PARÍS/LE BOURGET (proceso.com.mx).- Al cabo de una semana maratónica de negociaciones, las 195 naciones representadas en la Cumbre climática de Naciones Unidas (COP21) aprobaron el Acuerdo de París, un texto vinculante de 31 páginas para limitar por debajo de 2 grados centígrados el aumento de la temperatura mundial. Se acordó también movilizar 100 mil millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo y los países pobres a adaptarse al cambio climático mediante el uso de energías que no emiten gases de efecto invernadero. Sin embargo, la perspectiva de que el mundo prescinda progresivamente de las energías fósiles –principalmente el carbón y el petróleo– puso en alerta países y algunos sectores industriales, cuyas ganancias proceden principalmente de estas fuentes contaminantes. Y fue así como los grandes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Koweit, Irak y Venezuela, obtuvieron que se descartaran algunas de las opciones más ambiciosas que los países vulnerables y la sociedad civil habían puesto en la mesa de negociación al llegar a París. En la recta final de las negociaciones, un grupo de países árabes, liderado por Arabia Saudita, insistió en que era “inaceptable” comprometerse hacia un mundo donde el aumento de la temperatura global sería inferior a 2 grados centígrados, tal y como lo pedían las islas del Pacífico que ya sienten los efectos nefastos del aumento del calentamiento global. Para romper con el hermetismo en el que se desarrollaron las negociaciones – las sesiones no eran accesibles a los periodistas, un miembro de la delegación de Bélgica, Jean-Marc Nollet, diputado ecologista, narró en Twitter el desarrollo de una tensa noche de negociación que ocurrió a puerta cerrada, y puso en evidencia el papel de Arabia Saudita para limitar el alcance del acuerdo. “Arabia Saudí depende casi al 100% de la exportación del petróleo. No es que no sepan que habrá una necesidad de sustituir al petróleo por otras cosas, pero no acaban de acertar en su proceso para buscar una economía basada en algo diferente a los dividendos que les da el petróleo. Y se resisten”, analiza Teresa Ribera, ex secretaria de Estado de cambio climático de España en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy en día directora del Instituto del desarrollo sustentable y de las relaciones internacionales, IDDRI, con sede en París. Si bien en el texto final se mantuvo la mención de un objetivo a largo plazo de 1.5 grados centígrados, los países que viven del petróleo y de las minas de carbón, obtuvieron varias concesiones. En uno de los borradores publicados previamente a la adopción del acuerdo, la presidencia francesa de la COP21 proponía la “descarbonización” a largo plazo de la economía, lo que implicaba reducir de manera drástica el uso de energías fósiles como el petróleo, el carbón o el gas. Tras la publicación del acuerdo, la negociadora en jefe de la delegación venezolana dejó en claro que su país rechazaba la palabra “descarbonización”, y proponía sustituirla por el término menos ambicioso de “neutralidad climática”. Un matiz semántico que implica que el país suramericano pueda seguir extrayendo petróleo. “‘Descarbonización’ significa que no haya emisiones de CO2, mientras que ‘neutralidad climática’ significa que se podría activar sistemas de absorción del carbono, mediante la geoingeniería que permitan compensar lo que se emite”, detalla Teresa Ribera, ex ministra de medio ambiente de España, en entrevista con Proceso. Y agrega: “Venezuela se opone a la palabra descarbonización porque entiende que necesita poder utilizar su petróleo para poder financiar su desarrollo. Y considera que es neutro en términos climáticos porque todas las emisiones que podrían ser imputables a su petróleo podrían ser compensadas por los bosques venezolanos.” En la versión final del acuerdo, los países productores de petróleo lograron que desapareciera esta palabra, y que fuera reemplazada por el artículo 4 que habla de “equilibrio” entre emisiones de carbono y técnicas de absorción, pese a que las ONG ambientales consideran que las técnicas de captura del carbono aún no han probado su eficacia. La presión de los países petroleros consiguió también hacer desaparecer del texto cualquier medida para poner un impuesto mundial sobre el carbono. Ello, pese a que Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco mundial recomendaron instaurar un pago por cada tonelada de carbono, para incitar las empresas a recurrir a energías más limpias. “Solo dos países, Arabia Saudita y Venezuela se expresaron en contra de ponerle un precio al carbono”, dijo Matthieu Orphelin, director de la Fundación Nicolas Hulot, una ONG ambientalista francesa que siguió de cerca la cumbre climática de París. Considera “inadmisible” que dicho mecanismo no figure en el texto final. Los países petroleros no fueron los únicos en lograr rebajar las ambiciones ambientales de la comunidad internacional. Los grupos de interés de los sectores del transporte marítimo y aéreo obtuvieron también lo que querían: no figurar en la lista de los grandes contaminadores, pese a que ambos sectores podrían representar un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. En el primer borrador del Acuerdo de Paris, consultado por Proceso, los negociadores todavía contemplaban la posibilidad de obligar al transporte marítimo y aéreo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, la mención a estos sectores simplemente desapareció del texto del acuerdo, bajo la presión de Estados Unidos, China y Singapur, según Maxime Combes, de ATTAC, ONG francesa que aboga por la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras.