que plantearon las “serias alegaciones no solamente de violaciones a los derechos humanos, sino también de la obligación de protección debida a un defensor de derechos humanos, particularmente de las garantías de los pueblos indígenas, mencionándose en la relación de hechos actos de intimidación, amenazas y prácticas repetidas de actos de tortura”. Incluso, señalaron que “pese a que la justicia revocó el auto de formal prisión y ordenó su puesta en libertad, Gallardo Martínez fue mantenido en detención desde el 23 de enero hasta el 2 de febrero (de 2014) hasta que un auto de formal prisión fue emitido con el propósito de justificar su mantenimiento en detención”, decisión que, según los expertos, se basó “sobre la base de los mismos argumentos y calificación que habían sido ya rechazados por los órganos judiciales”. Según el Observatorio, los delitos de secuestro y de delincuencia organizada podrían conducir a Gallardo Martínez a sufrir una condena de hasta 75 años.

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