La oscura eternización de Elías Azar

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF desde 2008, Édgar Elías Azar busca una segunda reelección consecutiva… y más: sus planes son encabezar esa instancia hasta el año 2021. Y, a juzgar por las voces opositoras a sus afanes de establecer una especie de “porfiriato”, no lo hace por un compromiso con la justicia, sino con los negocios inmobiliarios, a los cuales está dedicado con la asesoría de Pedro Aspe y apoyado en Inmuebles Carso. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El intento de reelección, la segunda consecutiva, de Édgar Elías Azar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), es un caso inédito en el Poder Judicial mexicano y un escándalo que ha fracturado al pleno de 80 magistrados, quienes deberán votar en secreto el próximo 4 de noviembre si ratifican o no al exsecretario de Finanzas de Guerrero y conocido promotor de los intereses de grandes corporaciones empresariales y mediáticas. Elías Azar ganó con sólo tres votos de diferencia en noviembre de 2007 para cubrir el periodo 2008-2012. Tuvo una reelección que vence el próximo 1 de enero, pero valiéndose de una reforma al ­artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal y un transitorio de la misma, el actual presidente y sus promotores consideran que se trata de una nueva norma y, por tanto, Elías Azar está en condiciones de contender para el periodo 2016-2018 y para otro más que culmine en 2021. Es decir, pretende controlar los destinos del Poder Judicial capitalino 14 años. El escándalo de la reelección se ventiló durante tres sesiones del pleno el 21, 24 y 29 de septiembre, donde 61 de los 79 magistrados presentes opinaron que sí está en condiciones de contender. De los dos contendientes finales, sólo quedó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a quien le faltarían 12 votos para tener la mayoría del pleno, revelan a Proceso sus promotores internos. El magistrado Eduardo Guerrero, feroz crítico del intento de reelección y quien amenazó, incluso, con una huelga de hambre, se retiró ante el ofrecimiento del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, para formar parte de la terna presidencial para ocupar una silla de ministro en la Suprema Corte de Justicia, según versiones internas del TSJDF. Elías Azar ha argumentado interna y externamente que desea prolongar su mandato para concluir un ambicioso programa de trabajo que incluye la construcción de la Ciudad Judicial, de las nuevas salas civiles, de la Escuela Nacional de Jueces, de edificios anexos a los reclusorios Norte, Sur y Oriente y las remodelaciones de más de 16 inmuebles propiedad del máximo tribunal capitalino. En cada una de las sesiones del pleno de magistrados, cuyas versiones estenográficas tiene Proceso, Elías Azar presume que por cada reforma de los juicios orales él ha construido nuevos inmuebles. Primero ocurrió con la reforma penal que derivó en la construcción –incompleta– del nuevo edificio de salas penales en Niños Héroes 119 y ahora con las salas civiles en materia familiar que se construirán en Niños Héroes 150, a un costo de más de 800 millones de pesos. En otras palabras, los críticos internos de Elías Azar lo califican no de “promotor de la justicia”, sino de intenso “promotor inmobiliario” que cuenta con el apoyo y asesoría del secretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe, del empresario Carlos Slim y de su constructora Inmuebles Carso, a la cual le enajenó cinco edificios del tribunal en la calle Río de la Plata, colonia Cuauhtémoc, a cambio de que construya una nueva Ciudad Judicial en la colonia Doctores del Distrito Federal. Las operaciones inmobiliarias de Elías Azar son poco transparentes; como los 110 millones de pesos que invirtió en la Sociedad Popular Financiera Ficrea, utilizando fondos que no son propiedad del tribunal; o como el caso del Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia en el Distrito Federal (Faajud), considerado la auténtica “caja chica” del magistrado de origen guerrerense. Otros manejos discrecionales del dinero del tribunal son los procedentes del Fideicomiso para la Jubilación de los Magistrados, que se invirtieron en los instrumentos bursátiles conocidos como fibras; el financiamiento de sus labores proselitistas como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, una especie de Conago de los poderes judiciales estatales, encabezada por el propio Elías; el destino del fondo de los recursos autogenerados del tribunal, que ascendían a 1 