En una decisión más política que económica, Washington decidió recortar los recursos de la Iniciativa Mérida debido a las recurrentes violaciones de los derechos humanos que perpetran las fuerzas de seguridad mexicanas. A causa de hechos como Ayotzinapa y Tlatlaya, el Departamento de Estado quitó un apoyo de 5 millones de dólares, y se sumó a un movimiento creciente que desde Estados Unidos le exige a Los Pinos poner orden entre sus militares y policías. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por primera vez desde que en 2008 arrancó la Iniciativa Mérida para combatir el narcotráfico, el Departamento de Estado estadunidense redujo el apoyo a México debido a casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán, Ostula y Calera, en los que integrantes de fuerzas federales de seguridad perpetraron graves violaciones a derechos humanos, hasta ahora impunes. El lunes 19 los medios más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, revelaron la decisión del Departamento de Estado de recortar 5 millones de dólares de la partida de 148 millones que se proyectaba entregar este año a México, ante la imposibilidad de informar al Congreso estadunidense sobre avances sustanciales en materia de derechos humanos, a los que están condicionados 15% de los fondos destinados para la Iniciativa Mérida. Según The Washington Post, de 2008 a la fecha el Congreso de Estados Unidos ha destinado 2 mil 300 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. De ese monto, mil 300 millones fueron a entrenamiento y compra de equipo. La sanción del gobierno de Obama a México fue tomada con el beneplácito de representantes de organizaciones de derechos humanos radicadas en Estados Unidos, que junto con agrupaciones mexicanas han pugnado desde hace varios años por hacer efectivas las condiciones de respeto a las garantías individuales en los operativos binacionales de combate al narcotráfico. En entrevistas por separado, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW); Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), y Arturo Viscarra, de School of Americas Watch (SOAW), coincidieron en que al Departamento de Estado no le quedó más alternativa que ejecutar la sanción, habida cuenta de la gravedad de los casos registrados recientemente en México. “Hasta ahora, el papel del Departamento de Estado había sido el de preservar la relación bilateral –comenta Vivanco–, haciendo todo tipo de malabarismos para evitar la aplicación de las consecuencias que se derivan de la falta de respeto a los derechos humanos según la Iniciativa Mérida.” Tras recordar que el Departamento de Estado y el Congreso estadunidenses suelen “mantener reuniones periódicas para consultar con la sociedad civil, incluyendo a HRW, cuando hay preocupación por la violación de derechos humanos en diferentes países”, Vivanco considera que con el reconocimiento de “la grave situación de México” por parte de la oficina del secretario John Kerry, “podemos decir que el sistema está funcionando”. Eso en Estados Unidos, porque en México, según Vivanco, se vive una “actitud de cerrazón corporativa” de la Sedena, puesta en evidencia durante la reciente audiencia en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando se expusieron las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se avaló la negativa del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que los miembros del GIEI entrevistaran a los soldados del 27 Batallón de Infantería. “El rechazo del Ejército a la fiscalización internacional en derechos humanos –apunta Vivanco– demuestra su intención de seguir operando al margen de todo control, de acuerdo con sus propias reglas, como lo hicieron durante buena parte del siglo XX.” Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2034 de la revista Proceso, actualmente en circulación.