Castillo viola la ley para 'cumplir” la ley

sábado, 5 de diciembre de 2015
El director de la Conade, Alfredo Castillo, excomisionado para la Seguridad en Michoacán, asegura que quiere limpiar el deporte nacional y que por eso ha desconocido a federaciones y dirigentes. El asunto es que lo ha hecho a capricho, sin establecer criterios ni seguir la ley. Así, sus acciones pueden revertirse por la vía jurídica y generar un estropicio de proporciones colosales. MÉXICO, DF (Proceso).- Esta semana, el Comité Olímpico Internacional (COI) se pronunciará en torno a la disputa que prevalece entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) e integrantes de distintas federaciones deportivas y el Comité Olímpico México (COM). La decisión del COI definirá el futuro de los atletas, quienes no saben si asistirán o no a los Juegos Olímpicos de Río 2016 o si lo harán sin representar al país. Este martes 8 en Lausana, Suiza, el Comité Ejecutivo del COI se reunirá para analizar los alegatos que, a través del presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, presentó un grupo de presidentes de federaciones mexicanas. El COI informó el jueves 3 que, en el seno de este organismo, fue recibida una carta conciliadora de parte del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño. El texto, según el director adjunto del COI para Relaciones con el Movimiento Olímpico, Pere Miró, abre una vía de solución. La disputa, afirma, “por el momento no es tan grave” como para poner en peligro la participación de México en Río. La misiva de Nuño es la respuesta del gobierno federal al documento que el propio COI le envió para pedirle que cese la injerencia gubernamental de la Conade en la vida interna de las federaciones deportivas mexicanas. De lo contrario, puntualizó, podría haber sanciones. Después de informar que el Comité Ejecutivo del COI recibió la carta de Nuño, Miró aclaró que el organismo olímpico no “defiende” ni “encubre” a las federaciones que no justifican debidamente los recursos públicos que reciben, en referencia a las declaraciones de Alfredo Castillo en el sentido de que la Carta Olímpica “es el mejor invento” para garantizar la impunidad y corrupción en el movimiento olímpico mexicano. El director de Conade incluso declaró ante diputados y senadores –el 4 de noviembre– que el COI es un organismo “como la FIFA”, en alusión al escándalo de corrupción que derivó en la detención de varios integrantes de su Comité Ejecutivo y en la destitución del presidente Joseph Blatter. “Nosotros nunca defenderemos a una federación que no cumple o que no justifica sus gastos. No se trata de encubrir a nadie. Si el gobierno ha dado a las federaciones un dinero, el ministerio (la Conade) está en su derecho de exigir que ese dinero sea justificado. Y si tiene dudas, también está en su derecho de cerrar el grifo de las ayudas y, si llega el caso, de ir a los juzgados.    “Pero lo que no se puede es confundir esto con el derecho a manejar las federaciones como si el gobierno fuera el propietario. El gobierno puede y debe pedir que se justifiquen los gastos, pero no cambiar el funcionamiento interno de una federación. Esto puede ser difícil de entender, pero la carta recibida hoy supone un punto de mejora, por cuanto el secretario de Educación, que está por encima de Conade, se muestra de acuerdo con nuestro punto de vista. Está muy contento de ver, por un lado, que nosotros creemos que el dinero hay que justificarlo y, por otro, que las federaciones deben tener autonomía en su funcionamiento”, declaró Pere Miró a la prensa europea. Desde el 15 de abril pasado, fecha en la que asumió el cargo como director de Conade, Castillo comenzó una guerra de declaraciones contra un grupo de presidentes de federación que, con base en denuncias y señalamientos de los propios deportistas, derivó en declaraciones oficiales –a través de boletines de prensa y en medios de comunicación- para amenazar con meter “a la cárcel” a algunos de ellos como escarmiento para que otros más se alinearan y así cesaran los abusos de poder y el mal manejo de los recursos públicos. Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2040, ya en circulación  

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