CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Genoveba, una indígena rarámuri de Cusárare, poblado ubicado en el municipio de Guachochi en la Sierra Tarahumara, se vio obligada a salir de su comunidad con su hija por la hambruna que vivían. Llegaron a un asentamiento llamado Sierra Azul, en la ciudad de Chihuahua donde encontraron acomodo en la vivienda de Martha Cecilia, hermana de Genoveba. Un día, al asentamiento llegó Judith Sánchez Rojo, una mujer mestiza que buscaba una empleada doméstica. Contrató a Martha Cecilia y ahí empezó el infierno para Genoveba. Judith deseaba un bebé y se percató que Genoveba tenía una niña recién nacida. Se ofreció a apoyarla, le compró leche y pañales y así se ganó su confianza. En febrero de 2011, Judith le pidió su hija a Genoveba para ir a comprarle ropa pero ya no la regresó y se la llevó a Torreón, Coahuila. Genoveba enfermó gravemente y fue internada en Creel, municipio de Bocoyna, donde permaneció cuatro meses. Eso no le impidió tratar de recuperar a su hija. Le pidió a su hermana que interpusiera una denuncia y ésta quedó radicada ante la Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer Víctima de Violencia por Razones de Género, contra Judith Sánchez, por el delito de sustracción y retención. Sin embargo la pesadilla estaba lejos de terminar. Genoveba se enfrentó a discriminación e impunidad de la Fiscalía donde sólo recibió regaños porque reclamaba que le devolvieran a su hija cuando la niña estaba mejor con la mujer mestiza porque le daba todo lo que ella no podía darle y además, la mujer indígena tenía más hijos. Genoveba permanecía días en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de Chihuahua. En silencio esperaba recuperar a su hija y gracias a su perseverancia, logró que la fiscalía la localizara pero no se la entregaron sino que la llevaron a la Casa Cuna del DIF estatal. Sólo la dejaban ver a la niña 20 minutos diarios pero todos los días acudía con la esperanza de recuperar a su hija. Luego le pusieron una condición para ello: tenía que otorgar el perdón a la mujer que le robó a su hija y así lo hizo con tal de tener de regreso a la niña. No recibió asesoría legal ni la asistencia de un traductor de lengua, sólo confió en las autoridades. Al mismo tiempo, Judith Sánchez pidió la guarda y custodia de la menor al juez Cuarto de lo Familiar y éste ordenó al DIF que le entregara a la hija de Genoveba. De inmediato la mujer indígena acudió al juzgado donde le informaron que ella no aparecía en el expediente y por lo tanto, no estaba legitimada para participar en el juicio. Insistió varias veces para que el juez la recibiera, pero nunca tuvo éxito. Desesperada, Genoveba acudió el año pasado llevado al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), donde documentaron las violaciones a sus derechos humanos y los de su hija y promovieron el amparo 291/2014. Finalmente, el juez Octavo de Distrito ordenó que la mujer y la niña indígenas debieran estar juntas y le otorgó el amparo a Genoveba. Además el juzgador consideró que hay tres autoridades responsables por las violaciones a los derechos humanos de las dos mujeres indígenas: el juez Cuarto de lo Familiar, por haber otorgado la guarda y custodia a Judith Sánchez sin respetar el interés superior de la niña. La Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer Víctima de Violencia por Razones de Género, por dictar no ejercicio de la acción penal contra la mujer que robó a la niña y haber aceptado “el ilegal perdón” de Genoveba, sin traductor y con ausencia de asesoría jurídica. Y la tercera, la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF, que falló porque entregó a la niña. El amparo obliga a que se reponga todo el procedimiento, a que el juez declare nula e ilegal la guarda y custodia de la niña indígena y que se continué con la investigación en contra de Sánchez Rojo. Actualmente la niña se encuentra desaparecida debido a las actuaciones del Juez Cuarto de lo Familiar, quien legitimó el robo de la niña rarámuri y posibilitó que la mujer mestiza huyera con ella de la ciudad, consideran abogadas del Cedehm. Por ese motivo, el Cedehm exigió la destitución inmediata del juez, quien ha sido señalado por diversas víctimas como un funcionario que reiteradamente violenta los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres en situación de violencia. Además, exigen la activación del Protocolo Alba, instaurado en Ciudad Juárez hace 19 años e impulsado por organizaciones civiles para localizar mujeres y niñas desaparecidas. También exigen la entrega de la niña a su verdadera madre y que se cree un Consejo de la Judicatura que garantice una evaluación objetiva del desempeño de quienes integran el aparato judicial y tome medidas, incentivos o sanciones de jueces, juezas, magistrados y personal administrativo, según corresponda.