Pese a su opaca y polémica gestión, Elías Azar es reelecto por tercera ocasión en el TSJDF

miércoles, 4 de noviembre de 2015
MÉXICO, DF (apro).- Con la “bendición” de Los Pinos y del Gobierno del Distrito Federal y pese a su opaca y polémica gestión, Edgar Elías Azar fue reelecto este miércoles como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal (TSJDF) por tercer periodo consecutivo. Con 60 votos a favor, 17 en contra y una abstención, Elías Azar cumplirá otros tres años más –lleva ocho– al frente del órgano judicial de la capital del país, con la abierta posibilidad de prolongar su reinado hasta el año 2021, como lo anticipó el semanario Proceso en su edición del pasado 25 de octubre (número 2034). En la sesión pública de este miércoles, el magistrado de 69 años se impuso a Rafael Guerra Álvarez, su único competidor, luego de que Eduardo Alfonso Guerrero Martínez abandonó la contienda el pasado 19 de octubre, luego de que recibió un ofrecimiento del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, de incluirlo en la terna presidencial para ocupar una silla de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tras ser ratificado, el presidente del TSJDF se comprometió a modernizar la justicia cotidiana a través de nuevos modelos de gestión judicial, aplicar la oralidad en todas las materias, hacer cumplir el debido proceso, realizar una administración efectiva y transparente y pugnar por la nueva escuela judicial de la capital mexicana. La “magia” de Aspe En su edición del pasado 25 de octubre (2034), la revista Proceso publicó un reportaje en el que destacó que la reelección de Édgar Elías Azar es un caso inédito en el Poder Judicial mexicano. Con el título: “La oscura eternización de Elías Azar”, documentó que el escándalo de la reelección se ventiló durante tres sesiones del pleno el 21, 24 y 29 de septiembre, donde 61 de los 79 magistrados presentes opinaron que el presidente del TSJDF sí estaba en condiciones de contender. Otro de los puntos mencionados en el texto fue el relacionado con la enajenación de cinco edificios del Tribunal en la calle Río de la Plata, colonia Cuauhtémoc, a unos metros del Paseo de la Reforma, a cambio de que Inmuebles Carso, del empresario Carlos Slim, construya una nueva Ciudad Judicial en la colonia Doctores. El asesor de este movimiento fue nada menos que el secretario de Hacienda salinista Pedro Aspe. El pasado lunes 28 de mayo, el exfuncionario llegó al pleno privado extraordinario del Tribunal con su equipo de trabajo. Luego de darles una “clase” de economía y finanzas mexicanas –con todo y láminas–, les recordó que en 2010 el Tribunal necesitaba construir un inmueble para albergar las nuevas salas penales y, con ello, cumplir las disposiciones de la reforma constitucional aprobadas en 2008. El costo estimado era de 665 millones de pesos. Según la versión estenográfica de la reunión, de la cual Apro tiene copia, Elías Azar lo llamó y le preguntó: “Pedro ¿cómo voy a financiar 665 millones? No hay ninguna posibilidad que me lo den en el presupuesto asignado”. La propuesta del salinista fue utilizar los recursos “a futuro” del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJUD): “Los financieros” dijeron “te doy el dinero, lo construyes y lo dejas en garantía para que se vaya pagando. No hay magia, simplemente lo que hicimos fue traer recursos del futuro a hoy y pagarlo con eso”. La operación se hizo el 27 de septiembre de 2010. Con el movimiento se adelantó la recepción de los rendimientos del Fondo durante 15 años, como una inversión de mil 100 millones de pesos en un fideicomiso en donde estaba “garantizado todo el capital” y 100% de capital de inversión al vencimiento. Compraron un “bono cero” con Banobras –banco con el que opera el GDF-- por 400 millones de pesos. Aspe dio todo ese contexto para justificar una nueva enajenación de cinco inmuebles: un edificio de 15 niveles de oficinas más