El teniente Julián Castilla fue detenido en 2011 con base en una acusación realizada bajo tortura. Personal militar lo sometió a tratos inhumanos. De otras personas acusadas por el mismo presunto delito, los civiles ya están libres pero los militares no. Por temor a quedar expuestos, los mandos han alargado el juicio de Castilla y lo trasladaron recientemente a una prisión civil, con la amenaza de que otros reos lo atacarán ahí. MÉXICO, DF (Proceso).- Al teniente de caballería Julián Castilla Flores se le acusa de delitos contra la salud. Mientras estuvo en la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila, recibió premios y reconocimientos, pero desde hace cuatro años enfrenta un juicio basado en declaraciones de un testigo protegido, que ya se retractó, pero entonces señaló que el oficial de caballería brindaba protección a Los Zetas cuando ya ni siquiera estaba en la zona militar. El mencionado testigo protegido, igual que otros, ya denunciaron que fueron torturados para que firmaran declaraciones que incriminaron a varios servidores públicos, pero Castilla –quien ya comprobó la tortura– sigue preso, lo mismo que otros 14 militares, por el mismo asunto. Interno en la prisión del Campo Militar Número 1 desde 2011, el pasado 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en el estado de Veracruz. Sus abogados y familiares no se enteraron, pues los días siguientes el oficial fue incomunicado. Por ese motivo, el 19 de octubre la sección alemana de la organización Amnistía Internacional emitió una alerta por el caso, donde se expresaba preocupación por la seguridad de Castilla. En marzo de 2011, tres personas detenidas bajo el cargo de pertenecer a Los Zetas, convertidos en testigos protegidos, señalaron que numerosos servidores públicos de las áreas de seguridad en los tres órdenes de gobierno daban información y protegían a esa organización criminal, e incluso se encargaban de asesinatos y desapariciones ordenadas por los cabecillas. La entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que el operativo, derivado de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 –de la que este semanario tiene copia–, era “una acción sin precedentes” y que la dependencia a su cargo era la “primera en poner el ejemplo” en el combate a la corrupción. Morales aludía a que, además de mandos policiacos locales –entre ellos militares en retiro–, policías federales y soldados, la PGR detuvo a una de sus propias subdelegadas, agentes del Ministerio Público federal y de la Agencia Federal de Investigación (Proceso 1843). En un año se demostró que las condiciones de modo, tiempo y lugar que señalaron los testigos protegidos identificados como El Guacho, Sagitario, Serpico y El Pepillo, eran inconsistentes. También hubo errores en la identificación de los supuestos sobornados, como ocurrió con Humberto Torres Charles, hermano de Jesús, el exprocurador de Coahuila cuya fotografía se incorporó al expediente. La imagen fue difundida, boletinada y colocada en la lista de más buscados, con la oferta de una recompensa millonaria. En realidad era la imagen del dirigente del PAN de Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, y no la de Torres Charles. El fracaso de las pesquisas en la justicia civil no sirvió para el caso de los militares que aceptaron su participación en los ilícitos que se les imputaron. Más tarde, la aplicación del Protocolo de Estambul determinó que esos militares fueron torturados. Fracaso ejemplar De acuerdo al pliego de consignación elaborado por los oficiales del batallón, el 11 de marzo de 2011 dos pelotones del 33 Batallón de Infantería patrullaban en el sur-oriente de Saltillo, cuando detuvieron en la comunidad Los Silleres a un sujeto apodado El Picholo. Éste les dijo entre otras cosas que hacia el poniente Los Zetas tenían un terreno donde resguardaban tráileres con droga. Cuando se dirigieron allá, encontraron el predio en el bulevar Vito Alessio Robles, donde detuvieron a Pedro Toga Lara, El Guacho. El documento establece que éste último confesó espontáneamente: “Dijo que ya se le habían terminado las andanzas delictivas, a él y su hermano, el cual tenía poco tiempo de andar con él, pero que ya le había arruinado la vida, por lo que quería cooperar con las autoridades previo apoyo de parte de ellas”. Enseguida ofreció a sus captores una nómina de Los Zetas en la que venía el nombre del “teniente Castillo”. Con esa información inició una pesquisa en el 69 Batallón de Infantería. Hasta entonces las declaraciones no mencionaban al teniente Julián Castilla, pero la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) fue por él a Juárez, Chiapas, donde se encontraba al frente de una Base de Operaciones. A partir de datos aportados por Toga Lara se abrió la averiguación contra los militares, pero también con base en señalamientos de otros testigos protegidos se giraron órdenes de aprehensión contra funcionarios y mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, incluso de la PGR: es lo que presumió la procuradora Morales. En el expediente CP 279/2011, radicado en el Juzgado 1 Militar, adscrito al reclusorio del Campo Militar Número 1-A del Distrito Federal, en el que se conoce el caso del teniente Julián Castilla –y del que Proceso tiene copia–, se observan numerosas irregularidades. Por ejemplo, el pliego de consignación no fue elaborado por los militares que lo firmaron, pues declararon ante el juzgado que se redactó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) muchas horas después de los hechos. Otra falla grave es que la declaración de Pedro Toga Lara, exsargento de Transmisiones, incriminaba a un teniente de infantería Castillo, no al teniente de