Moreno Valle, el vendedor de Puebla

sábado, 3 de enero de 2015 · 19:53
Cacique con ínfulas de faraón, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle se ha dedicado a promover su imagen con miras a la Presidencia en 2018 al tiempo que se enriquece, dispone del estado como si fuera propiedad suya y aplasta, incluso violentamente, cualquier intento de crítica o protesta en su contra. Logró lo impensable: que sus gobernados empiecen a añorar al Góber Precioso. PUEBLA, Pue. (Proceso).- En los casi cuatro años que han transcurrido de su sexenio, el gobernador panista Rafael Moreno Valle convirtió su aspiración presidencial para 2018 en eje de su mandato. A la alianza con Televisa y Televisión Azteca y un millonario gasto en imagen, el mandatario poblano suma la ejecución de obras faraónicas y la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos estatales de transparencia, fiscalización y derechos humanos. Grupos políticos lo acusan de organizar afiliaciones masivas al PAN y al PRD para tener injerencia nacional en las decisiones de esos partidos, además de generar complicidades con el PRI y Movimiento Ciudadano, de tener bajo control al Partido Nueva Alianza (Panal) y haber impulsado la creación del partido estatal Compromiso por Puebla. Y si al presidente Enrique Peña Nieto lo antecedió el caso Atenco, Moreno Valle ya tiene el suyo, el Chalchihuapan, y más de 200 activistas y líderes sociales encarcelados durante su gobierno, para demostrar que tiene la “mano dura” necesaria para participar en la puesta en práctica de las reformas constitucionales, en particular la energética. Además impulsó la llamada “Ley Bala”, aún vigente pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la censuró por pretender reprimir la libertad de manifestación y haber causado la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Todavía más: Su gobierno dio un paso más allá de las reformas federales cuando modificó la Ley de Expropiación –popularmente llamada “Ley Despojo”–, la cual le permite al estado apropiarse de terrenos de particulares para imponer la ejecución de obras. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1992, ya en circulación)

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