millón 200 mil pesos mensuales y debían destinarse a estímulos para el personal. Tampoco se conoce de cuánto es exactamente la deuda pública del TSJDF. Las versiones internas mencionan que los pasivos ascienden a entre mil 500 y mil 700 millones de pesos, que representan más de 10% de su presupuesto anual, que es de 11 mil 500 millones de pesos. La “magia” de Aspe El pasado 28 de mayo, Elías Azar citó al pleno de magistrados no para discutir temas de la administración y eficacia de la justicia, sino la operación inmobiliaria de enajenación de cinco edificios de la calle Río de la Plata para financiar nuevas ­instalaciones. A ese pleno invitó a su asesor personal Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, director del fondo de inversiones Evercore Partners y estratega del negocio inmobiliario de Elías Azar. En su intervención, Aspe recordó que las nuevas salas penales costarían 665 millones de pesos, “y el magistrado Édgar Elías me llamó por teléfono y me dijo: ‘Oye, Pedro, a ver cuándo podemos desayunar o comer o juntarnos. Cómo voy a financiar 665 millones de pesos’”. Entonces, relató Aspe, “nos juntamos con el oficial mayor a ver las partidas. Y encontramos el Faajud y dijimos, pues en ese fondo van a entrar los recursos poco a poco. Los financieros lo que podemos hacer es traernos los recursos del futuro al presente, te doy el dinero, lo construyes y lo dejas de garantía para que se vaya pagando. Esa es la magia”. La operación fue realizada el 27 de septiembre de 2010. Se adelantó la recepción de los rendimientos del Faajud durante 15 años, como una inversión de mil 100 millones en un fideicomiso que tenía garantizado todo el capital y 100% de la inversión al vencimiento y se compró un “bono cupón cero”. Para que “no hubiera líos”, explicó Aspe, se hizo la operación a través de Banobras. “Los recursos para financiar las nuevas salas penales provinieron de la diferencia entre el precio de un instrumento y el monto invertido, unos 700 millones y la diferencia; con eso se hizo un fideicomiso que se utilizó como fuente de administración y de pago del proyecto”, explicó Aspe a los magistrados. Ante la reforma constitucional en materia de juicios orales, el tribunal “requiere de un nuevo edificio que albergue nuevas salas civiles, familiares y la Escuela Nacional de Jueces, equipado con infraestructura y tecnología necesarias para llevar a cabo la transición del procedimiento escrito al oral”. Por esa razón, Aspe y Elías Azar plantearon la operación inmobiliaria más ambiciosa de este año: enajenar los cinco inmuebles de Río de la Plata, que incluyen el edificio de 15 pisos de oficinas, su estacionamiento, la casona de 624 metros cuadrados donde está el actual Centro de Convivencia Familiar y la casa habitación de dos niveles para el Centro de Desarrollo Infantil, más el terreno que es el jardín de la guardería, de 436 metros. La operación fue para obtener “una contraprestación en especie” que es la construcción de un edificio que albergue las nuevas salas civiles y familiares. Aspe expuso que se firmó un “contrato de enajenación a título oneroso con pago de contraprestación en especie”. En esa operación se inscribieron originalmente ocho grandes inmobiliarias (Alen, Danos, Fibra 1, Garza Ponce, GDI, GIN, EXA e Inmuebles Carso). Quedaron tres finalistas. Y finalmente se le adjudicó a Inmuebles Carso. “Yo no veo un problema financiero en lo más mínimo con Inmuebles Carso”, argumentó el exsecretario de Hacienda. Según Aspe, el nuevo edificio –que originalmente valdría mil 100 millones de pesos– quedó con un valor de 800 millones porque se redujo 30% del proyecto original. Este edificio, que estará en la colonia Doctores, “cuesta más que el valor de los cinco” de Río de la Plata, a pesar de que éstos están en una zona de mayor plusvalía inmobiliaria, a unos pasos de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. “El trueque que van a hacer por un edificio muy bien valuado me parece único. Están creando una Ciudad Judicial alrededor de las reformas”, envolvió Aspe a los magistrados, con el beneplácito de Elías. A pesar de que este tipo de transacciones debe definirlas el Consejo de la Judicatura, 68 votos de los magistrados avalaron la propuesta. Sólo hubo cuatro en contra. La magistrada Petra Quezada Guzmán, que votó en contra, lo señaló: “La validación no tiene que venir del pleno, sino del Consejo de la Judicatura”. En la misma sesión, Elías explicó que el TSJDF tiene también el edificio de Plaza Juárez, en el número 31 de la calle