La CNDH, por una ley contra desapariciones forzadas

sábado, 14 de febrero de 2015
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido algunas recomendaciones similares a las que el viernes 13 realizó la ONU acerca de la desaparición de personas en México. Ahora, el objetivo de la CNDH es cabildear una ley general en la materia. Pese al optimismo del ómbudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, no parece una tarea fácil: las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores ya descalificaron el análisis de Naciones Unidas girado desde Ginebra. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pretende que al fin se apruebe una ley general contra desapariciones forzadas, pese a la frialdad con que el gobierno mexicano tomó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CDF-ONU), que lo dejan muy mal parado. Así, el ómbudsman se comprometió a reunirse con todos los partidos  políticos para concretar la norma. “Me voy a dirigir a las distintas fracciones al interior del Congreso de la Unión haciéndoles ver la importancia que tendría una ley general sobre desaparición forzada, porque contribuye a prevenir y fortalecer las investigaciones. Además se insertaría en el cumplimiento de lo que México se obligó a nivel internacional”, sostiene. Entrevistado horas después de que el CDF-ONU emitiera desde Ginebra las conclusiones de su análisis sobre el incumplimiento mexicano de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID), González Pérez afirma que coincide con las consideraciones del organismo, sobre todo las relacionadas con las dificultades existentes para documentar las desapariciones. En el informe que la CNDH envió al CDF-ONU desde antes de las sesiones del lunes 2 y martes 3 –en las que el gobierno mexicano dio su versión en torno al fenómeno–, el ómbudsman detalló el incremento de desapariciones en los últimos años, pero precisó que en aquellas donde se supone la intervención de agentes del Estado “no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, toda vez que no hay una clasificación adecuada y acorde con los estándares internacionales”. Confiado en que durante el próximo periodo de sesiones el Congreso atenderá una de las principales recomendaciones del CDF-ONU –la consolidación de una ley general al respecto–, González Pérez asevera que atenderá la sugerencia de participar en la elaboración de esa norma junto con organizaciones civiles y familiares de víctimas. “Hablaré con las distintas fuerzas políticas para hacerles ver la conveniencia de contar con la ley general lo antes posible. Ya la habíamos pedido y ahora el comité coincide con nosotros, o nosotros con él. Así, ya se ha sugerido por varias instancias que haya uniformidad en la tipificación”, resalta. Menciona también la necesidad de construir el reglamento para la operación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pendiente desde 2012. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)

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