planta baja, sótano y azotea, un estacionamiento con dos sótanos, una casona de 624 metros de dos niveles, donde está el Centro de Convivencia Familiar, la guardería, la casa habitación de dos niveles adaptada para el Centro de Desarrollo Infantil y el terreno/jardín de la guardería, de 436 metros. Identificado como “conjunto Río de la Plata”, explicó, serviría para obtener como contraprestación en especie la construcción de un edificio que albergue salas civiles y familiares y la escuela nacional de jueces en un predio propiedad del mismo Tribunal, ubicado en la avenida Niños Héroes número 150. “La idea es enajenar esos cinco para que a cambio, en un trueque, nos den el edifico y la infraestructura escritorios, etcétera y toda la parte de tecnología… El Tribunal transmitirá al comprador la propiedad de los inmuebles hasta que éste concluya la construcción del edificio y cumpla satisfactoriamente con las especificaciones señaladas”, dijo Pedro Aspe a los magistrados. Luego, detalló el proceso que se hizo para seleccionar a la empresa constructora. En el 2014 se hicieron dos “procedimientos de invitación restringida y uno de adjudicación directa, los cuales fueron declarados desiertos. En el primer proceso el TSJDF invitó a ocho empresas: Alen, Danos, Fibra 1, Garza Ponce (de Monterrey), Exa e Inmuebles Carso, Desarrollos, GDI y GIM. De inmediato, las dos últimas dijeron que no estaban interesadas. Al visitar los inmuebles, Alen, Exa y Danos se retiraron. En el acto de presentación y apertura de propuestas Fibra 1, Garza Ponce e Inmuebles Carso reiteraron su interés, pero no presentaron proyecto pidieron más tiempo para solventar dudas. Se lanzó un segundo procedimiento de invitación restringida a los tres. Fibra 1 llegó tarde a la presentación y se declaró desierto el procedimiento. Entonces procedieron a una adjudicación directa. Garza Ponce e Inmuebles Carso entregaron sus propuestas. El primero presentó un valor del “conjunto Río de la Plata” menor al avalúo y Carso dijo que el nuevo edificio valía más que los cinco, lo que resultaba oneroso para el TSJDF. De nuevo el proceso se declaró desierto. El tiempo apremiaba. El Tribunal sugirió reducir 30% de la superficie de construcción original, pues no aceptaron tomar una deuda por lo que faltaba de la propuesta de Carso. Se eliminó la sede de la Oficialía Mayor, la guardería y una sala de convivencia familiar. Con ese movimiento el valor de los cinco inmuebles sería equivalente al valor del edificio. Hacia el final de la larga exposición, los magistrados preguntaron a Aspe sobre los riesgos de la operación. Éste sencillamente les contestó: “De irse a la adjudicación directa sería Inmuebles Carso, yo no veo un problema financiero en lo más mínimo en ese grupo. La experiencia la tienen, hay que ver lo que han hecho y es una empresa seria, profesional… y prácticamente no tiene deuda”. Sólo les recomendó que en el contrato pongan penas por retraso y que el Tribunal tenga un grupo técnico que revise el cumplimiento de la obra. “Siempre hay un riesgo en la vida, pero digamos se baja muchísimo el riesgo”. Para convencer a los magistrados, Elías Azar puso de su cosecha: “No hay duda de que el flujo de dinero está más que garantizado… Es Grupo Carso, Grupo Slim”. Sobre el monto, Pedro Aspe dijo que será alrededor de 800 millones de pesos y que el costo financiero de la obra lo asumiría la empresa durante los dos años de construcción, aunque calculó 100 millones más de interés adicional. La ejecución del proyecto fue aprobado por el pleno con 68 votos a favor y 4 en contra. Quienes votaron por el no alegaron que esa decisión era del ámbito administrativo y, por ello, le corresponde al Consejo de la Judicatura, no al Pleno. Pero el peso de la mayoría dio luz verde a la intención de Elías Azar. Ficrea, responsabilidad cero Otra asunto polémico que enmarca la gestión de Elías Azar es el manejo de los 110 millones de pesos que invirtió en la Sociedad Popular Financiera Ficrea, con fondos que no son propiedad del Tribunal, y que se mantienen en un juicio legal a raíz de que Ficrea fue declarada en quiebra. En la sesión privada del 8 de enero, Elías Azar aseguró al pleno: “Estos fondos están auditados, están ratificados, revisados por un despacho de contadores, que es el que se cerciora de que la contabilidad esté perfectamente bien llevada”. Recordó que el 7 de enero el Consejo de la Judicatura abrió una investigación con la Contraloría del TSJDF para que investigue desde los consejeros hasta el asesor financiero y todos los que “intervenimos en el tema de Ficrea para dejar los nombres limpios”. Luego, preguntó: “¿qué responsabilidad acuso yo? La responsabilidad del Tribunal yo pienso que es de cero, pero eso que lo diga el contralor mejor y no nosotros”. Y se ufanó: “El presidente del Tribunal ha hecho algunas gestiones de las que hemos sido fuertemente apoyados por el jefe de gobierno --Miguel Ángel Mancera–, he tenido muchas reuniones y prácticamente estoy muy tranquilo de que este dinero será repuesto muy pronto al Tribunal Superior. Los detalles de esta negociación, para empezar no los podemos hacer públicos porque todavía no están sólidos, no están fraguados… Tengo mucha confianza en que saldremos bien librados de este tropezón, un tropezón muy lamentable, les digo porque la gente responsable del manejo de la institución financiera sabía de las irregularidades de la empresa desde febrero del año pasado”. Según su recuento, en marzo se empezaron a acusar “ya con más descaro” estas irregularidades al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “Estos truhanes, pillos, cuando se enteraron que ya estaban las luces amarillas con la Comisión Nacional Bancaria se dedicaron a hacer propaganda a favor de la empresa verdaderamente inusitada, es decir, fuera de cualquier parámetro en la que caímos todo mundo…”. Elías Azar añadió: “Yo siempre pelearé porque siempre se sigan buscando inversiones sólidas con inmuebles… A la juventud de magistrados les digo que van a tener asegurado su retiro por siempre, los magistrados en retiro deben estar satisfechos, sus seguros médicos están cubiertos, la salud del seguro médico es prácticamente a los 80 años. Los tenemos consentidos, dicho coloquialmente, lo más que se puede, los atendemos, tienen un espacio”. Más reclamos En la sesión del 21 de septiembre, algunos magistrados ventilaron su rechazo a la forma de alternancia en los cargos, pues criticaron que no se respetan los concursos de oposición para jueces; en cambio, los magistrados examinan a sus propios proyectistas y nombran a jueces penales sin juzgado. Otros dijeron que había jueces que “recibían” órdenes “de arriba” para resolver juicios en uno u otro sentido, violando así su autonomía de decisión. Hubo quienes denunciaron represalias por manifestar su rechazo a que Elías Azar contendiera de nuevo para permanecer en el cargo. Además del manejo poco transparente de los recursos del Tribunal, la administración de Elías Azar está marcada por números que ponen en duda su eficiencia: En el 2013, jueces del TSJDF echaron para atrás 3 mil 929 órdenes de aprehensión en materia penal y de delitos no graves, equivalente a 55% de las 7 mil 118 que solicitó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), según el Anuario Estadístico 2014 del organismo. Los jueces argumentaron la negativa, por ejemplo, que les faltaban argumentos y que cuidaban evitar violaciones al debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Elías Azar es conocido también por su manera de hacer favores y utilizarlos como chantaje: De los 79 integrantes del pleno del TSJDF, al menos 40 fueron nombrados o ratificados en su administración. Ellos representan 51% de los magistrados. A pesar de los escándalos, el magistrado fue reelecto por 80% de los integrantes del pleno del Tribunal.

Comentarios