PARIS-LE BOURGET (apro).- La 21 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inició el pasado 30 de noviembre con un concierto de buenas intenciones. En sus discursos, aproximadamente 150 jefes de Estados –un número sin precedente para una cumbre internacional– insistieron en la situación de emergencia ambiental en la que se encuentra el mundo. Al inaugurar el evento, en el parque de exposiciones de París Le Bourget, el presidente francés François Hollande, anfitrión de la cumbre, agradeció los numerosos apoyos internacionales que recibió Francia tras los atentados yihadistas del 13 de noviembre en París, que causaron la muerte de 130 personas. Inmediatamente después Hollande declaró que el mundo acababa de vivir un año récord en términos de temperaturas, de concentración de CO2 –principal factor del calentamiento climático–, y que la tierra había experimentado un número sin precedente de sequías, inundaciones, huracanes y deshielo. “Tomemos conciencia de la gravedad de la amenaza que pesa sobre los equilibrios del mundo”, dijo el mandatario francés. Los líderes de los países que más contaminan el planeta por su actividad industrial, China y Estados Unidos, sorprendieron positivamente con el tono de sus intervenciones. El presidente Barack Obama, cuyo país siempre ha rechazado ratificar el protoclo de Kioto para limitar las emisiones de gases con efecto invernadero, hizo su mea culpa: “He venido aquí personalmente para decir que Estados Unidos no solo reconoce su papel en la creación de este problema, sino que asume su responsabilidad de hacer algo”. Por su parte, Xi Jinping, presidente de China, el país que más contamina la atmósfera, señaló que la Conferencia sobre el clima tenía que ser un “éxito”, y llamó a un “acuerdo global y vinculante”. Este objetivo jamás se ha alcanzado, ya que el Protocolo de Kioto (cuyos efectos concluyen en 2020) nunca ha sido aplicado por los grandes contaminadores. Y en 2009 la Cumbre de Copenhague dejó a cada país la libertad de fijar su meta nacional de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero (INDC) que han causado el aumento de las temperaturas desde finales del siglo XIX. El presidente francés definió los tres ejes que condicionarán el éxito de la cumbre de París. Primero pidió definir “una trayectoria creíble para contener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, o incluso 1.5 si es posible”. Además, el anfitrión de la COP21 llamó a confirmar la promesa de crear un fondo de mil millones de dólares anuales para ayudar a los países más vulnerables, y por último exhortó a que todos los sectores de las sociedades se involucren, tanto las empresas y los ciudadanos como las religiones. Un texto de 55 páginas con mil 400 propuestas entre paréntesis constituyen la plataforma de negociación de los 10 mil delegados presentes en París hasta el próximo 11 de diciembre. Pese a la aparente unanimidad de los jefes de Estado a favor del medio ambiente, los delegados de los 195 países –más la Unión Europea– tienen la ardua tarea de encontrar un acuerdo global y unánime para reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, la misma naturaleza jurídica del texto ya ha sido objeto de una polémica. Mientras la mayoría de los países del mundo abogan por un tratado vinculante, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, John Kerry descartó, a unos días de la apertura de la cumbre, la eventualidad de tal tratado. La administración demócrata quiere evitar a toda costa que el texto del acuerdo sea sometido al voto del Congreso de Estados Unidos, donde la mayoría republicana adelantó que bloquearía cualquier iniciativa en este sentido. No obstante las reticencias de los congresitas, la administración demócrata ha reiterado su buena voluntad en avanzar hacia unos compromisos. “Tendremos que encontrar un equilibrio en el acuerdo para que Estados Unidos pueda firmarlo sin tener que pasar por el Congreso”, adelanta Alix Mazourie, una de las responsables de la Red de Acción para el Clima (CAN, en inglés), agrupación internacional de 900 organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas. Algunos países fueron más allá en sus propuestas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso la creación de un tribunal internacional para juzgar los “crímenes ambientales” y así sancionar los “atentados contra la naturaleza”. Un planteamiento que la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, calificó de “interesante”, pero prematura. Sin embargo, el punto de negociación que ha causado más descontento entre el grupo de los países más vulnerables del cambio climático es el umbral de aumento de las temperaturas que los Estados se comprometen a limitar. “A escala global, la temperatura promedio aumentará entre 2 y 5 grados centígrados para 2100 comparado con los años 1850”, explicó a Apro la climatóloga Marie-Antoinette Mélières, miembro del Consejo Nacional para la Investigación Científica de Francia. “Los expertos del GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima) prevé que si no se hace nada, el nivel del mar podría aumentar entre 30 y 80 centímetros”, agrega la especialista. Para los países isleños amenazados por la subida del nivel del mar –consecuencia directa de la deglaciación–, la lucha contra el calentamiento global es una cuestión de vida o muerte. “Me dirijo a ustedes no solo como presidente, sino también como un padre, un abuelo, un guardián de mi cultura y como representante de una nación ubicada a tan solo unos metros por encima del nivel del mar y que podría ser sumergida por las olas”, aseveró Christopher Loeak, presidente de las islas Marshall, un archipiélago situado en medio del océano Pacífico. Sin embargo, el objetivo de mantener el alza de las temperaturas por debajo de 2 grados centígrados se impuso entre las principales potencias. “El umbral de 2 grados centígrados fue fijado por razones políticas, pero muchos países vulnerables pelean para un objetivo de 1.5 grados porque hay Estados-Naciones que podrían ser sumergidos”, confirma la activista ambiental Alix Mazounie. “El problema es que países como Arabia Saudita, y junto con ellos una serie de naciones petroleras, han bloqueado las negociaciones, porque si se cambia esta meta internacional el mundo tendría que reducir considerablemente el consumo de las energías fósiles (como el petróleo o el gas)”, detalla Mazounie en entrevista con Apro en la COP21. “Para nosotros el objetivo de esta conferencia es acompañar e incentivar una transición energética a nivel global para decir 'ya basta' a las energías fósiles”, agrega. Ante este panorama, y conscientes del peligro, las naciones industrializadas han llegado a la mesa de negociaciones con objetivos ambiciosos. Estados Unidos, hasta hace algunos años reticente en actuar a favor del clima, se ha comprometido a reducir en 26% sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2025 (comparado con 2005), mientras que los países de la Unión Europea, que representan el 11% de la contaminación atmosférica mundial, pactaron una reducción de 40%. China, por su parte, operó un giro de 180° en materia ambiental. El primer contaminador del mundo, responsable del cuarto de las emisiones de gases con efecto invernadero, se comprometió a reducir sus emisiones en 60% entre 2005 y 2030. “La contaminación atmosférica es la segunda preocupación de los chinos, después de la corrupción, según un estudio del Pew Research Center. El gobierno se ha dado cuenta que debe responder a esta inquietud”, contó a Apro Li Shuo, representante de la ONG ambientalista Greepeace China. México, por su parte, fijo una meta de reducción de los gases contaminantes de 22% para 2030, y propone un objetivo aún más alto (36%) si los países del primer mundo desbloquean un apoyo financiero. “El dinero será el nervio de la guerra”, afirma Alix Mazourie, de la Red Acción Clima en Francia. Durante la Conferencia climática, el presidente francés reconoció que los países industrializados tenían una “deuda ecológica” hacia los países pobres. Y fue por esta razón que las naciones más prósperas propusieron en 2009, en la conferencia de Copenhague, la creación de un fondo verde de 100 mil millones de dólares por año hacia 2020, para apoyar a los países más vulnerables e incentivar proyectos de reforestación, por ejemplo. Otro punto de negociación crucial es la transferencia tecnológica y el apoyo para la creación de mercados de energía renovables en los países donde actualmente son casi inexistentes, como en México. El objetivo es crucial para alcanzar las metas de producción nacional de energía limpia a través de paneles solares, de la hidroelectricidad, las turbinas eólicas, la reutilización de la biomasa o la geotermia. En su discurso ante los líderes del mundo, Enrique Peña Nieto recordó por ejemplo que México sacará de las energías renovables el 35% de su capacidad energética para 2024. “Si dejamos las patentes de estas tecnologías en manos de los sectores privados de los países desarrollados, no habrá transferencia tecnológica”, advierte Alex Mazounie. “La negociación es necesaria entre los Estados para definir también quién pagará para incentivar los mercados de las energías verdes en países donde estos sectores son aún incipientes”, apunta. Según la activista, las oportunidades de mercado en materia de energías limpias, explica que “China y Estados Unidos hayan vuelto al mismo momento a la mesa de negociaciones para conquistar estos sectores”. Uno de los dos otros puntos esenciales de la negociación es la creación de un mercado mundial del carbono para fijar un precio por cada tonelada de CO2 emitida. Los ambientalistas abogan por un precio elevado para disuadir a las empresas de recurrir a las energías fósiles. El otro punto también se centra sobre un mecanismo para corregir de manera periódica, cada cinco años, los objetivos de reducción de emisión de gases con efecto invernadero en función de los estudios ambientales, y para cumplir la meta de 2 grados centígrados.