caballería Castilla, una diferencia que necesariamente conoce el testigo por su carrera militar y las funciones que desempeñó. Además, los peritajes grafoscópicos concluyeron que alguien distinto a Toga Lara escribió la declaración que se suponía de su puño y letra, lo que por otra parte se observa a simple vista en la documentación. Tampoco coinciden los tiempos cuando Toga Lara llegó a Saltillo con aquellos en que Julián Castilla permaneció en la Sexta Zona Militar. Las declaraciones de Toga Lara se robustecieron con la supuesta confesión de un integrante del 69 Batallón de Infantería, el sargento Sergio Treviño Ríos, hasta que, en una diligencia practicada en la causa de Castilla, declaró que no lo conocía y que había sido torturado y forzado a firmar declaraciones cuyo contenido desconocía. Los 14 detenidos de ese batallón incriminados por Toga Lara dijeron que no conocían a Castilla. Las acusaciones de tortura se reprodujeron en casi todos los casos, incluso en el del testigo principal, Toga Lara, cuyo desistimiento contribuyó al sobreseimiento de los casos de imputados civiles. La descripción de la tortura a la que fue sometido es brutal: golpes, toques eléctricos, introducción de objetos, la amenaza de violación y asesinato de su familia. También afirmó que era forzado a tocar armas e imprimir sus huellas digitales en al menos dos paquetes de hojas blancas. Retenido durante cinco meses, El Guacho denunció que en instalaciones de la SIEDO lo obligaban a hacer declaraciones. Añade: “Muchas ocasiones que yo me negaba a estudiar expedientes que se me ponían a la vista, los cuales yo no conocía en nada, los oficiales de la AFI, por órdenes de los fiscales, me bajaban al sótano y me golpeaban en repetidas ocasiones en el interior de los baños o en un cuarto oscuro”. También afirmó: “Me dejaban sin comer dos o tres días, teniendo yo que tomar agua del sanitario”. Según Toga Lara, cuando por fin lo alimentaban, lo llevaban a una oficina donde debía estudiar los expedientes de aquellos a quienes había incriminado. Después simulaban estar en un juzgado y personal de la SIEDO actuaba para aleccionarlo sobre cómo comportarse ante el juez. Amenaza cumplida Un mes después de la captura de Toga Lara, el teniente Castilla fue detenido. Las documentales del expediente son imprecisas sobre el día de marzo de 2011 en que esto sucedió: el oficio de consignación de la PJFM establece el 12 de marzo; en una promoción del juzgado, queda como fecha de detención el día 14; un informe de la 30 Zona Militar, afirma que el capitán responsable del operativo salió con el detenido a las 11:45 horas del 13 de marzo. La Zona Militar informó que no había registros de detención ni presencia de PJFM el 14 de marzo. En todo caso, el día 15 lo presentaron a la SIEDO. La aplicación del Protocolo de Estambul, el manual admitido por la comunidad internacional para investigación y documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, dictaminó que Julián Castilla fue torturado, con base en las pruebas practicadas y un dictamen médico elaborado durante su ingreso a la SIEDO. Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que practicaría el estudio al teniente Castilla los días 2 y 3 de marzo, cuando personal del órgano autónomo arribó a la prisión militar encontró trabas para trabajar: no le proporcionaron un lugar adecuado como se solicitó (el examen se aplicó en una jardinera) y no permitieron el ingreso de los equipos médicos necesarios para aplicar el Protocolo, por lo que éste sólo se basó en la descripción hecha por Castilla de la tortura, que coincidió con el dictamen médico del día de su ingreso a las instalaciones de la SIEDO. De acuerdo con la narración de Castilla, asentada en el juicio y en el dictamen del Protocolo de Estambul, tras su detención en Chiapas fue torturado física y psicológicamente en el trayecto a la Ciudad de México. Con las manos esposadas, a veces al frente y otras a la espalda, sus captores le provocaron dolor intenso mientras le exigían que confesara. Le envolvieron la cabeza con una toalla que mojaban para provocarle asfixia. Le aplicaron el tehuacanazo, consistente en introducirle agua mineral por la nariz, para luego envolverle la cabeza en la toalla mojada, hasta hacerlo perder el conocimiento y reanimarlo a cachetadas. Mediante descargas eléctricas con un objeto metálico (la chicharra) le causaron quemaduras, mientras lo amenazaban de muerte a él y a su familia, asegurando que era por órdenes del secretario de Defensa, que en ese tiempo era el general Guillermo Galván. El 15 de marzo de 2011, tras ser puesto a disposición de la SIEDO, fue encerrado en una casa de seguridad de la PGR, donde permaneció 80 días arraigado, y el 3 de junio siguiente ingresó a la prisión del Campo Militar Número1-A. El pasado 22 de octubre, la agencia noticiosa Apro dio a conocer que, de acuerdo a la acción urgente emitida por el capítulo alemán de Amnistía Internacional, en los últimos meses Castilla padeció actos de intimidación de personal militar, como la amenaza de traslado a una prisión civil donde estaría expuesto a los ataques de otros presos por su condición de militar. La amenaza se cumplió: el 16 de octubre Castilla Flores fue trasladado a una prisión civil en Veracruz sin avisar a sus representantes legales ni a su familia. En vista de los antecedentes de tortura, las irregularidades del expediente y el traslado a una prisión civil veracruzana, Amnistía Internacional alertó sobre posibles ataques o intimidación por parte de otros presos o de autoridades, y pidió al gobierno mexicano garantizar la integridad de Castilla, así como brindarle un juicio con todas las garantías y respeto al debido proceso.