Independencia y que vale entre 800 y mil 100 millones de pesos; pero el gobierno federal, interesado en adquirirlo, “no aceptó el esquema que negoció el doctor Aspe junto con el ingeniero Slim”. El “porfiriato” de Elías Durante la primera sesión del pleno que discutió la posibilidad de la reelección del actual presidente del TSJDF, los magistrados José Guadalupe Carrera Domínguez (antecesor de Elías Azar), Lázaro Tenorio Godínez, Maurilio Domínguez Cruz, Petra Quezada Guzmán y Eduardo Alfonso Guerrero Martínez cuestionaron abiertamente la reelección y las maniobras para influir y hacer favores en casos de la justicia. Indignado, Elías Azar tuvo un largo discurso en cuya parte medular se colocó como víctima: “Creo que no se vale hablar de que me quiero eternizar aquí. Créanmelo, lo digo y que se asiente con toda claridad, que un puesto como éste es muy agobiante y desgastante, pero lo más agobiante y desgastante que tiene este puesto son los problemas que surgen en el mismo interior de nuestro tribunal, de las acusaciones que se hacen con falsedad, de las imputaciones y amenazas que he recibido. “Yo empecé limpiando ese patio y a mí nadie me lo dice. Yo desde ahí observaba con admiración al presidente del tribunal, a Julio Sánchez Vargas, en este mismo escritorio. Yo escribí mi historia y mi futuro. Dios me ha permitido escribir mi biografía. “La Ciudad Judicial no son tres edificios, la Ciudad Judicial para que se piense es muchísimo más que tres edificios, la dispersión del Tribunal Superior era bárbara, brutal, tenía enormes costos, y hoy se está consolidando todo”, se ­defendió. Las críticas adentro, pero, sobre todo, entre abogados y especialistas se han incrementado en la víspera de la reelección de Elías Azar. El lunes 12 Javier Quijano, secretario general de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados y expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, hizo pública una carta donde considera que si Elías Azar se llegara a reelegir, “su nombramiento sería no solamente ilegal, sino ilegítimo y, en consecuencia, nulo por modo ­absoluto”. Según la argumentación de Quijano, la designación sería también violatoria de los derechos humanos no sólo de los magistrados que se hubieran postulado como candidatos, sino de aquellos que, “con renuncia del beneficio del escrutinio secreto, hubiesen votado abiertamente en contra. Podrán reclamar su protección ante la justifica federal por la vía del amparo”. Las presiones dentro del tribunal se han agudizado en los últimos días contra los magistrados que han expresado su oposición a la permanencia de Elías. Por ejemplo, a través del área de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República se investiga a dos magistrados pertenecientes a la Segunda Sala Penal: Estela Castañón Romo y Roberto Martín López. El cabildeo en los medios se ha intensificado para no darle foro a las voces críticas, especialmente en Televisa ni TV Azteca, a las que Elías Azar ha ayudado en varios casos, como fue el de la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, Paula Cussi, detenida frente a la oficina del propio presidente del Tribunal (Proceso 1800) o el caso de Grupo Elektra contra la Bolsa Mexicana de Valores, donde la juez Rosey González, cercana a Elías, benefició a la empresa de Ricardo Salinas Pliego (Proceso 1913). La experiencia de Elías Azar en el manejo irregular de finanzas públicas proviene de su paso como tesorero del gobierno de Francisco Ruiz Massieu, en Guerrero, entidad donde se le atribuyen varias propiedades, incluyendo un rancho de varias hectáreas. También medios locales de Quintana Roo han señalado el vínculo de Elías Azar y su coordinador de asesores, Carlos Ignacio Santistevan Ochoa, con Rolando Santistevan, hijo del segundo y presunto prestanombres de Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde. Santistevan es señalado como prestanombres del sobrino de Édgar Elías, Rolando Elías Wismayer, propietario de cuatro departamentos en la tristemente célebre Torre Emerald, de Cancún, donde falleció de manera extraña la búlgara Galina Chankova Chaneva, quien estaba en una fiesta en el piso 19 del departamento B de ese conjunto residencial. El propio González Martínez declaró que ese departamento –desde donde se arrojó la joven– no era de su propiedad sino de Rolando Elías Wismayer y de su esposa, Elizabeth Díaz Ortiz. Nadie vio, nadie supo lo que ocurrió con esa muchacha. Mucho menos el sobrino del presidente del TSJDF.

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