MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su titular, Luis Videgaray, ya no se limitará a la definición del pago de derechos y contraprestaciones en materia de telecomunicaciones. De acuerdo con una iniciativa de reformas enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 7 de septiembre, las facultades de la SHCP se ampliarán hacia todas las licitaciones, prórrogas o refrendos en proyectos de infraestructura de transporte aeroportuario, carretero y servicio ferroviario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretenda concesionar en lo que resta del presente sexenio, La iniciativa para reformar y adicionar las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio Ferroviario le otorga a la dependencia encabezada por Videgaray la última palabra en materia de “evaluación de proyectos de inversión, opinión con una perspectiva de análisis financiero”, la determinación de si se prorroga o no una concesión en materia de infraestructura, y fijar la contraprestación que los concesionarios deberán pagar al Estado en materia de transporte. Según la iniciativa del Ejecutivo federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre, todas las concesiones que otorgue la SCT en materia de caminos y puentes, puertos, aeropuertos y servicio ferroviario pasarán por el visto bueno o por la modificación de la SHCP. De los 266 compromisos que firmó Peña Nieto al inicio de su mandato para cumplir a lo largo de su sexenio, 105 dependen de la SCT y 76 son de infraestructura carretera. El subsecretario de Infraestructura en la SCT, Raúl Murrieta, responsable de las licitaciones más importantes en materia carretera, trabajó bajo las órdenes de Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México cuando su gobernador era Peña Nieto y se le considera el brazo derecho del titular de Hacienda. Antes de que se presentara esta iniciativa de reformas, Murrieta afirmó que en las licitaciones de infraestructura se hicieron “pruebas piloto” con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que participara en la “sala de concursos”. El SAT, también dependiente de Videgaray, “nos evitará que en lugar de tener 60 participantes en una licitación, tendremos 20, pero serios”, declaró el subsecretario a la prensa el pasado 1 de julio. La actual iniciativa de reformas de Peña Nieto formaliza la intervención de la SHCP y desplaza el poder del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, envuelto en varios escándalos desde la suspensión del polémico proyecto del tren México-Querétaro en noviembre del año pasado, así como las recientes denuncias contra la empresa española OHL, considerada por sus competidores como una de las consentidas del gobierno peñista. La SHCP también tendrá la última palabra en el paquete de 21 licitaciones para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo monto rebasará 169 mil millones de pesos, de los cuales 127 mil millones se destinarán a obras específicas de infraestructura de la nueva terminal aérea y 20 mil millones a “obras hidráulicas complementarias”, según anunció Ruiz Esparza el 8 de julio pasado. La SCT, responsable de los grandes negocios de telecomunicaciones y de la política de Transición Digital Terrestre en este sexenio, aún tiene pendiente culminar la entrega de más de 10 millones de televisiones digitales. Según datos de la Oficialía Mayor de la SCT, se han invertido 12 mil millones de pesos para la adquisición de 5.8 millones de aparatos y faltan 11 mil millones de pesos, que dependerán del visto bueno de Videgaray. En total, ese proyecto tendrá un costo de 23 mil millones de pesos. Otro de los proyectos pendientes de la SCT en el cual será determinante la SHCP es el despliegue de la llamada Red Compartida, en la banda 700 Mhz, donde se invertirán más de 10 mil millones de pesos. En su comparecencia ante el Senado el pasado miércoles 7, Videgaray fue cuestionado sobre este tema por el senador panista Héctor Larios. Éste le reprochó que Hacienda redujera de 20 centavos a 0.2 centavos el pago de derechos en el proyecto de la Red Compartida de la banda 700 Mhz que se licitará en 2016. Videgaray respondió que los derechos y aprovechamientos, publicados en las prebases, son menores ya que “vendrán acompañadas de obligaciones de cobertura de al menos 80%”. Poder de decisión La iniciativa de reforma, firmada por Peña Nieto, propone que “la SCT realice una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte que pretenda concesionar, la cual deberá remitir a la SHCP, a fin de recabar su opinión favorable y proceder con el otorgamiento de la concesión o, en su caso, la resolución de la prórroga de la misma. “Se pretende que la SHCP, como instancia especializada en la evaluación de proyectos de inversión, emita opinión con una perspectiva de análisis financiero, con el objeto de que en la determinación del otorgamiento del título correspondiente o de su prórroga, se valoren todas las variables económicas y financieras pertinentes que demuestren que éste resulte rentable. De esta manera, se tendría mayor certeza de que el proyecto podrá ejecutarse y que los bienes y servicios públicos concesionados se usarán en forma eficiente”, argumenta el Ejecutivo. Propone que la SCT remita la evaluación de la rentabilidad económica y la documentación e información a Hacienda, y para “evitar que el procedimiento de opinión favorable genere retraso en el otorgamiento de las concesiones” se establece un plazo de 30 días naturales para que la dependencia emita esa opinión. Al mismo tiempo, se pretende que en los casos específicos de concesiones en materia de caminos, puentes y autotransporte federal, y del servicio ferroviario, “los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía deberán considerarse dentro de los costos totales del proyecto de que se trata”. Y prosigue la iniciativa: “Este planteamiento tiene un doble propósito ya que, por una parte, permite evaluar integralmente todos los costos en un proyecto y, por la otra, evita inconsistencias en cuanto a la definición y erogación de los recursos públicos que, en su caso, se destinen al propio proyecto para obtener el derecho de vía”. Esta serie de reformas “permitirá al gobierno federal contar con bases legales para fomentar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, pues éstos habrán sido opinados favorablemente respecto de su viabilidad financiera lo que reduce los riesgos económicos tanto para los particulares como para el Estado”. Al aprobarse la iniciativa, la SHCP tendrá también la última palabra en la determinación de las contraprestaciones a cargo de los concesionarios, ya que las concesiones “implican el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación, o la prestación de servicios públicos, por lo que dichos bienes y servicios tienen un valor económico respecto del cual el Estado tiene derecho a recibir una contraprestación, en términos de lo que establecen las disposiciones jurídicas aplicables”. Para determinar esos pagos al Estado, la SHCP tendrá facultades no sólo para evaluar el proyecto sino para vigilar y evaluar a los distintos participantes El decreto de reforma, que deberá ser aprobado por el Congreso, adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el artículo 23 Bis de la Ley de Puertos; el 10 Bis de la Ley de Aeropuertos, y el 8 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.