El gobierno del presidente Peña Nieto quedó en evidencia ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. En el encuentro de Ginebra para evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo se dedicó a justificar la negativa del gobierno mexicano a reconocer la jurisdicción de esa instancia internacional para conocer de casos particulares, cuando fue uno de los Estados que más la promovió. Para algunos miembros del comité, quedó claro que el régimen priista no tiene un compromiso real con las víctimas de ese delito.  GINEBRA. (Proceso).- Las presiones de organismos y expertos de derechos humanos para que México reconozca la jurisdicción del Comité contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de que pueda recibir y examinar casos de víctimas individuales, generó un revelador intercambio de posiciones entre el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, y miembros de esa instancia de la ONU. Reconocer el ejercicio de esa competencia permitiría a quienes se consideren víctimas de una desaparición forzada acudir bajo ciertas condiciones al comité de Ginebra para solicitar la apertura de una investigación y, eventualmente, obtener una reparación incluso económica del daño, lo que en opinión de expertos es apremiante hacer en vista de la violencia que impera en el país. El referido encuentro tuvo lugar durante la sesión del comité los pasados lunes 2 y martes 3. Ahí se evaluó en qué medida México ha cumplido la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; instrumento ratificado por las autoridades mexicanas el 18 de marzo de 2008 pero con la excepción arriba señalada, la cual se encuentra establecida en el artículo 31. Gómez Robledo comentó que el gobierno de Peña Nieto “seguía evaluando la posibilidad” de aceptar esa jurisdicción, aunque se requería igualmente la aprobación del Senado. Justificó la postura mexicana en la consideración de que el comité de la ONU, si bien “forma parte de la construcción del régimen internacional de derechos humanos”, es “una institución reciente” a la que se han adherido “apenas” 44 Estados. El presidente del comité, el francés Emmanuel Decaux, respondió de manera lacónica: “Así fueran 45 ó 190 Estados miembros, eso no cambia nuestras obligaciones y tampoco las que recaen sobre México”. Avanzó la sesión y Gómez Robledo tocó de nuevo el tema. Dirigiéndose al francés, el funcionario –que encabezó la delegación nacional de 27 personas– sostuvo que el gobierno mexicano asumía que debía cumplir los compromisos contraídos al ratificar la convención. Enfatizó que México no desconocía el alcance de las obligaciones que aceptó, como tampoco de aquellas que derivan de facultar a la comisión para que reciba quejas de individuos y las investigue, por lo que, reiteró, el gobierno de Peña Nieto continuaría evaluando la competencia del comité. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)