La ONU, despreciada por el gobierno de Peña Nieto

Las recomendaciones de Naciones Unidas al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a desapariciones forzadas se basan en las obligaciones que asumió su país al haber ratificado en 2008 la convención internacional sobre el tema. La aseveración corresponde al relator de la ONU en la materia para el caso de México, Luciano Hazan, quien en el contexto de las descalificaciones y la pobreza argumentativa del gobierno y la cúpula militar peñanietistas a dichas recomendaciones aclara: “Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.” BRUSELAS (Proceso).- En vez de aceptar las recomendaciones que emitió el viernes 13 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por descalificar la actuación de esa instancia, pues, sostuvo, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”. Si bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente: “Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.” El martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones) conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota del diario El Universal. “México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y 3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al cumplimiento de la CID. En entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa instancia de Naciones Unidas. “Si el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”, explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está orientado a proteger a las víctimas”. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998)

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